El Senado de la República tomará, hoy miércoles 3 de septiembre, una decisión histórica, trascendental, que podría asegurar la estabilidad democrática del país o alterarla de forma grave e irremediable.
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Elegirá el Senado al único magistrado de la Corte Constitucional que resta aún por ser elegido antes de que se acabe el gobierno de Gustavo Petro. Se trata de la terna enviada por la Corte Suprema y conformada por Carlos Camargo Assis, Jaime Humberto Tobar Ordóñez y María Patricia Balanta Medina, tres importantes juristas con interesantes hojas de vida y trayectorias relevantes en el servicio público, el ejercicio privado de la profesión, la rama judicial, la docencia o el servicio a la sociedad en general.
No tengo duda alguna de que todos, de resultar elegidos, serían buenos magistrados de la Corte Constitucional. Cada cual lo haría, obvio, desde su rincón ideológico y su concepción holística del derecho. Sin embargo, en esta oportunidad no se trata solo de elegir a un magistrado con esta o aquella virtud o conocimiento, sino de que tenga una concepción política clara que anteponga la institucionalidad y el irrestricto apego a la Constitución de 1991 por encima de cualquier consideración gobiernista, de conveniencia, de estado de opinión, y que su elección resulte confiable para el país en general.
En esta oportunidad, reitero histórica, se trata de elegir a quien tenga la solvencia ética y moral de hacer lo que corresponda y solo lo que corresponda, que se ajuste en su comportamiento a la defensa de la estabilidad política, la democracia y la institucionalidad, y que, por encima de cualquier cosa, entienda que hoy el país cabalga sobre la amenaza de un gobierno que no solo es malo y populista, sino certero en la complicidad con todo aquello que está por fuera de la legalidad y la constitucionalidad. De un gobierno con alguna habilidad, pues hacer ver blanco lo que es negro, lícito lo que es ilícito, bien lo que es mal, honorable lo que es podrido, y próspero lo que es ruinoso.
Aquí lo hemos advertido decenas de veces, y para nadie es ya un secreto, que Petro intentará darle un golpe de estado a la Constitución de 1991, pues en su libreto está declarar un estado de excepción y decretar una convocatoria a una asamblea constituyente, prolongarse el periodo o aplazar las elecciones, o todas las anteriores, pues aunque ciertamente no le gusta gobernar, tampoco se permitirá el lujo de dejar el poder, al menos, sin haber intentado perpetuarse como lo han conseguido varios de sus mejores amigos y copartidarios del caos en este continente.
Bajo este panorama, la Corte Constitucional ya no solo debe actuar como guardiana de la Constitución, sino como protectora de la democracia y de la sociedad, pues es la llamada a salvarlas, frenando cualquier iniciativa que transite bajo los propósitos de perpetuar a Petro en el poder.
No sé si Petro hoy tenga mayorías en la Corte Constitucional o logre en un futuro tenerlas, pues, al fin y al cabo, cada magistrado –esperaría uno– decide en la forma en que piensa. Pero, lo que sí sé es que a la hora de darle aire a la idea loca de perpetuarse, cada voto en la Corte Constitucional cuenta, y mucho, y el futuro puede estar en manos del hoy ungido, lo que amerita un comportamiento ejemplar del Senado.
Nunca como antes, el país se arrodilla ante el Senado para suplicarle clemencia con su voto, sí, clemencia con este país, al que a veces tratan como violín prestado, pero que demanda que lo miren como a una porcelana de valor inconmensurable.
Hoy sabremos a quién eligieron, mañana sabremos si el Senado acertó o no.
