La parejita de la contratación

De tiempo atrás he venido denunciando en esta columna cómo la contratación estatal ha sido utilizada para desangrar el patrimonio público. El tráfico de influencias, los carteles de la contratación, los contratistas que hacen de todo, la politización, las clientelas, la concentración en unos pocos y la corrupción se han apoderado de los contratos estatales. Esto se ha presentado en todo tipo de entidades, objetos contractuales y contratos, desde las complejas licitaciones hasta las sencillas contrataciones directas, pasando, claro está, por los de prestación de servicios.

Desde la semana pasada estamos sumidos en el escándalo que involucra a Andrés Mauricio Mayorquín, exasesor en el Palacio de Nariño, donde trabajaba bajo las órdenes de María Paula Correa, la mujer que allí manda desde su pomposo cargo de jefa de gabinete y quien le habla al oído al presidente de la República, Iván Duque. Mayorquín trabajaba en los asuntos relacionados con el seguimiento legislativo en el Congreso, función importantísima para el desempeño del Gobierno Nacional, pues sacar adelante la agenda legislativa es asunto cardinal para el cumplimiento de sus metas, propuestas, promesas y logros.

Karen Váquiro, “la princesa”, “el amor de su vida” y “la berraca”, como la describe su esposo y otrora asesor presidencial Andrés Mauricio Mayorquín, se convirtió, de la noche a la mañana, en una celebridad en el asesoramiento de entidades públicas y privadas en una actividad idéntica, óigase bien, idéntica y coincidente en el tiempo a la que su esposo desempeñaba para el alto Gobierno, es decir, en seguimiento legislativo ante el Congreso.

Váquiro se hizo a un par de docenas de contratos de prestación de servicios profesionales con diferentes entidades públicas por más de $1.200 millones bajo la promoción y protección de su esposo, quien se aprovechó de su cargo en el Palacio de Nariño. Así lo revelan las investigaciones periodísticas que se han desatado desde que Sebastián Nohra, de Blu Radio, puso al descubierto este indignante caso de presunta corrupción, tráfico de influencias y uso de información privilegiada, sin que en la Presidencia nadie hiciera ni dijera nada antes del escándalo, a pesar de conocer el asunto.

Las entrevistas dadas por la parejita de la contratación —al menos la que durante más de una hora le concedieron a Camila Zuluaga en Blu Radio— muestran lo caraduras que son. Respuestas evasivas, disculpas absurdas, cursilería a toda prueba y cinismo son las características de sus explicaciones y dejan al descubierto que sabían perfectamente que lo que hacían no tenía el más mínimo soporte ético ni legal, pues la estrella del seguimiento legislativo Karen Váquiro llegó al extremo de negar su vínculo matrimonial con Mayorquín en los formularios oficiales de vinculación contractual. Dicho de otra manera, la princesa negó a su príncipe. No obstante, como él lo dijo, siempre se la recomendaba a todo el mundo, porque para berraca, ella.

Así es, entonces, como se escribe un capítulo más de la corrupción en Colombia y de la forma en que los puestos públicos son utilizados para conseguirles contratos de prestación de servicios a familiares y cónyuges, aunque digan que no y lo nieguen. ¡Qué parejita!