No es posible que luego de que se creía superada en nuestro país la terrible época de las Convivir, que trajo una ola de sangre, cientos de desplazamientos y desapariciones, se contemple la posibilidad de armar una vez más a la población civil, con el argumento de una posible indefensión de algunos colombianos en determinados municipios y veredas.
Armar a la población civil con el argumento de que no existe el suficiente número de policías y soldados que puedan defender a los colombianos en departamentos como el Cesar, por ejemplo, es reconocer que Colombia es un Estado incapaz de garantizar la seguridad en todos los municipios y veredas de la nación. Sería bastante curioso que sea precisamente un Gobierno del Centro Democrático quien acepte limitaciones para mantener el orden público haciendo el uso de la institución.
Lo más sorprendente es que la idea de facilitar un arma para uso personal a quienes demuestren situación de riesgo para sus vidas por la acción de guerrillas o algún otro grupo ilegal viene de parte de algunos ganaderos, un sector que en su momento fue bastante cuestionado porque varios de sus integrantes apoyaron y financiaron el paramilitarismo, que utilizando la figura de las Convivir se camufló en la legalidad para actuar con libertad y causar miles de desgracias en los territorios que controló.
No se puede proponer este tipo de ideas en un país como Colombia, argumentando que la figura es una maravilla en otros países. Pueda que sea lo mejor de lo mejor en otro lugar del mundo, donde no piensan, ni actúan de la misma manera como sucede en nuestro país, es decir, bajo la ley del “ojo por ojo y el diente por diente”, y en donde el tener un arma, más allá de la posibilidad de poseer una herramienta para hacer uso de la legítima defensa personal, se convierte en la posibilidad de dominar al otro y someterlo a su voluntad.
Qué nos asegura que personas que hagan parte de grupos ilegales, como el Clan del Golfo, no aprovechen la creación de una figura que permita el uso de armas en la población civil para causar más desgracias en territorios como el Urabá, por ejemplo, en donde históricamente se ha vivido una situación de orden público bastante complicada.
¿Quienes defienden esta idea habrán pensando en que esto puede disparar en gran medida los asesinatos a líderes sociales, especialmente los que defienden la restitución de tierras y la reparación a víctimas del conflicto armado?
Una segunda ola paramilitar es lo que menos le conviene a nuestro país, por eso no es posible que estemos, una vez más, discutiendo este tipo de propuestas, que deberían ser descartadas del todo por el presidente Iván Duque, sin lugar a vacilaciones y sin dar espacio a debates que se supone se creían superados por las lecciones que nos dejó el pasado.
Algo debió aprender Colombia de la experiencia de las Convivir. No puede ser que estemos pensando en dar espacio para que se repitan hechos sangrientos que dejaron miles de víctimas en departamentos como Antioquia o Córdoba, donde esta figura fue utilizada por grupos paramilitares, apoyados por algunos ganaderos y narcotraficantes.
No es posible que no se aprenda del pasado.
