Años atrás fueron famosas las chuzadas ilegales en Antioquia cuando Álvaro Uribe era el gobernador. Más recientemente, siendo este presidente, varios de sus altos funcionarios fueron condenados por seguimientos, chuzadas y grabaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y columnistas incómodos para el gobierno Uribe.
Ahora, en el gobierno “del que dijo Uribe”, vuelven las interceptaciones ilegales de comunicaciones y los seguimientos a magistrados, periodistas, columnistas, políticos y miembros de las fuerzas de seguridad incómodos para el gobierno de Iván Duque.
Lo revelado por la revista Semana es escalofriante. Pero lo es más el operativo de la Corte Suprema y decenas de policías judiciales a finales del año pasado en el Batallón de Ciberinteligencia del Ejército en Facatativá, en búsqueda de carpetas, computadores y equipos de interceptación, los cuales en efecto fueron encontrados, no sin que antes los militares inspeccionados intentaran destruirlos u ocultarlos cinematográficamente.
Estos acontecimientos, al parecer, precipitaron la salida del ya desprestigiado general Nicacio Martínez, excomandante del Ejército. Sin embargo, el presidente Duque, en la víspera del Día de los Inocentes, anunció, aprovechándose del bajo perfil que reportan las noticias en época decembrina, que este general dejaba el Ejército por inverosímiles razones personales, pero la verdad era otra.
Según Semana, Duque le estaba ocultando al país que su salida se debía a que ya se había detectado por parte de organismos judiciales y disciplinarios que en el corazón de las Fuerzas Militares se estaban adelantando interceptaciones y seguimientos ilegales a personas incómodas al Gobierno, al uribismo y al Centro Democrático. Lo mismo de antes.
Estos hechos, ya de por sí graves, con el paso del tiempo y de las investigaciones tienden a escalar. A los organismos judiciales y disciplinarios les corresponde llegar hasta las últimas consecuencias, pues lo que está en juego no es el gobierno de Duque y la responsabilidad que este pueda tener con lo que estaría ocurriendo en los cuarteles, sino la integridad del sistema democrático. Una democracia no puede funcionar adecuadamente si el Gobierno espía, persigue, atemoriza y chuza ilegalmente a quienes están en la oposición o a quienes resultan incómodos.
La historia muestra que el uribismo es propenso a chuzar, a perseguir a sus contradictores y a grabar clandestinamente a los jueces y magistrados que tienen expedientes en contra de los suyos, pero también la historia nos enseña que las autoridades debidamente encarriladas están en la obligación de salvaguardar la democracia y las libertades individuales, entre ellas el derecho que tiene todo ciudadano de ser incómodo para un gobierno.
Esperemos que las investigaciones avancen, y si es verdad que ello se produjo con la anuencia de Duque, no le quedará más remedio que renunciar, pues a sus características de inexperto y mal presidente sería inadmisible sumarles la de comandante en jefe de un “batallón de ciberdelincuencia” al servicio de mezquinos intereses.
Años atrás fueron famosas las chuzadas ilegales en Antioquia cuando Álvaro Uribe era el gobernador. Más recientemente, siendo este presidente, varios de sus altos funcionarios fueron condenados por seguimientos, chuzadas y grabaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y columnistas incómodos para el gobierno Uribe.
Ahora, en el gobierno “del que dijo Uribe”, vuelven las interceptaciones ilegales de comunicaciones y los seguimientos a magistrados, periodistas, columnistas, políticos y miembros de las fuerzas de seguridad incómodos para el gobierno de Iván Duque.
Lo revelado por la revista Semana es escalofriante. Pero lo es más el operativo de la Corte Suprema y decenas de policías judiciales a finales del año pasado en el Batallón de Ciberinteligencia del Ejército en Facatativá, en búsqueda de carpetas, computadores y equipos de interceptación, los cuales en efecto fueron encontrados, no sin que antes los militares inspeccionados intentaran destruirlos u ocultarlos cinematográficamente.
Estos acontecimientos, al parecer, precipitaron la salida del ya desprestigiado general Nicacio Martínez, excomandante del Ejército. Sin embargo, el presidente Duque, en la víspera del Día de los Inocentes, anunció, aprovechándose del bajo perfil que reportan las noticias en época decembrina, que este general dejaba el Ejército por inverosímiles razones personales, pero la verdad era otra.
Según Semana, Duque le estaba ocultando al país que su salida se debía a que ya se había detectado por parte de organismos judiciales y disciplinarios que en el corazón de las Fuerzas Militares se estaban adelantando interceptaciones y seguimientos ilegales a personas incómodas al Gobierno, al uribismo y al Centro Democrático. Lo mismo de antes.
Estos hechos, ya de por sí graves, con el paso del tiempo y de las investigaciones tienden a escalar. A los organismos judiciales y disciplinarios les corresponde llegar hasta las últimas consecuencias, pues lo que está en juego no es el gobierno de Duque y la responsabilidad que este pueda tener con lo que estaría ocurriendo en los cuarteles, sino la integridad del sistema democrático. Una democracia no puede funcionar adecuadamente si el Gobierno espía, persigue, atemoriza y chuza ilegalmente a quienes están en la oposición o a quienes resultan incómodos.
La historia muestra que el uribismo es propenso a chuzar, a perseguir a sus contradictores y a grabar clandestinamente a los jueces y magistrados que tienen expedientes en contra de los suyos, pero también la historia nos enseña que las autoridades debidamente encarriladas están en la obligación de salvaguardar la democracia y las libertades individuales, entre ellas el derecho que tiene todo ciudadano de ser incómodo para un gobierno.
Esperemos que las investigaciones avancen, y si es verdad que ello se produjo con la anuencia de Duque, no le quedará más remedio que renunciar, pues a sus características de inexperto y mal presidente sería inadmisible sumarles la de comandante en jefe de un “batallón de ciberdelincuencia” al servicio de mezquinos intereses.