Duque ha sido incapaz de lograr acuerdos con quienes de manera pacífica se movilizan para buscar un mejor futuro y es más incapaz aún de hacer cesar las actuaciones de quienes se movilizan para generar caos, violencia, bloqueos indefinidos, desabastecimiento, desempleo y pobreza.
Al presidente se le ve como loquito, desorientado, sin rumbo, como cometa sin palo. Tal es el grado de desespero que necesita “autoentrevistarse” —sin importarle el ridículo— para mostrarse como un feroz y firme gobernante. Dejar a la deriva las relaciones exteriores, entregándoselas a Marta Lucía Ramírez, quien se estrenó echándole la culpa al Acuerdo de Paz y dándoles portazos en la cara a la CIDH y la OEA, es algo inexplicable. A quién si no a un irracional se le ocurre cerrarles la posibilidad de investigar lo que aquí ocurre a los organismos internacionales, cuando ellos mismos —Duque y sus amigos— pidieron su ingreso a otros países para temas semejantes.
Al margen de la incompetencia de este Gobierno, lo cierto es que los bloqueos deben cesar. Colombia no puede estar a merced de unos pocos que, amparados en la protesta legítima y pacífica de millones de colombianos, tienen en jaque a la economía, al empleo y al suministro de bienes y servicios, lo cual afecta directamente a todos los ciudadanos, en especial a los más necesitados, cuyas causas debemos asumir como propias si queremos construir un país más justo.
Se estima que, además de las vidas, las pérdidas como consecuencia del paro nacional superan ya los $10 billones, lo que golpea y nos afecta a todos, pero con mayor sevicia, paradójicamente, a quienes menos tienen y requieren no solo del empleo que genera el sector privado sino del recaudo que percibe en impuestos el Estado y se usa de fuente para los programas sociales.
Nadie puede darse el lujo de perder puestos de trabajo en esta crisis económica exacerbada por la pandemia. Bastante ya han sufrido las pequeñas, medianas y grandes empresas con los confinamientos decretados por las autoridades, como para que su actividad económica se vea totalmente paralizada por cuenta de los cierres de las principales vías. Esto es insostenible.
Perdimos el grado de inversión de Standard & Poor’s. Eso no significa el fin del mundo para Colombia, ni mucho menos que la buena o mala calificación resuelva todos nuestros problemas, pero la situación de orden público no debería afectar los índices económicos, que en el mediano y largo plazo sí pueden tener impactos negativos en las finanzas públicas que nos hagan retroceder lo ganado, con tanto esfuerzo, en los últimos lustros.
Todos los sectores políticos y sociales deben, al paso que apoyan la protesta justa y pacífica, denunciar y oponerse a cualquier bloqueo. La habilitación de los llamados corredores humanitarios es un avance, pero al mismo tiempo una incongruencia. Bloquear indefinidamente las vías no puede estar sujeto a la discrecionalidad de unos pocos. No bloquearlas es un deber ciudadano y, por ende, se debe permitir la libre movilidad de todos. No se puede soportar que los manifestantes tengan el derecho de jugar con la vida y la salud de la gente, ni con la economía nacional.
La crisis solo beneficia a esos políticos que, a través del discurso del miedo y el odio, logran mantener sus parcelas políticas y su narrativa de cara a las próximas elecciones. A eso juegan y siempre han jugado Uribe y Petro, oportunistas lectores y provocadores de las coyunturas, cuando saben que tienen más posibilidades de conseguir resultados electores favorables. ¡Qué miserables!
La protesta pacífica no puede ser censurada por un demócrata. Pero también es cierto que la protesta violenta no puede poner en jaque al país. Son lamentables los excesos de la Fuerza Pública en las marchas pacíficas y también los bloqueos a las vías por quienes ejercen vandalismo y violencia.
Es necesario que todos los sectores condenen los abusos y excesos —vengan de donde vengan— y que Duque se deje ayudar. Esta grave situación consume al país y deja muy mal parados al Gobierno, al Estado y a nuestra sociedad. ¡Basta ya!
