Entre muertos y vivarachos

Hace un par de días me escandalicé con la noticia dada a conocer por la Contraloría según la cual miles y miles de raciones destinadas a la alimentación de nuestros niños habían sido “consumidas” por personas que, según el cruce que hizo la entidad de control con la base de datos de la Registraduría, estaban reportadas como muertas desde hace rato.

Esas raciones alimenticias, en consecuencia, se las “comieron” los muertos, las cobraron los vivarachos contratistas del ICBF y se pagaron con los impuestos que sufragamos todos los ciudadanos, que tributamos muertos de la rabia al ver las noticias que se producen a diario y dan cuenta de que eso llamado erario —que no es más que una bolsa donde tributa hasta el más humilde de los colombianos, no solo los ricos—, es asaltado por unos inescrupulosos bandidos disfrazados de empresarios de cuello blanco y negros principios, quienes a su vez tienen a un poderoso político regional dueño de una industria que se llama corrupción. Así lo han denunciado varias veces quienes —y miren la coincidencia— han liderado el propio ICBF, hoy epicentro de este grave escándalo que no es más que una faceta de algo sistemático.

Desde hace mucho tiempo han sido infructuosas las estrategias y acciones de las autoridades, especialmente de la Fiscalía y de los jueces, para poner tras las rejas a los vivarachos que como contratistas defraudan el erario con los sobrecostos en la comida de nuestros niños, con pechugas a $40.000, como ocurrió en Cartagena; comida putrefacta, como pasó en Chocó; de mala calidad, como en Santa Marta, o incluso con carne de caballo, como se dijo que había sucedido en Bucaramanga. Pueden cambiar el nombre de la ciudad y también ha ocurrido; es tristemente indiferente.

Al final, muy pocos investigados y mucho menos condenados. En el mejor de los casos, como corolario de esta infamia, estos vivarachos gozan de mansión por cárcel mientras los muertos siguen comiéndose la comida de los niños y ellos, viviendo a costillas del dinero de los colombianos. Entretanto, los niños siguen condenados a vivir en las trampas de la pobreza en que se han convertido los Programas de Alimentación Escolar a lo largo y ancho del país, al paso que la corrupción se regocija a sus anchas.

En un país como Colombia, donde gran parte de su clase dirigente cohonesta con la corrupción y con todo tipo de conductas ilegales o que rayan con la ilegalidad, no hay mucho que festejar. Vivimos en una sociedad enferma, capturada por los corruptos y con poca esperanza, a menos que decidamos tomar acciones. De seguir así, en este país los muertos no solo se seguirán comiendo las raciones alimenticias de los niños, sino que seguirán votando en las elecciones, cobrando pensiones de jubilación y accediendo a tratamientos médicos, de ahí que no es extraño que haya gente que incluso añore poder gozar de los privilegios de este tipo de muertos.

Pasan los años, también los gobiernos, los procuradores, los fiscales y todo tipo de funcionarios, uno tras otro, y no hacemos nada realmente efectivo para acabar este maldito cáncer de la corrupción. A veces, uno que otro descubrimiento. Escándalo tras escándalo, lo que sirve para alimentar las noticias de los medios de comunicación y las redes sociales, pero no para avivar una respuesta férrea del Estado como política pública para lucharla hasta las últimas consecuencias. Pareciera que esta sociedad, cada vez que se revela un escándalo de corrupción, tuviera como estrategia neutralizarse en vez de sublevarse.

Muchos discursos, muchas promesas y mucho ruido; sin embargo, no hemos podido entender ni mucho menos actuar en consecuencia con algo tan evidente. El primer problema de Colombia es la corrupción; el segundo, la tolerancia con la corrupción, y el tercero, el silencio de la gente buena que quiere que la corrupción se acabe, pero sin tener que liderar o participar en ese propósito.

Si las cosas no cambian, seguiremos viviendo entre muertos y vivarachos.