La zorra cambia el pelo, pero no las mañas

La semana pasada se produjo, nada más ni nada menos que desde la Corte Constitucional, una noticia estremecedora. Sí, esa misma Corte que ha defendido con rigor la norma constitucional que prohíbe interceptar comunicaciones sin orden judicial, ahora denuncia que sus propios integrantes, al parecer, están siendo objeto de interceptaciones ilegales a sus conversaciones y mensajes de datos por parte de los organismos de inteligencia del Estado, concretamente, desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que dirige una de las personas más cercanas al presidente Petro.

La anterior denuncia no es fruto ni de un rumor, ni de una simple corazonada, ni mucho menos de un acto de la oposición, ni constituye una maniobra para producir un ‘golpe blando’, como Petro llama a toda crítica, provenga de donde provenga, incluso, si emana hasta del propio gobierno o de sus más encumbrados alfiles como fuego propio.

En este penoso asunto, la denuncia proviene del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, un hombre serio, ecuánime y con una vida personal y profesional sin glosa alguna. Tal es el tamaño de este vergonzoso episodio, que la Sala Plena de la Corte Constitucional se vio en la necesidad de reunirse a puerta cerrada con la Fiscal General para ponerle en conocimiento este posible atropello no solo a sus magistrados, sino también a la Administración de Justicia y al sistema de pesos y contrapesos.

Con buen tino, el magistrado José Fernando Reyes, hombre probo y presidente de la Corte Constitucional, ha otorgado a este acontecimiento la importancia que merece. No se le ha ocurrido minimizarlo ni ocultarlo ante el país, la justicia, los periodistas o cualquier otra persona. Sea cierto o no, la sola duda debe ser suficiente para iniciar una investigación. Además, todo este desastre que vivimos a causa del desafortunado gobierno de Petro está enrarecido por el hecho de que incluso la alta justicia está siendo chuzada, perseguida e intimidada, como en cualquier régimen del terror de extrema izquierda o derecha, pues en eso los polos también se asimilan y atraen.

Nada raro que este gobierno del cacareado pero inexistente cambio esté recorriendo los mismos pasos por los que transitó el gobierno Uribe, cuando el otrora Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) chuzó ilegalmente las comunicaciones de los magistrados de la Corte Suprema y les puso un micrófono escondido en su sala de reuniones para espiar sus debates y conversaciones, al igual que a periodistas y opositores, lo cual dejó a varios e importantes alfiles de Uribe tras las rejas, lo que no era para menos.

No hay razón y no hay justificación alguna en utilizar a los organismos de seguridad del Estado para cometer delitos, pues su trabajo, por más complejo, secreto y reservado que sea, debe guiarse irrestrictamente por las normas constitucionales y legales que rigen su valiosa y estratégica actividad.

Preocupa, además, que la DNI pueda estar dando estos desafortunados pasos contra la Corte Constitucional en momentos claves para Colombia. Hay una factible y alocada posibilidad de que Petro se levante un día cualquiera -entre aún mareado, enguayabado y confundido- y nos meta a la brava un decreto legislativo convocando a la penosa constituyente de la que tanto hemos advertido. Él la ha insinuado y varios de los suyos la han promocionado con lambonería e insensatez, cuyo estudio de constitucionalidad estaría en manos de una Corte Constitucional con el lastre de estar chuzada, seguida e intimidada. ¡Qué horror!

Esta Nación debe salir unida a pedir explicaciones, a exigir resultados y a condenar estos graves hechos, pues el país no cerró el DAS para que sus perversas herencias pasaran a manos de la DNI. Ese no fue el cambio, ni hace más de una década, ni ahora.

No puede ser que, en materia de chuzadas por organismos de inteligencia, tengamos que entender que “la zorra cambia el pelo, pero no las mañas”.