Con grado de certeza: ¡qué joyitas!

A la larga lista de políticos condenados en las últimas décadas por diferentes autoridades judiciales, en especial, por la Corte Suprema de Justicia, por sus vínculos con los grupos paramilitares, se suma otro peso pesado del furibundo uribismo.

Se trata de Luis Alfredo Ramos Botero, un poderoso político paisa elegido senador (2002 - 2006) y gobernador de Antioquia (2008 - 2011) por cuenta de su total connivencia con los grupos paramilitares, quienes le aportaron apoyo económico y electoral a cambio de trabajar para ellos. O sea, a cambio de protegerlos, promocionarlos y ayudarlos en lo que resultase de interés para los jefes paramilitares y sus sanguinarias organizaciones criminales.

La Corte Suprema de Justicia condenó a Ramos a casi ocho años de prisión -95 meses- como “autor responsable”, nada más ni nada menos, que del “delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales”, como lo indica la sentencia condenatoria de la semana pasada. También se resuelve allí condenarlo a una inhabilidad vitalicia -de esas que llaman “de por vida”- para ocupar cargos públicos, lo cual es ya de por sí un alivio para la sociedad. También impone la Corte Suprema a Ramos una millonaria multa de 7.500 millones de pesos a favor del Estado colombiano, que ojalá cobre y el condenado pague, aunque lo dudo, pues seguramente este bandido ya habrá encontrado la forma de sustraer los bienes de su patrimonio directo.

Pero lo aterrador del caso Ramos es todo lo que la Corte Suprema de Justicia logró establecer, reitero, con grado de certeza. Según se concluye de la lectura de la sentencia, está probado que Luis Alfredo Ramos no es más que un político al servicio del paramilitarismo y que para ello se reunió en varias oportunidades en la finca La Bellanita, en Bello (Antioquia), con Vicente Castaño Gil y otros jefes paramilitares como alias Ernesto Báez, Julián Bolívar y Alberto Guerrero, recibiendo así el apoyo de las AUC, en especial, de los Bloques Metro y Centauro, este último liderado por Miguel Arroyave.

Dice también la Corte Suprema de Justicia que está probado con certeza que el flamante líder conservador, jefe del movimiento Alas Equipo Colombia -que era más bien una organización criminal-, recibió apoyos económicos ilegales de los paramilitares para su campaña a la gobernación de Antioquia, como el de 800 millones de pesos que le habría entregado Vicente Castaño Gil en la finca La Bellanita. También recibió aportes del narcotraficante Juan Carlos “el Tuso” Sierra.

Y como nada es gratuito, Ramos se obligó a trabajar para los paramilitares. Concluyó la Corte Suprema, con grado de certeza, que Ramos se comprometió a permitir la operación de las AUC en Medellín y Bello sin oposición de la fuerza pública; colaboró con el transporte y la legalización de armas en Bello para bandas que rendían cuentas a Don Berna; incidió en el relevo de un comandante de la policía de Bello que se había negado a colaborar con la banda del “Cartel de la Gasolina”, que respondía a las órdenes del Bloque Metro de las AUC; y que se había comprometido, como lo hicieron otros políticos al servicio del uribismo, a gestionar normas a favor de los paramilitares en la Ley de Justicia y Paz, como aquel mico que equiparaba al concierto para delinquir de los paramilitares con el delito político de sedición, lo que fue aprobado por el Congreso, pero luego tumbado -por fortuna- por la Corte Constitucional.

Como puede advertirse, el caso de Ramos es una muestra más de la perversa alianza, que tanto daño le ha hecho a este país, entre políticos y paramilitares que por años han ostentado el poder en algunas regiones. Este poder se ostenta y se conserva vía herencias políticas. Luis Alfredo Ramos es un político que sigue vigente. Incluso tiene una cercana relación no solo con Uribe sino con Duque, en cuya campaña presidencial tuvo una jefatura de debate. Pero lo que más le interesa a Ramos Botero es perpetuar a su prole en la política antioqueña, lo que cree estar logrando a través del antes senador y hoy concejal Alfredo Ramos Maya, un político bastante flojo y de reducidas virtudes.

Ojalá estas dinastías políticas de alianza con el crimen dejen de existir en Colombia. Hay que apostarle al cambio en la política, pues el caso de Ramos en Antioquia tiene, por desgracia, uno o varios espejos en cada zona del país, y todos, con un heredero político de por medio. ¡Qué joyitas!