Expertos en la marrulla

La cacareada supuesta libertad de Diego Cadena, abogánster de Uribe y afamado traficante de favores judiciales, es una muestra más de la experticia de algunos abogados, no en el noble y leal ejercicio de la defensa judicial, sino en la marrulla de la impunidad y la anticipación que hacen de decisiones judiciales a través de estrategias mediáticas para presionar a fiscales y jueces. Es triste, pero algunos han reducido a eso el ejercicio profesional.

Las constantes maniobras dilatorias de la defensa del abogánster Diego Cadena, bien documentadas por Daniel Coronell, dejan perplejo a cualquiera. Lamentablemente, el sistema penal acusatorio se nos transformó en un sistema en el que las imputaciones, acusaciones y sentencias son aplazadas indefinidamente, con el propósito de entorpecer la administración de justicia, y lograr libertades por vencimiento de términos y prescripción. La decisión del juez del caso emitida ayer al negar la libertad a Cadena es una excepción que da esperanza.

Es inadmisible que queden libres criminales cuyas explicaciones son una delirante confesión de fechorías al ritmo de la estratégica dilatoria de sus apoderados, acompañada muchas veces, de la falta de criterio o carácter de fiscales o jueces que permiten todo tipo de invenciones y palos en la rueda. Ese entramado solo genera desprestigio, al punto de que hoy la rama judicial se ha convertido en una de las que más desconfianza transmite, cuando en el pasado era la más admirada.

Los fiscales y jueces deben cerrar filas, como lo hizo el juez del caso Cadena, para hacer entender el derecho procesal penal no como un instrumento que cohoneste con la dilación injustificada de los procesos por parte de los defensores, sino como un instrumento de justicia efectiva que proteja a la sociedad de los delincuentes.

Es difícil administrar justicia cuando todos convergen a aceptar que es válido conspirar contra los tiempos del proceso. Fiscales y jueces deben dejar de observar atónitos e impotentes y liderar un cambio en la forma en que todos deben actuar, negándole como a Cadena su libertad cuando ha sido la defensa quien a marrullado a lo largo del proceso.

Cadena seguirá privado de su libertad. Un abogánster que, en su famosa, sufrida y ayudada declaración revelada por El Espectador nos dejó claro que compró, manipuló y presionó testigos para salvar a su “clientegánster” Uribe, no tiene derecho a obtener libertades a punta de dilaciones. La libertad de Cadena, por fortuna, no llegó por vencimiento de términos a pesar de las maniobras de él y su abogado, quienes no han hecho cosa distinta que dilatar el proceso a punta de diarreas y dolores de muela, pero achacando la responsabilidad a la administración de justicia y no a su torticero proceder.

No podemos confundir el derecho que les asiste a todos los seres humanos de ser juzgados en un tiempo prudencial y enfrentar juicios justos, con los mecanismos ilegales y las maniobras dilatorias para lograr libertades. La ley no permite que se aplacen audiencias indefinidamente por diarreas o dolores de muela para que luego se solicite la libertad por vencimientos de términos. No todo vale y eso quedó claro en el caso de este extraño criminal del derecho, que se viste, se fotografía, se expresa y se vende como lo que es, un delincuente.

Debemos revisar nuestro sistema penal, es ahí en donde la gente está pidiendo a gritos una reforma que nos permita combatir con éxito a los corruptos y otros delincuentes. Este “sistema penal aplazatorio” no solo está en crisis, sino que es insostenible por indigno. Más que un sistema parece ser un instrumento de conspiración contra el derecho que tiene la sociedad de ver a los delincuentes tras las rejas y no ufanándose de sus delitos y botines.

Hay que repensar el papel del abogado, pues, como van las cosas, las clases de derecho procesal penal están a punto de ser reemplazadas por clases de “derecho aplazatorio”, dictadas muchas de ellas, eso sí, por los más expertos en la materia, pues mientras se venden como académicos actúan como marrulleros.