Estamos ante una de las encrucijadas en materia fiscal más importantes de los últimos 30 años, lo que se está traduciendo en no pocas discusiones entre los distintos agentes económicos.
El proyecto de reforma tributaria recoge como uno de los principales logros la eventual reducción de algo más de dos puntos en el índice Gini, índice que permite medir la desigualdad de los ingresos dentro de un país, llevándolo al 0,49 y logrando una moderación del indicador de tan solo una tercera parte de lo que logran en promedio las economías de la OCDE. Por algo se empieza.
El crecimiento económico no parece estar inspirando la susodicha reforma fiscal por los moderados impactos que el mismo proyecto reconoce en esta materia.
En suma para la resta, parecería que el objetivo último es obtener recursos adicionales para atender los distintos subsidios comprometidos en la campaña electoral.
La consecuencia final es que se puede estar desperdiciando una oportunidad única de acometer cambios realmente estructurales y ambiciosos que permitan crear mejores condiciones para lograr un crecimiento armónico del país.
Deberíamos crear un consenso previo que permita aunar al país en lo fundamental para, a continuación, definir las iniciativas tanto en materia de recaudo como de empleo de esos recursos.
Seguramente todos estaríamos de acuerdo en que la lucha contra la evasión, que algunos analistas valoran en torno a cinco puntos del PIB, debería ser una prioridad central y no tener una presencia tan exigua en la discusión y en el propio proyecto. No se trata sólo de exponerlo, falta desarrollarlo con precisión y apostar decididamente por una autoridad dotada con los recursos materiales y humanos para ir en esa dirección con acierto y eficacia. Los efectos no sólo los veríamos en términos de recaudo —son al menos tres reformas fiscales de este tipo— sino que, además, se contribuiría de manera consistente hacia la formalización de una parte de la economía que no está viendo valor en ella. Reducir la evasión sería un gran impulso al crecimiento de manera estructural y mejoraría también el balance de la distribución de ingresos.
Ser un país atractivo para la inversión también debería traducirse en consenso y eso nos debería a llevar a concluir que se tiene que lograr competitividad global en la fiscalidad de la inversión y las empresas.
La necesidad de mejorar el bienestar general de la población y de dotar al país de mejores infraestructuras para aumentar la competitividad industrial obliga a dirigir recursos por parte del Estado a esos fines, y esto se alcanza con más recursos mejor gestionados que hasta la fecha. Lograr esto requiere dotar al sistema fiscal de la progresividad óptima y de, ineludiblemente, hacer que la mayor parte de los ciudadanos participen en este proceso. Sería una lástima desaprovechar el caudal político de este nuevo Gobierno sin lograr la participación de todos en esta transformación. Bueno sería también mejorar el proyecto atendiendo las últimas recomendaciones de la OCDE.
Los cambios no tienen por qué ser necesariamente buenos porque el pasado haya sido malo: la situación puede empeorar si las cosas no se hacen bien.
Por Óscar Cabrera
