El derecho a la protesta social es pilar de cualquier democracia y goza de protección constitucional. El derecho a estar inconforme con los gobiernos o sus decisiones es una manifestación más del poder ciudadano, y la protesta individual o social es una de las formas en que esa inconformidad se manifiesta.
Nadie tiene por qué ser privado de la libertad por expresar ese inconformismo. Nadie tiene por qué estar sub judice o condenado por el hecho de protestar, pues sería lo mismo que cercenarle a alguien sus libertades por el simple hecho de respirar. Protesto, luego existo; protesto, luego pienso. Sencillo.
Pero una cosa es protestar de forma individual o colectiva y otra muy distinta delinquir al momento de hacerlo o delinquir bajo el pretexto de la protesta, así como creerse inmune o blindado de la acción de la justicia y del control social por el hecho de “protestar”. El que protesta es un buen ciudadano que encauza su inconformismo, pero el que delinque arropado en la protesta es un bandido solapado.
Es realmente inconcebible, por decir lo menos, que el desgobierno de Petro pretenda ahora, bajo la falacia de estar defendiendo el derecho a la protesta, propiciar u ordenar, según se quiera entender, la excarcelación de quienes en las marchas de 2021 cometieron todo tipo de delitos contra los bienes públicos o privados, o contra la integridad y la vida de otros ciudadanos, uniformados o civiles.
En las eternas marchas que paralizaron al país el año pasado hubo de todo: ciudadanos que protestaron pacíficamente contra el gobierno del inexperto y aprendiz presidente Duque, pero también quienes utilizaron esas protestas para delinquir, muchas veces como parte de estructuras políticas desestabilizadoras instigadas por “líderes opositores” o por grupos de delincuencia común o subversiva.
La Fiscalía y los jueces penales han adelantado desde entonces un trabajo minucioso y arriesgado para judicializar a los vándalos que utilizaron la protesta para asesinar, robar, destruir la propiedad privada, incendiar bienes públicos o, sencillamente, para concertarse en el delito. Hampones disfrazados de manifestantes fueron muchos; todos deberían estar procesados o condenados, y ello debería ser un objetivo de la política criminal y una prioridad de los entes oficiales. Sin contemplaciones, sin minimizar los hechos y las circunstancias. Mano dura al momento de hacer valer la ley y aplicarla, debería ser la consigna.
Sin embargo, el hoy presidente Petro, antes líder de la oposición e instigador de la protesta vandálica que incendió al país por varias semanas, ha decidido, consecuente con su exótica y ya histórica forma de proceder, dar mensajes equivocados en contra no solo de la lógica, sino de la propia independencia de poderes. Petro está haciendo hasta lo imposible por excarcelar a una manada de delincuentes de la peor calaña que van más allá de algunas cabezas visibles de lo que se conoció como la Primera Línea. Eso no tiene presentación.
Es de la esencia de Petro andar de la mano del crimen y de los criminales. Eso le atrae. Y ahora pretende nombrar “gestores de paz” a una serie de bandidos condenados por asesinato, tortura y otros delitos, quienes utilizaron la protesta como arma de destrucción social, acabando hasta con “el nido de la perra”.
Hay quienes se aterran y se declaran sorprendidos con las intenciones del Gobierno. Pero no es para tanto. Esas excarcelaciones son “crónica de una muerte anunciada”. Petro lo dijo durante las marchas, lo dijo en campaña, lo dijo el día que ganó la Presidencia y lo busca ahora que desgobierna a este país: su objetivo es, a como dé lugar, excarcelar a los bandidos que cometieron graves delitos en el marco de las protestas sociales. Punto.
Así es en estos tiempos en que desgobierna el bandidaje. Pero no pongan cara de aterrados, eso se sabía.
El derecho a la protesta social es pilar de cualquier democracia y goza de protección constitucional. El derecho a estar inconforme con los gobiernos o sus decisiones es una manifestación más del poder ciudadano, y la protesta individual o social es una de las formas en que esa inconformidad se manifiesta.
Nadie tiene por qué ser privado de la libertad por expresar ese inconformismo. Nadie tiene por qué estar sub judice o condenado por el hecho de protestar, pues sería lo mismo que cercenarle a alguien sus libertades por el simple hecho de respirar. Protesto, luego existo; protesto, luego pienso. Sencillo.
Pero una cosa es protestar de forma individual o colectiva y otra muy distinta delinquir al momento de hacerlo o delinquir bajo el pretexto de la protesta, así como creerse inmune o blindado de la acción de la justicia y del control social por el hecho de “protestar”. El que protesta es un buen ciudadano que encauza su inconformismo, pero el que delinque arropado en la protesta es un bandido solapado.
Es realmente inconcebible, por decir lo menos, que el desgobierno de Petro pretenda ahora, bajo la falacia de estar defendiendo el derecho a la protesta, propiciar u ordenar, según se quiera entender, la excarcelación de quienes en las marchas de 2021 cometieron todo tipo de delitos contra los bienes públicos o privados, o contra la integridad y la vida de otros ciudadanos, uniformados o civiles.
En las eternas marchas que paralizaron al país el año pasado hubo de todo: ciudadanos que protestaron pacíficamente contra el gobierno del inexperto y aprendiz presidente Duque, pero también quienes utilizaron esas protestas para delinquir, muchas veces como parte de estructuras políticas desestabilizadoras instigadas por “líderes opositores” o por grupos de delincuencia común o subversiva.
La Fiscalía y los jueces penales han adelantado desde entonces un trabajo minucioso y arriesgado para judicializar a los vándalos que utilizaron la protesta para asesinar, robar, destruir la propiedad privada, incendiar bienes públicos o, sencillamente, para concertarse en el delito. Hampones disfrazados de manifestantes fueron muchos; todos deberían estar procesados o condenados, y ello debería ser un objetivo de la política criminal y una prioridad de los entes oficiales. Sin contemplaciones, sin minimizar los hechos y las circunstancias. Mano dura al momento de hacer valer la ley y aplicarla, debería ser la consigna.
Sin embargo, el hoy presidente Petro, antes líder de la oposición e instigador de la protesta vandálica que incendió al país por varias semanas, ha decidido, consecuente con su exótica y ya histórica forma de proceder, dar mensajes equivocados en contra no solo de la lógica, sino de la propia independencia de poderes. Petro está haciendo hasta lo imposible por excarcelar a una manada de delincuentes de la peor calaña que van más allá de algunas cabezas visibles de lo que se conoció como la Primera Línea. Eso no tiene presentación.
Es de la esencia de Petro andar de la mano del crimen y de los criminales. Eso le atrae. Y ahora pretende nombrar “gestores de paz” a una serie de bandidos condenados por asesinato, tortura y otros delitos, quienes utilizaron la protesta como arma de destrucción social, acabando hasta con “el nido de la perra”.
Hay quienes se aterran y se declaran sorprendidos con las intenciones del Gobierno. Pero no es para tanto. Esas excarcelaciones son “crónica de una muerte anunciada”. Petro lo dijo durante las marchas, lo dijo en campaña, lo dijo el día que ganó la Presidencia y lo busca ahora que desgobierna a este país: su objetivo es, a como dé lugar, excarcelar a los bandidos que cometieron graves delitos en el marco de las protestas sociales. Punto.
Así es en estos tiempos en que desgobierna el bandidaje. Pero no pongan cara de aterrados, eso se sabía.