Sin duda alguna, la pandemia irrumpió en todos los sectores, tanto públicos como privados, cambiando abruptamente la manera como se venían haciendo las cosas, y el sistema de justicia no fue la excepción. Llegó la virtualidad a los procesos judiciales y ojalá para quedarse. Dejó de ser un sueño plasmado en códigos de procedimiento y lo que no hizo el Consejo Superior de la Judicatura en años lo hizo la pandemia en meses, quizá semanas.
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Antes de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, el sistema de justicia estaba anclado en prácticas arcaicas y decimonónicas, que exigían autorizaciones y autenticaciones hasta para tomarse un café. Las filas para acceder a los servicios eran, por regla general, interminables y agotadoras, en detrimento de la administración de justicia y de los usuarios, quienes veían frustrado su derecho a tener justicia pronta y eficaz.
Y ni hablar de la infraestructura de las sedes de la Rama Judicial, las cuales están en estado deplorable —salvo el Palacio de Justicia y otras pocas sedes judiciales— y representan un riesgo para usuarios, abogados y funcionarios. La verdad, la justicia se brinda en edificios que están en macondiano estado de ruina.
Sin embargo, tras llegada de la pandemia y unos cuatro meses de suspensión de la prestación del servicio judicial, la reactivación llegó con la virtualidad, que permitió iniciar cualquier actuación legal por medios tecnológicos, así como la presentación de cualquier escrito por medio del correo electrónico. Incluso, se permitió adelantar audiencias con dispositivos informáticos, permitiendo no solo la adecuada presencia de todos los sujetos involucrados, sino también una mayor publicidad en los procesos judiciales. Algo que era impensable se volvió obvio y elemental por cuenta de las circunstancias.
Lo cierto es que esa reactivación virtual, si bien llegó de manera inesperada y no es perfecta, mejoró de manera sustancial la forma en que se estaba administrando justicia en Colombia. Y, sobre todo, la forma en que se relacionan los usuarios con ella, la justicia.
Hoy por hoy, gracias a la implementación de medios tecnológicos, ordenada por varias normas, los usuarios pueden ejercer sus derechos de manera eficiente, accediendo a canales digitales amigables y comprensibles para iniciar cualquier acción legal. Asimismo, los abogados pueden optimizar el tiempo que antes perdían en traslados innecesarios a otras ciudades, lo que sin duda alguna permite ejercer dignamente la profesión. Finalmente, los funcionarios de la Rama Judicial no deben comprometer su vida e integridad en las sedes vetustas, en condiciones tan precarias.
Es cierto que la virtualidad en la justicia ha sido un reto para todos y quizá mayor para los funcionarios , quienes con uñas y dientes han dispuesto hasta de sus propios recursos para prestar un servicio decente a los usuarios. Pero la realidad es que la virtualidad llegó para quedarse, sobre todo porque acerca a los usuarios a la Rama Judicial, les permite acceder a la información de forma instantánea, aumenta la eficiencia en los procesos judiciales y descongestiona los despachos.
Por esa razón, es necesario que se adopten como legislación permanente las normas que consagran la virtualidad como regla general en la prestación de servicios judiciales, y es necesario que las instituciones, el Congreso, los gremios académicos y los ciudadanos pujemos por hacer que la virtualidad se quede en la justicia.
También es necesario que el Gobierno disponga de recursos o empréstitos indispensables y urgentes para crear eficientes expedientes digitales y que la litigación en línea sea una realidad. ¡Qué maravilla es la virtualidad judicial!
