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Lo vivido la semana pasada es un verdadero atentado contra las instituciones colombianas, fundamentalmente, contra la justicia. Es inaudito, por decir lo menos, que desde el Palacio de Nariño y múltiples entidades estatales se promueva una marcha contra la Corte Suprema de Justicia por cuenta de no haber elegido fiscal, como si esa decisión históricamente hubiese sido automática. Es más, la interinidad en la Fiscalía, para el día de la marcha, no llevaba ni un solo día. La elección de fiscal general es un acto que requiere de tiempo y de discusión, y claro, de votaciones varias en la Corte con el fin de lograr un amplio consenso al interior de esa corporación, que es la encargada de tomar, para bien o para mal, esa vital decisión para el país.
No siempre la Corte Suprema ha acertado en el nombramiento de fiscal general (la ata una terna presidencial), pues sin duda ha habido en la historia de Colombia unos muy malitos y otros bastante controvertidos, al punto de que de ese cargo de fiscal general nadie ha salido con más nombre del que entró, salvo Francisco Barbosa, que prácticamente no era más que un anónimo y desconocido en el mundo del derecho y la política, pero que, eso sí, cumplía a cabalidad con el triste requisito que el nefasto Iván Duque le imprimió a muchos de los altos cargos del Estado: muy amigo suyo y alumno de la Sergio Arboleda. Salvo contadas excepciones como la del exministro del Deporte Ernesto Lucena, todos resultaron un fiasco como era apenas esperable. Reitero, salvo Lucena.
Por esta razón, creo que la Corte Suprema debe tomarse el tiempo necesario, mucho o poco, pero el necesario para hacer, en esta ocasión, una buena elección, y mucho más, para garantizar que la persona elegida, en este caso la mujer elegida, como fiscal, sea garantía de solidez académica, honestidad y algo no menor, de absoluta independencia del gobierno de Petro, tan dado a solo caminar de la mano de aquellos funcionarios de cualquier rama del poder que sean obedientes y sumidos a los caprichos del presidente Petro.
Pero no es con marchas e insultos a la Corte Suprema que logrará el gobierno de Petro celeridad en la decisión de elegir a la fiscal general. De hecho, Petro lo sabe y por eso, con las marchas, él no busca la rápida elección de la fiscal. Lo que en realidad busca Petro es poner a cierto sector del país en contra de la Corte Suprema, pues lo que quiere es que este sea un episodio más de desinstitucionalización para darse a interpretar el papel de víctima de no poder gobernar porque no lo dejan quienes hoy representan a esas mismas instituciones, cuando en realidad, Petro no es más, pero tampoco menos, que un gobernante dominado por su propia torpeza e inutilidad.
La semana pasada fue la Corte Suprema la agredida por el gobierno Petro, pero ya lo habían sido la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, amén del Congreso, los empresarios, los gremios y las universidades, pues aquí el que no está con Petro está contra él, y por ende, según Petro y sus fanáticos, los demás no merecen más que el odio, la persecución, el desprestigio y la asoleada asonada.
Petro sabe que cada vez que se mete a muerte contra una institución del Estado pierde esa batalla, porque la gente, por lo general, rodea sus instituciones. Sin embargo, Petro también sabe que de la calumnia algo queda y que al final, como anárquico que es, puede obtener una mejor tajada vendiéndose como un perseguido a quien las instituciones le ataron las manos para no dejarlo transformar al país, y claro, al mundo.
Es ahí en donde está el juego de Petro, que hasta ahora empieza, ante la debacle que ha significado no estar pasando con gloria por la presidencia pero sí con mucha pena.