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Estoy de acuerdo con quienes opinan que primero se soluciona el conflicto armado en Colombia y se derrota al narcotráfico, antes de que se obtenga logro alguno en la lucha contra la corrupción.
Lo anterior sucede, no porque no se tengan la voluntad para trabajar en esta labor, sino porque el sistema político con el que se gobierna y se administra nuestro país, está diseñado para funcionar en medio de un ambiente de corrupción. Por esto, cualquier tarea que se ejecute en este sentido, resulta inútil.
Es difícil creerle a determinado candidato o candidata que asegura que con su llegada al cargo, la corrupción no tendrá cabida en Colombia. Puede este tener la mejor voluntad y las ganas de acabar con este problema, no así los demás funcionarios públicos que hacen parte de las tres ramas del Estado, a los que resulta difícil de controlar. En primer lugar, por la independencia de poderes, que hace que las decisiones de despedir o inhabilitar a alguien, no esté en sus manos, y en segundo lugar, porque el número de estos es tan grande, que para los entes de control y las oficinas disciplinarias de cada entidad pública, meterlos en cintura se ha vuelto una tarea titánica de difícil cumplimiento.
Quizá esta sea la razón para que la Fiscalía y los entes de control, en lugar de trabajar a fondo en las investigaciones y mostrar resultados serios en esta materia, se inclinen por lanzar frases al aire, esperando que las personas que están señaladas de participar en determinado hecho, se acusen o se delaten entre ellos en las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación, para con eso, adelantar los procesos de investigación, sin que obviamente se llegue a los peces gordos, porque estos son intocables.
Si de verdad existiera la voluntad política para acabar con la corrupción en Colombia, sacando de todas las entidades públicas a la mafia con la que se cogobierna este país, desde hace mucho se hubiese trabajado en un rediseño institucional, que permitiera una verdadera independencia de los tres poderes del Estado y fortaleciera a los órganos de control y de investigación judicial, para que estos tengan la absoluta libertad para cumplir con su labor, libres de cualquier interés indebido, bien sea personal o de algún tercero.
Sin embargo, nuestros gobernantes y políticos se han decidido en enfrascarse en peleas de tipo personal, señalándose mutuamente de ser el uno más corrupto que el otro, cuando es sabido que en todos los gobiernos de Colombia, han existido escándalos de señalamientos por malos manejos al erario público, en cualquiera de las tres ramas del Estado.
Los hubo durante los ocho años de Álvaro Uribe, los hubo también en los gobiernos de Andrés Pastrana y Ernesto Samper, como también los ha habido en la administración de Juan Manuel Santos y las soluciones nadie las propone, sino que más bien, salen a lanzarse entre todos el barro del que están untados.
Mientras la decisión para combatir la corrupción en Colombia no pase por un rediseño institucional, cualquier propuesta o idea resulta inútil, y la típica promesa de querer luchar contra este problema en nuestro país, que los colombianos del común escuchamos cada cuatro años, va a seguir causándonos mucho más pereza de la que hasta que hasta el momento nos da. No porque no sea necesario abordar el problema y acabarlo de raíz, sino porque mientras se conviva en medio de un Estado hecho a la medida de intereses políticos mal sanos, será difícil creerla.
Cambiando de tema, es curioso que en momentos en que el vicepresidente Vargas Lleras comienza a demostrar sus desacuerdos con el que gobierno de Juan Manuel Santos, del que hace parte, este proponga acabar con la figura del vicepresidente como fórmula electoral en campaña de quien aspira a la presidencia. ¿Será una cuestión de malas experiencias?
@sevillanojarami
