De la corrupción y otros males

La confianza en las instituciones públicas se ha visto gravemente afectada por los permanentes escándalos de corrupción en los más altos estamentos del poder, que parecen ser la regla general y no la excepción. Hoy, la corrupción entre los servidores públicos parece estar incrementándose, sin que nadie ni nada pretenda ponerle fin.

Se dice que Colombia es uno de los países más felices del mundo. ¿Un país feliz que al mismo tiempo es uno de los más corruptos? No parece coherente. La ciudadanía no está feliz, está es cansada de los altos índices de corrupción entre los servidores públicos de todos los ámbitos, lo que genera, obviamente, infelicidad colectiva, ambiente de pesimismo y creencia de que la situación del país no va a mejorar para ellos ni para la generación que viene.

Históricamente, Colombia ha sido fuertemente golpeada por un conflicto armado de más de 50 años y por la violencia auspiciada por el narcotráfico, así que la corrupción pública o privada no era el pan noticioso de cada día. Esa realidad cambió, en buena medida, porque a las nuevas generaciones, que han vivido con menor intensidad el flagelo de la guerra, les interesa saber cómo y en qué se gastan los recursos públicos. Y las redes sociales han contribuido a ello, pues la información fluye de manera inmediata, se accede a ella fácilmente y se masifica sin ningún tipo de filtro. Hoy es más fácil denunciar la corrupción que antes.

Casos como el denominado cartel de la toga, el carrusel de la contratación en Bogotá o las coimas pagadas por Odebrecht y Sarmiento para la adjudicación de la concesión de la Ruta del Sol 2, por poner unos pocos ejemplos de miles que podríamos relacionar de memoria, demuestran que la corrupción parece no tener límites. No hay razón atendible para explicar, menos para justificar, cómo algunos funcionarios que ocupan los cargos más importantes del país se dedican a enriquecerse con sus amigos, en vez de prestar un servicio que juraron dispensar con apego a la Constitución y a la ley. El servidor público está precisamente para lo que su nombre indica, servir al público, no para servirse a sí mismo ni a los intereses de sus clientelas, copartidarios y amigos.

Esto se agrava en la medida en que esos escándalos de corrupción terminan en la total impunidad o se premia a los corruptos con mansión por cárcel, dejando la sensación de que son intocables y que sus actos no tienen consecuencia alguna. Debido a ello, la ciudadanía pierde total confianza en su sistema democrático y de justicia, porque parecieran partir de la premisa del mal ejemplo: si los que gobiernan roban, yo también robo.

La función pública no puede seguir siendo manchada y desprestigiada por quienes están en los cargos públicos para robar y no para cumplir con su encargo; llegan a pagar favores políticos en detrimento de los intereses colectivos o a enriquecerse a costa de los dineros públicos. Colombia nunca se ha unido para combatir el flagelo de la corrupción por la sencilla razón de que la mayoría de quienes gobiernan y lideran la opinión viven con y de la corrupción o, al menos, cohonestan con ella.

La indignación de la ciudadanía por la corrupción debe traducirse en acciones concretas y no se puede quedar en rabia y frustración. Se requiere que la comunidad, tan cansada y hastiada de la corrupción, salga masivamente a votar por la gente honesta, y con esa acción, por pequeña que parezca —que no lo es—, se combata a la corrupción. Esa batalla que tiene que ser una de las banderas del próximo presidente, que debe cambiar los discursos de campaña por realidades que hagan soñar a la gente con que Colombia sí puede cambiar la corrupción por la honorabilidad.

No hay nada más costoso que la corrupción, que arrasa no solo con los dineros de todos sino con los recursos que se necesitan para concretar un país más justo, más igualitario y con mayor bienestar no para unos pocos, sino para todos.