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Las inaceptables declaraciones de Gustavo Bolívar -nuevo director del Departamento de Prosperidad Social- contra Daniel Briceño -concejal de Bogotá- calificándolo despectivamente, por decir lo menos, como “basura humana”, van mucho más allá de una simple diferencia política o discrepancia de criterios sobre algún asunto de la vida nacional.
Las declaraciones de Bolívar representan un flagrante atentado contra la dignidad no solo de su agredido, sino también del alto cargo público que ostenta el agresor, pues con ellas, Bolívar vulneró los principios básicos de respeto, decoro y no discriminación que deben guiar su actuar como servidor del Estado. No puede olvidarse que todos los funcionarios se encuentran investidos de la alta responsabilidad de representar y servir al pueblo, ser ejemplo de la sociedad y demostrar que con su comportamiento honran el cargo que detentan.
Un buen funcionario está llamado a dar ejemplo de tolerancia, mesura y urbanidad en su conducta. No puede permitírseles proferir insultos cargados de odio y menosprecio hacia ningún ciudadano, independientemente de lo acalorado que pueda estar un determinado debate. El lenguaje denigrante y la descalificación personal están absolutamente vedados en el ejercicio de la función pública, así algunos no lo crean o vean en la agresión rastrera y opresora una forma de controvertir desde las trincheras del poder, lo cual debe reconocerse, está ocurriendo por cuenta de que ahora cualquiera sin mérito alguno llega a cualquier importante cargo.
Olvidando las funciones y deberes de su cargo -que Bolívar seguramente ignora-, su agravio trascendió el ámbito de lo meramente verbal y constituye una disfunción de los deberes que todo funcionario. Al referirse a otro ser humano como “basura”, Bolívar pisoteó la dignidad intrínseca que por definición le asiste a toda persona y al propio cargo.
En una Nación diversa y democrática, ninguna autoridad puede arrogarse el disfuncional derecho de discriminar, estigmatizar o rebajar a quienes tiene el deber de representar sin distinciones de ningún tipo.
Los actos racistas, misóginos, homofóbicos o cualquier forma de discurso de odio están expresamente prohibidos para un servidor público, pues socavan los principios básicos de igualdad y respeto a los derechos humanos sobre los que se erige el Estado Social de Derecho, y constituyen una falta gravísima en los términos del Código Disciplinario Único, que debe ser sancionado ejemplarmente.
La investidura de Bolívar le confiere poder, pero también una enorme responsabilidad ética y social que claramente ha desatendido, pues pasó de servidor público a insultador público.
Por ello, resulta imperativo que la Procuraduría General de la Nación intervenga con prontitud y firmeza en este caso. Debe el ente de control suspender del ejercicio del cargo y sancionar ejemplarmente al hoy director de Prosperidad Social, no solo por su evidente falta de idoneidad ética, sino para restaurar la fe ciudadana en que la función pública aún se ejerce con decoro, civilidad y absoluto apego a la ley y el respeto a la dignidad humana. De lo contrario, estaríamos enviando el nefasto mensaje de que los funcionarios pueden discriminar, insultar y pisotear la dignidad de sus contradictores o críticos sin ninguna consecuencia disciplinaria.
La Procuraduría debe cerrar la puerta a la degradación del lenguaje y proteger las formas institucionales, las maneras en el manejo de lo público y la relevancia institucional. La Procuraduría tiene la insoslayable responsabilidad de actuar para poner un alto a este lamentable deterioro ético. La dignidad del cargo público está en juego y no todo lo que puede hacer o decir un ciudadano en público o privado, puede decirlo un alto funcionario del Estado.
La altura del cargo público no puede quedar en manos de la atrocidad verbal de Twitter (hoy X), pues al paso que vamos terminaremos siendo gobernados por insultantes personajes que no solo piensan con las vísceras sino que gobiernan con ellas.
