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Todas las semanas escuchamos noticias que dan cuenta de violaciones a menores de edad en nuestro país, pero ¿qué hemos hecho para que esto no siga ocurriendo?
Si en Colombia existiera voluntad para aprobar la cadena perpetua para violadores de niños, estoy seguro de que este escenario hoy sería realidad, pero aquí lo único que ha quedado claro es que los congresistas, que son quienes deben darle aprobación a esta iniciativa, utilizan este tema para figurar en cámaras y micrófonos, mostrándose como si estuviesen preocupados por el bienestar y la integridad de nuestros menores, cuando en realidad su interés no es sino cuestión de votos.
También los colombianos del común tenemos bastante culpa, porque no es posible que para nosotros sea más importarte trasnocharse pensando en cuánto gana un congresista, que la suerte de millones de menores de edad, que hoy se encuentran en peligro, porque al interior de sus hogares o a su alrededor puede existir un adulto acechándoles para en el primer descuido robarles su dignidad e inocencia.
Si le diéramos la importancia a este delicado asunto, las firmas necesarias que se debían conseguir para obligar al Congreso a discutir y aprobar un proyecto de ley respecto al tema, tras el lamentable crimen de Yuliana Samboní, hubiesen sido realidad. Sin embargo, no fue así, de 1’700.000 que se debían recolectar, se logró conseguir 1’400.000 y, como era de esperarse, con el argumento de que una vez más faltó el cuarto pa’ la libra, el Legislativo cerró el tema y solo hasta la campaña política se les escucho mencionar esta idea a quienes buscaban la reelección en su curul, que como era de esperarse la olvidaron luego de ser reelegidos.
No es posible que se deba recoger una cantidad de firmas para obligar al Legislativo a discutir un asunto delicado como este. Esto solo sucede en Colombia.
¿Ha sido el Congreso de la República consecuente con esta preocupación de miles de colombianos? La respuesta es no, porque desde el año 2006 se vienen tramitando iniciativas al respecto. Recordemos que la primera persona en hacerlo fue la fallecida senadora Gilma Jiménez, pero se hundió en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con 14 votos a favor y 10 en contra. ¿Dónde están los parlamentarios que permitieron que este proyecto se cayera?; ¿se les exigió alguna responsabilidad política?
Más adelante se buscó la recolección de más de dos millones de firmas para que se convocara un referendo; sin embargo, un concepto de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral dejó claro que por tratarse de un referendo constitucional, el paso por el Legislativo era obligatorio. Es de imaginarse qué sucedió en adelante. Para el Congreso de la República este tema no tiene importancia. Así lo ha demostrado una y otra vez.
Puedo decir con total seguridad que si miles de violadores están al acecho de los niños, la gran responsabilidad es del Congreso de la República, que poco le ha interesado legislar en esta materia y solo ha demostrado que al interior de la Cámara y el Senado de la República hay curules ocupadas por un centenar de hipócritas que ante los micrófonos de los noticieros se muestran preocupados por este asunto, pero que a la hora de votar demuestran que no están del lado de los niños del país, sino del de los violadores.
Espero que algún día el Congreso de la República se acuerde de la obligación moral que tiene con los menores en Colombia, y sin asumir actitudes populistas se dé a la tarea de darle discusión y posterior aprobación a la prisión perpetua para violadores, para que este crimen desaparezca del todo de nuestra nación y no se repita más.
Durante la campaña presidencial se le escuchó decir a Iván Duque que presentaría una iniciativa en este sentido. Espero que tampoco haya sido una cuestión de votos.
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