No sé si decir “pobre Tumaco” sea lo más adecuado en estos momentos, porque al parecer todo se muestra en su contra y la actitud de los gobiernos departamental y nacional hacia el municipio no ha sido la mejor.
A la alta cifra de contagio por COVID-19 en este territorio de la costa nariñense (1.204 al cierre de esta columna) hay que sumarle la actitud displicente desde la Gobernación de Nariño, el Gobierno Nacional y la Superintendencia de Salud. Lo demuestra la impugnación a la tutela que obligaba al Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Tumaco y el hospital de ese municipio a elaborar los planes necesarios para atender la urgencia de la pandemia del COVID-19 en el territorio.
¿Cómo es posible que las entidades públicas se pongan de acuerdo para frenar una acción que las obligaba a garantizar los planes de acción para atender de manera adecuada a una población que no tiene cómo prevenir una pandemia? ¿No dicen pues que en Colombia la salud es un derecho?
Es imposible pedirles a los habitantes de Tumaco que sigan las medidas de aislamiento preventivo al pie de la letra, porque muchos de estos viven en casas de dos piezas, en donde conviven tres y cuatro familias en condiciones de hacinamiento. Tampoco pueden seguir las normas de bioseguridad, porque no en todas las casas hay servicio de agua potable, lo que hace imposible acatar unas medidas estrictas de higiene.
Estas familias que viven en Tumaco en condiciones de hacinamiento en sus casas son las mismas que deben salir todos los días a buscar el diario vivir para darles de comer a sus hijos. Muchas de estas han esperado con ansiedad que al municipio se le dé la posibilidad de hacer de su puerto un centro de competitividad y prosperidad económica para la región. Sin embargo, deberán esperar unos cuantos meses más a que se resuelva este asunto porque, por la vía de una acción popular, el Tribunal Administrativo de Nariño decidió en primera instancia suspender los efectos de la Resolución N. 31323 de mayo de 2020, que ordenaba el abastecimiento de combustible desde Tumaco a 30 municipios del departamento.
La resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía otorgaba una esperanza para los habitantes de esta región, porque podrían contar con un empleo digno, pero, gracias a los intereses de unos cuantos, por el momento se encuentra truncada.
De esta manera vemos una especie de confabulación contra el municipio de Tumaco, pues no se permite ni empleo digno para sus habitantes, ni la posibilidad de que estos accedan a un servicio de salud adecuado para enfrentar la pandemia del COVID-19, muy a pesar de que a diario vemos al presidente de la República asegurar que en Colombia todo va bien, que todo es perfecto y que aquí no pasa nada.
¿Qué tiene por decir el Ministerio de Salud ante la alta cifra de contagio de COVID-19 que presenta el municipio? ¿Cuáles son los planes de emergencia para este territorio? ¿Ha dialogado el Ministerio con la alcaldesa de Tumaco? ¿Ha visitado la zona? Y, si no es así, ¿cuándo piensa visitarla? ¿Preguntará al superintendente de Salud los motivos que tuvo para acompañar la impugnación de una tutela que obligaba a una cosa elemental, como lo es la adecuada prestación del servicio de salud?
Por otro lado, ¿acompañará el Ministerio de Minas y Energías las acciones ante el Consejo de Estado que piensan instaurar desde el municipio de Tumaco para destrabar la posibilidad de que el puerto abastezca a 30 municipios de Nariño? ¿Lo hará también el Ministerio de Trabajo?
Por último, ¿cabe la posibilidad de que el presidente Iván Duque suelte el teleprónter y ponga la mirada en las regiones?
No sé si decir “pobre Tumaco” sea lo más adecuado en estos momentos, porque al parecer todo se muestra en su contra y la actitud de los gobiernos departamental y nacional hacia el municipio no ha sido la mejor.
A la alta cifra de contagio por COVID-19 en este territorio de la costa nariñense (1.204 al cierre de esta columna) hay que sumarle la actitud displicente desde la Gobernación de Nariño, el Gobierno Nacional y la Superintendencia de Salud. Lo demuestra la impugnación a la tutela que obligaba al Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Tumaco y el hospital de ese municipio a elaborar los planes necesarios para atender la urgencia de la pandemia del COVID-19 en el territorio.
¿Cómo es posible que las entidades públicas se pongan de acuerdo para frenar una acción que las obligaba a garantizar los planes de acción para atender de manera adecuada a una población que no tiene cómo prevenir una pandemia? ¿No dicen pues que en Colombia la salud es un derecho?
Es imposible pedirles a los habitantes de Tumaco que sigan las medidas de aislamiento preventivo al pie de la letra, porque muchos de estos viven en casas de dos piezas, en donde conviven tres y cuatro familias en condiciones de hacinamiento. Tampoco pueden seguir las normas de bioseguridad, porque no en todas las casas hay servicio de agua potable, lo que hace imposible acatar unas medidas estrictas de higiene.
Estas familias que viven en Tumaco en condiciones de hacinamiento en sus casas son las mismas que deben salir todos los días a buscar el diario vivir para darles de comer a sus hijos. Muchas de estas han esperado con ansiedad que al municipio se le dé la posibilidad de hacer de su puerto un centro de competitividad y prosperidad económica para la región. Sin embargo, deberán esperar unos cuantos meses más a que se resuelva este asunto porque, por la vía de una acción popular, el Tribunal Administrativo de Nariño decidió en primera instancia suspender los efectos de la Resolución N. 31323 de mayo de 2020, que ordenaba el abastecimiento de combustible desde Tumaco a 30 municipios del departamento.
La resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía otorgaba una esperanza para los habitantes de esta región, porque podrían contar con un empleo digno, pero, gracias a los intereses de unos cuantos, por el momento se encuentra truncada.
De esta manera vemos una especie de confabulación contra el municipio de Tumaco, pues no se permite ni empleo digno para sus habitantes, ni la posibilidad de que estos accedan a un servicio de salud adecuado para enfrentar la pandemia del COVID-19, muy a pesar de que a diario vemos al presidente de la República asegurar que en Colombia todo va bien, que todo es perfecto y que aquí no pasa nada.
¿Qué tiene por decir el Ministerio de Salud ante la alta cifra de contagio de COVID-19 que presenta el municipio? ¿Cuáles son los planes de emergencia para este territorio? ¿Ha dialogado el Ministerio con la alcaldesa de Tumaco? ¿Ha visitado la zona? Y, si no es así, ¿cuándo piensa visitarla? ¿Preguntará al superintendente de Salud los motivos que tuvo para acompañar la impugnación de una tutela que obligaba a una cosa elemental, como lo es la adecuada prestación del servicio de salud?
Por otro lado, ¿acompañará el Ministerio de Minas y Energías las acciones ante el Consejo de Estado que piensan instaurar desde el municipio de Tumaco para destrabar la posibilidad de que el puerto abastezca a 30 municipios de Nariño? ¿Lo hará también el Ministerio de Trabajo?
Por último, ¿cabe la posibilidad de que el presidente Iván Duque suelte el teleprónter y ponga la mirada en las regiones?