¿Y dónde está la autoridad?

Se ha tardado mucho el Gobierno nacional en demostrar que no le va a temblar la mano para imponer orden donde hay desorden. En este caso, hablo de las fincas que han sido invadidas por diferentes comunidades.

Este es un asunto que empieza a salirse de control. En los últimos días se supo de la falsificación de la firma de la ministra de Agricultura, Cecilia López, para de esta manera actuar con libertad e invadir cuantas fincas se les antoje; prueba de que el asunto comienza a tomar vuelo de ilegalidad.

A esto se le suma la mostrada de dientes por parte de algunos ganaderos que protagonizaron una manifestación en camionetas de alta gama y, según dicen algunos testigos del hecho, en su interior habría gente armada. Un asunto que, de ser cierto, sería bastante delicado porque sería una clara advertencia de lo que se podría desatar en el caso de que se sigan invadiendo fincas, especialmente en los departamentos donde hay presencia del Clan del Golfo.

A juzgar por los hechos, parecería que la fuerza pública está maniatada; es como si se le hubiese ordenado quedarse quieta y dejar hacer, dejar pasar. Por los tiempos cumplidos, podría actuar y hacer cumplir la ley, pero no lo ha hecho, y uno se pregunta ¿por qué?

En entrevista para Confidencial Colombia, la senadora Aída Quilcué respondió a una de mis preguntas: “el término invasión no existe para los indígenas”, cosa que me dejó perplejo porque esto es desconocer la ley que reconoce la propiedad privada y que constituye como un delito su ocupación ilegal.

Si el Gobierno nacional no actúa con prontitud, esto podría derivar en una masacre igual o peor a las que cometieron las autodefensas en su momento, y tengamos claro una cosa: Colombia no ha superado del todo al paramilitarismo.

Está muy bien que se dialogue, está muy bien que se persuada, pero lo que no está bien es que estas conversaciones se extiendan en el tiempo y, por la no aplicación de la autoridad, esto termine en un mayor número de invasiones a fincas y haciendas en veredas y municipios, y desate una nueva violencia.

A estas alturas, la fuerza pública ya debería haber actuado y expulsado a los invasores de estos terrenos y la Fiscalía ya debería tener bajo el paraguas de la justicia a quienes las están promoviendo, porque es claro que esto no se hace de manera espontánea sino premeditada y organizada.

Es cierto que Colombia tiene una deuda con las comunidades campesinas, indígenas y afros que fueron despojadas de sus tierras como consecuencia del conflicto armado, pero no es así como lo vamos a solucionar, y tampoco es con esa aparente permisividad como se hará entender a los invasores que su actuar está por fuera de toda proporción.