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Hace dos años (4 de mayo de 2022), antes de la primera vuelta presidencial —época en la cual yo apoyaba la candidatura presidencial de Sergio Fajardo—, escribí aquí en El Espectador una columna que titulé “¡Qué fue lo que no entendieron!”, en la que indiqué que “lo dicho por Petro apunta directamente al tema que más preocupa a los colombianos. La muy probable convocatoria, por las buenas o por las malas, de una constituyente que le entregue a Petro la posibilidad de reelegirse y varias veces…”.
En aquellos días, Petro había dicho varias veces y muy clarito que en caso de llegar a ser presidente necesitaría al menos 12 años para poder concretar el cambio que él estaba prometiendo. Dicho de otra manera, era fácil entender que Petro les estaba avisando a los colombianos que buscaría no solo ser elegido, sino muchas veces reelegido.
Si se detienen en lo que escribí en dicha oportunidad, obsérvese que advertí que la constituyente en la que Petro nos embarcaría podría ser convocada, “por las buenas o por las malas”. Y, obviamente, esta será a las malas, como a continuación lo explicaré.
Todos los caminos de reforma constitucional que están previstos en la Constitución Política necesariamente obligan a adelantar el mecanismo a través del Congreso, y de eso no hay duda. Sin embargo, Petro lo hará por la puerta de atrás —como le gusta— y su convocatoria a una constituyente no va a pasar por el Congreso. Petro deslegitimará al Congreso para justificar por qué no acude a él para convocar a una constituyente, apelará a lo vivido, que no será otra cosas que el hundimiento de la reforma a la salud, la laboral, la pensional, y de todas esas otras calamitosas propuestas. Dirá entonces que la institucionalidad no sirve, que es corrupta y que el camino no puede ser a través del Congreso.
Ese día, Petro, a quien jamás le ha interesado la legalidad —ni siquiera estando en ella— decretará un estado de excepción; expedirá un decreto legislativo al amparo de este convocando una constituyente; utilizará todos los medios para desprestigiar, despotricar y deslegitimar al Congreso; sacará a su primera línea a la calle a destrozar y quemar todo lo que se encuentre en el camino; se tomará la Plaza de Bolívar con miles de manifestantes apostados y viviendo a las puertas de la Corte Constitucional con el fin de presionar y obtener al menos cinco votos en dicha Corte que le aprueben su adefesio jurídico, para lo cual acudirá a la historia constitucional de Colombia, pues esto fue exactamente lo que se hizo en 1990 y 1991 en el gobierno de Gaviria para convocar y expedir una nueva Constitución que sepultara a la de 1886, cuando lo único jurídicamente claro, por décadas, era que la Constitución a partir de la constituyente de 1957 solo podía ser reformada por un acto legislativo tramitado por el Congreso. En 1990, los colombianos fueron testigos de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró exequible la convocatoria a la constituyente en una votación histórica 12 votos a favor y 11 en contra, en contravía de todo pronóstico jurídico, pues lo político le pasó por encima.
Así de sencillo será esto. La estrategia de Petro de una constituyente para perpetuarse en el poder no tiene viabilidad política alguna en caso de tramitarse en el Congreso, y Petro lo sabe. Y como lo sabe, no le quedará a Petro otro camino que aventurarse en el viacrucis de convocar directamente y por decreto a una constituyente para tirarle ese hueso carnudo a la Corte Constitucional, con el anhelo de que lo deguste, disfrute y sucumba como lo hizo la Corte Suprema de Justicia al darle vida al Decreto que en 1990 convocó a la constituyente gestora de la ulterior Constitución de 1991.
Ojalá no llegue el día en que Petro nos diga: “Ahí tienen su *** Constitución pintada”, como en La estrategia del caracol.
