La desestabilización social palpable por estos días, en que a gritos en las calles se clama justicia, tiene su raíz principal en la corrupción, pues entremezcla todos los antivalores, generando desconcierto y desconfianza de la sociedad ante los actos de los servidores del Estado, erosionando incluso la credibilidad en las instituciones que sustentan nuestro modelo democrático.
La toga, más que un accesorio, indumentaria o prenda de vestir, es insignia de solemnidad, respeto y majestad, no de quien la porta sino de lo que representa, que es administrar justicia. Parafraseando a Montesquieu, el juzgar, tan terrible entre los hombres, debe ser un poder invisible, para que de esta forma se tema a la magistratura, no a los magistrados.
En contravía de lo que representa, superando los más nefastos pronósticos, se acuñó el infame rótulo de “cartel de la toga”, que dilapida el nombre de las personas que, abanderadas de esta misión, desde los despachos judiciales en todas las latitudes, categorías y jerarquías de Colombia cumplen su labor con responsabilidad. Los hechos demostrados han dado pie a que esta dignidad se haya visto menospreciada y vilipendiada.
El exmagistrado Gustavo Malo actuó, pervirtiendo el ejercicio de tan alta dignidad, para favorecer a quienes estuvieran en la capacidad de pagar altas sumas de dinero, con el propósito deleznable de someter la justicia a los intereses particulares de quienes eran objeto de indagación penal por la Corte Suprema de Justicia. Al exmagistrado Gustavo Malo le era exigible rectitud, honestidad, honradez y moralidad en todas sus actuaciones públicas y privadas, además de la idoneidad y probidad que el ejercicio del cargo le imponía.
Estos hechos constituyen una página triste de la historia de nuestro país. El nombre Suprema Corte de Justicia —o como se reseñó en sus comienzos, Alta Corte de Justicia— tiene un plus, pues lo supremo es lo máximo, lo sumo, lo insuperable o excelso. Gustavo Malo dio al traste con ello cuando decidió adherirse a una organización que solo buscaba negociar con la justicia a cambio de cuantiosas sumas de dinero para amparar intereses particulares y favorecer a dos aforados: Musa Besaile y Álvaro Ashton, comportamiento que, sin duda, socavó la confianza de los asociados en las actuaciones de la Rama Judicial, al punto de señalarla con el peyorativo “cartel de la toga”.
Ni una sola de estas palabras es de este columnista, son copia literal de algunos apartes de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia —invito a leerla— que, hace pocos días, se profirió para condenar a casi diez años de prisión al exmagistrado Gustavo Malo. Esa sentencia, con toda seguridad, fue escrita con indignación y dolor de patria por cada uno de los actuales magistrados que tuvieron el duro encargo de condenar a un exmagistrado, quien, más que delinquir, deshonró la justicia.
Gustavo Malo no es malo, es un pervertido. Igualmente lo son Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y los otros criminales miembros de ese “club de pervertidos”, a quienes todos rendían pleitesía, aunque todos sabían que eran unos pillos. Mucho de eso hay en Colombia y en todas las ramas del poder público, pues, aunque no lo queramos ver, este país ha estado sumido en la más deplorable corrupción.
Hoy son las sentencias en el aberrante caso del “cartel de la toga”, mañana vendrá otro escándalo seguramente derivado de la feria de recursos públicos en que se ha convertido la contratación estatal y así sucesivamente, sin que el país asuma como política de Estado la lucha contra la corrupción.
También hay que decirlo: un pervertido como Gustavo Malo debería pasar varias décadas en prisión intramural y no solo una. Difícil imaginar algo más grave para la estabilidad institucional de un país que convertir a la Suprema Corte en una organización criminal sometida al concierto delictivo de magistrados, exmagistrados y abogados para desde allí extorsionar a los investigados y venderles decisiones judiciales confeccionadas por un “club de pervertidos”. ¡Qué horror!
