La institucionalidad por encima de los caprichos

A pesar de la extraña forma como el presidente Petro gobierna, lo cierto es que el sistema de pesos y contrapesos a cargo del diseño institucional dio resultados la semana pasada. Cada poder público fue protagónico dentro de ese espectáculo que, en contra de la institucionalidad, nos quiso montar en escena el poder ejecutivo en cabeza del presidente Petro y sus ministros con la convocatoria por “decretazo” a una consulta popular que institucionalmente había sido negada por las mayorías en el Senado.

Petro y sus ministros invocaron una excepción de inconstitucionalidad para desconocer la negativa del Senado y convocaron —con la firma de todos— a una manifiestamente anormal consulta popular que, a los pocos días y con la celeridad que la malsana situación ameritaba, tuvo a bien el Consejo de Estado suspender provisionalmente como lo había demandado el propio presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Horas antes, el sensato registrador Nacional Hernán Penagos se había manifestado pidiéndole a las Altas Cortes tomar una decisión rápida y contundente al respecto. Bien el registrador y bien el Consejo de Estado, quienes dieron lección de apego a la ley y a la institucionalidad.

Por otra parte, en lo político, hizo bien el Congreso en llegar a un acuerdo con el Gobierno de Petro para la aprobación de la reforma laboral, negociando lo rescatable de la misma y hundiendo lo insalvable. Ojalá esto lleve a un mejor bienestar para los trabajadores colombianos y que no tenga repercusiones sobre la generación de empleo, ni el encarecimiento de bienes y servicios más allá de lo esperable. El futuro dirá si fue o no una buena reforma y si su aprobación fue cobardía o astucia del Congreso. Pero lo que sí es cierto es que allí el Congreso se la jugó a fondo por transar diferencias con el gobierno nacional bajo los canales democráticos y en apego a la institucionalidad. Sin duda, era necesario que el Senado actuara como bombero frente a la crisis propiciada por el Gobierno Nacional.

Sin embargo, el presidente Petro no da tregua ni a los colombianos ni a la institucionalidad. A los pocos segundos de recibir la noticia de la aprobación de la conciliada reforma laboral por parte del Congreso, decidió volver a sacudir al país anunciando su propósito de que se convoque a una asamblea nacional constituyente, pero no a través de una ley del Congreso como institucionalmente corresponde, ni por la puerta de atrás con otro “decretazo” como algunos lo hemos advertido de tiempo atrás, sino a través de una supuesta “octava paleta” que se depositaría en los comicios parlamentarios de 2026. Petro ha dicho que esa constituyente no es para él ni para él perpetuarse en el poder, sino para el futuro de Colombia. Eso dice él.

Empero, Petro nos tiene acostumbrados a que lo que dice, aún sea sobre piedra, puede llegar a ser diferente. Basta recordar que Petro juró sobre piedra —con sus aliados Mockus y Claudia López como testigos— que no convocaría una constituyente. Por esa razón, lo de este nuevo invento de constituyente y la mencionada “octava papeleta” puede ser la forma de revivir la estrategia electoral del petrismo como plan B frente al hundimiento de la consulta popular, e incluso ser el punto de partida para abrirle la puerta a una reelección.

En este escenario constituyente y de “octavas papeletas”, el reto institucional sigue siendo el mismo: que funcione, y ágilmente, el sistema de pesos y contrapesos en favor de la institucionalidad y la Constitución, en este caso, a cargo de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, quienes están en la obligación de no ceder ni un ápice.

Amanecerá y veremos. Ojalá la institucionalidad esté siempre por encima de los caprichos de cualquier poder público.