Darle duro a la mafia en donde más le duele: el bolsillo. Esta idea, ha sido, en gran medida, parte importantísima de la estrategia para combatir a los mafiosos.
Es innegable que uno de los móviles fundamentales de la mayoría de los delitos es el dinero; el maldito dinero. Narcotraficantes, lavadores de activos y otros bandidos se mueven hacia el mal camino del delito obnubilados por el billete, pues en este mundo pobre, enfermo y distorsionado algunos creen que tener plata, además de permitir el acceso a más bienes y comodidades, da estatus, respetabilidad y poder. Y la verdad, aunque es una desgracia que ello sea así, en la práctica es así; tristemente es así. Son miles los casos en lo que un bandido logra adquirir “posición social”, “respetabilidad” y hasta “admiración”, pues como diría Enrique Santos Discépolo en el tango Cambalache, “los inmorales nos han igualado”.
Darle en el bolsillo que es donde más les duele a los mafiosos ha sido una pelea estatal importante, llena de exitosos casos. La verdad es que, en Colombia, como en pocos países del mundo, a los delincuentes y sobre todo a los mafiosos y sus estructuras criminales, el Estado les ha extinguido el dominio a miles y miles de lujosos e importantes bienes -algunos hasta emblemáticos- lo cual ha contado con el sacrificio en trabajo, e incluso en vidas, de muchos colombianos.
No puede decirse que se trata de una pelea totalmente perdida, sino parcialmente ganada. Hay que mirar el vaso medio lleno. De lo contrario, las autoridades que en muchas ocasiones lo hacen bien se sentirán desmotivadas. Hay que seguir haciéndolo bien y hay que quitarles a los mafiosos hasta el último centavo.
No obstante, es también innegable que operativamente la disposición y venta de los bienes incautados o extinguidos a la mafia, y sobre todo su administración o depósito, ha sido, de vieja data, el verdadero dolor de cabeza para el Estado colombiano y, por qué no decirlo, se ha convertido en un bochornoso espectáculo en el que los encargados de custodiar esos bienes han jugado el mismo rol que los delincuentes que los mal adquirieron. Es decir, altos funcionarios del Estado y depositarios particulares han jugado a ser bandidos, pues detrás hay jugosas sumas de dinero; simple. Todo un cambalache de roles, pues al parecer, ya “es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley”.
La otrora Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), encargada de estos asuntos, tuvo tantos directores bandidos que no hubo más remedio que liquidarla. Emblemáticos, por bandidos, fueron, por ejemplo, los exdirectores Ómar Figueroa y Carlos Albornoz Guerrero, ambos en el gobierno de Uribe, por solo hablar de estos dos condenados penalmente no por su recorrido en la DNE sino por recorrer el Código Penal, impúdica misión en la que los acompañaron varios políticos, fundamentalmente, del Partido Conservador. Nada raro: mafia y políticos juntos, pues, “vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados”.
Fue de tal tamaño el nido de corrupción que mezcló otra vez a la mafia y a la política que, iniciado el gobierno Santos, no hubo más remedio que liquidar esa ratonera llamada DNE, exitosa misión de liquidación que estuvo a cargo de un hombre probo como Juan Carlos Restrepo Piedrahita, quien se jugó la vida denunciado a políticos godos vinculados al manejo irregular de los bienes de la mafia en las épocas de Figueroa y Albornoz.
Ahora, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), hoy encargada de la administración de esos vienes extintos o en proceso, está involucrada en similares hechos a los ocurridos en la otrora DNE, y ese episodio está como para alquilar balcón, pues se habla de tres mil bienes “perdidos”. Nuevamente, la corrupción nos muestra que no tiene límites y, mucho menos, caminos recorridos en un país en el que “cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón”.
Es ahí en donde está el Cambalache en la SAE.
