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El gobierno de Petro va de mal en peor. Navega desde el despiporre hasta el caos. Sus ataques a la institucionalidad no solo son cada vez más arbitrarios e incoherentes sino más sistemáticos. Cada día llegan más insensatos al gabinete, algunos incluso disfrazados de juristas. Ya el presidente no es el jefe del gabinete, sino el insensato director de un pabellón psiquiátrico. Así de sencillo.
El gobierno de Petro día tras día atenta contra la institucionalidad. Ante el hundimiento de la fatal reforma laboral, el gobierno se inventa una consulta popular como revancha contra el Congreso. Primero, agotando el trámite de la autorización por parte del Senado, y ante su negativa, acudiendo a una carta sacada del sombrero -no de la Constitución- como convocar la consulta popular a través de un “decretazo” desconociendo al poder legislativo, también como venganza por decidir en contra de las expectativas del gobierno e invocando una declaratoria de inconstitucionalidad por excepción de la referida decisión negativa del Senado. Todo pegado con babas.
Pero como se trata de amenazar y de subvertir el orden constitucional, Petro amenaza a quien haya de pararle el macho al “decretazo”, bien sea la Corte Constitucional o bien sea el Consejo de Estado (en mi opinión el competente por tratarse de un decreto de suyo “ordinario”). El gobierno habilidosamente sostiene la tesis de que es la Corte Constitucional, sencillamente, porque considera que allí ganará más tiempo ante la inexistencia de una rápida institución que expresamente permita la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la norma bajo estudio. Pero olvida el gobierno que ya la propia Corte Constitucional ha indicado que en casos especialísimos podría usarla en defensa de la Constitución Política, como es apenas obvio que pueda ocurrir, tal y como existe desde hace muchísimas décadas en el Consejo de Estado frente a actos administrativos como el “decretazo” con el fin de que éstos, mientras son examinados, no hagan trizas la Constitución.
Pero al gobierno nada ya le importa. De hecho, el gobierno en estos días defiende el “decretazo” de dientes para afuera, pues de dientes para adentro ruega o reza porque alguna alta corte se los tumbe (suspenda sus efectos), pues en ese escenario, el gobierno se enfilará por el premio gordo de la lotería, que es lo que desde esta columna hemos venido pronosticando desde hace años relacionado con la convocatoria a una asamblea nacional constituyente a través de un decreto ley expedido en un estado de conmoción interior con el que Petro intentará una reforma constitucional que lo perpetúe en el poder, claro está, siempre y cuando la Corte Constitucional se lo permita. Petro al menos lo intentará, pero estoy seguro de que la Corte se lo evitará. Dios me oiga.
El gobierno de Petro entró en una fase dictatorial. “L´État, c´est moi” –“El Estado soy yo”- al estilo de Luis XIV, quien en un momento de omnipotencia a los 16 años y ante el Parlamento de París refundió su propio ser con el Estado al decretar diecisiete edictos tendientes a recaudar más impuestos, en señal de que aquí se hace lo que a mí me da la gana, nada diferente a lo que Petro y sus “herejes” hacen a punta de “decretazos” sacados del sombrero y amenazas, pues Petro está mesiánicamente convencido de que “le peuple, c´est moi” –“El pueblo soy yo”, y que, obviamente, invocándolo se refunde con su propio ser.
Queda entonces rodear a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado para que cumplan con su juramento de defender la Constitución y la ley, algo que también juró el buen registrador nacional Hernán Penagos, quien tiene la posibilidad de salvar esta papeleta de país llamado Colombia de las garras de quien cree que “le peuple, c´est moi”.
