De nada le sirve a Tumaco tener una producción de palma de cera con casi 20.000 hectáreas cultivadas y una actividad pesquera de la que dependen aproximadamente 5.000 familias, si en su territorio no se aprovecha en mayor medida la condición de ser puerto petrolero.
Todos sabemos la situación de pobreza en la que viven la mayoría de los habitantes de Tumaco y las poblaciones cercanas. Es un municipio donde aproximadamente el 48,7 % de la población urbana y el 48, 6 % de la población rural tienen sus necesidades básicas insatisfechas, la cobertura de salud y educación es mínima, el descuido y el abandono son evidentes.
Es por esto que, además de las actuaciones estatales que se requieren para configurar una verdadera y constante presencia institucional en el territorio, se necesita incentivar en mayor medida la inversión de la empresa privada, para que esta sirva como fuente de empleos dignos a sus habitantes. No puedo negar que se ha intentado, pero tampoco puedo desconocer que ha hecho falta voluntad de parte del Gobierno nacional para agilizar las acciones, que le permitan al municipio aumentar su productividad económica.
Por lo anterior, resulta urgente que la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, ya que no ha querido dar cumplimiento a la orden del Consejo de Estado que levantó la medida cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo de Nariño, con la que suspendía el plan de abastecimiento desde Tumaco hacia los demás municipios del departamento, contemplado en la resolución 311031 de 2017, agilice entonces el trámite de la firma de la nueva resolución, para que esta actividad se haga en 29 de los 64 municipios de Nariño, como lo contempla el borrador de la misma.
El sentido común le indicaría a cualquier ser humano realizar este suministro a los municipios de Nariño desde el lugar más cercano posible, sobre todo si se tiene en cuenta las malas condiciones de las carreteras que conducen a sus diferentes territorios. Sin embargo, como esto es Colombia, el país donde los absurdos son el pan de cada día, hoy se hace desde otro departamento, lo que aumenta los costos de operación, hecho que parece no importarle a la ministra Suárez, a pesar de que hace parte de un Gobierno que dice “jalarle a la policía de austeridad”.
Mientras más se demore en tomar esa decisión, ministra, más motivos les dará a las comunidades étnicas del departamento para considerar que se les están vulnerando sus posibilidades de contar con mayores fuentes de empleo digno. Recuerde que el Colectivo Justicia Racial (Justiciar) pidió a la Procuraduría General de la Nación abrir investigación disciplinaria, tanto a usted como al presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, José Armando Zamora, por posibles vulneración de los derechos individuales y colectivos de la población negra y afrocolombiana de la costa Pacífica nariñense, al demorar la firma de la nueva resolución, en primer lugar, y en segundo lugar, al no permitir que se cumpla lo ordenado por el Consejo de Estado.
Entiendo, ministra, que usted busca una solución que permita dejar contentos a todos, entre ellos los que hoy pelean porque no se les saque del juego, pero también tenga en cuenta una cosa y es que no se puede pretender quedar bien con Dios y con el diablo, mucho menos cuando miles de familias están a la espera de contar con una fuente de empleo digno, que les permita superar las condiciones de pobreza en que hoy viven.
De nada le sirve a Tumaco tener una producción de palma de cera con casi 20.000 hectáreas cultivadas y una actividad pesquera de la que dependen aproximadamente 5.000 familias, si en su territorio no se aprovecha en mayor medida la condición de ser puerto petrolero.
Todos sabemos la situación de pobreza en la que viven la mayoría de los habitantes de Tumaco y las poblaciones cercanas. Es un municipio donde aproximadamente el 48,7 % de la población urbana y el 48, 6 % de la población rural tienen sus necesidades básicas insatisfechas, la cobertura de salud y educación es mínima, el descuido y el abandono son evidentes.
Es por esto que, además de las actuaciones estatales que se requieren para configurar una verdadera y constante presencia institucional en el territorio, se necesita incentivar en mayor medida la inversión de la empresa privada, para que esta sirva como fuente de empleos dignos a sus habitantes. No puedo negar que se ha intentado, pero tampoco puedo desconocer que ha hecho falta voluntad de parte del Gobierno nacional para agilizar las acciones, que le permitan al municipio aumentar su productividad económica.
Por lo anterior, resulta urgente que la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, ya que no ha querido dar cumplimiento a la orden del Consejo de Estado que levantó la medida cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo de Nariño, con la que suspendía el plan de abastecimiento desde Tumaco hacia los demás municipios del departamento, contemplado en la resolución 311031 de 2017, agilice entonces el trámite de la firma de la nueva resolución, para que esta actividad se haga en 29 de los 64 municipios de Nariño, como lo contempla el borrador de la misma.
El sentido común le indicaría a cualquier ser humano realizar este suministro a los municipios de Nariño desde el lugar más cercano posible, sobre todo si se tiene en cuenta las malas condiciones de las carreteras que conducen a sus diferentes territorios. Sin embargo, como esto es Colombia, el país donde los absurdos son el pan de cada día, hoy se hace desde otro departamento, lo que aumenta los costos de operación, hecho que parece no importarle a la ministra Suárez, a pesar de que hace parte de un Gobierno que dice “jalarle a la policía de austeridad”.
Mientras más se demore en tomar esa decisión, ministra, más motivos les dará a las comunidades étnicas del departamento para considerar que se les están vulnerando sus posibilidades de contar con mayores fuentes de empleo digno. Recuerde que el Colectivo Justicia Racial (Justiciar) pidió a la Procuraduría General de la Nación abrir investigación disciplinaria, tanto a usted como al presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, José Armando Zamora, por posibles vulneración de los derechos individuales y colectivos de la población negra y afrocolombiana de la costa Pacífica nariñense, al demorar la firma de la nueva resolución, en primer lugar, y en segundo lugar, al no permitir que se cumpla lo ordenado por el Consejo de Estado.
Entiendo, ministra, que usted busca una solución que permita dejar contentos a todos, entre ellos los que hoy pelean porque no se les saque del juego, pero también tenga en cuenta una cosa y es que no se puede pretender quedar bien con Dios y con el diablo, mucho menos cuando miles de familias están a la espera de contar con una fuente de empleo digno, que les permita superar las condiciones de pobreza en que hoy viven.