El proyecto de reforma a la justicia, votado a espaldas del país como todo lo que hace este Congreso y auspiciado por el desgobierno de Duque, no tiene pinta de ser una verdadera transformación.
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Ciertamente, esta reforma no parece tan importante como la tributaria o la reforma a la salud, y por esa razón es muy común que no exista mayor debate en la sociedad civil, más allá de foros universitarios y de organizaciones académicas que creen que el tema es de expertos juristas, cuando en realidad es un asunto de país que debe congregar a todos, pues es la justicia uno de los pilares fundamentales de la convivencia pacífica.
La supuesta reforma a la justicia tramitada en el Congreso, para cuya vigencia deberá pasar por el examen previo de la Corte Constitucional, es publicitada por este Gobierno y por el Consejo Superior de la Judicatura como uno de sus grandes logros, pero no es más que un remedo de lo que realmente se requiere.
Esta cacareada reforma, no constitucional sino de la Ley Estatutaria, no soluciona los principales desafíos y atrasos de la Rama Judicial. En realidad, solo se dedica a crear más burocracia, pero ni siquiera en la rama sino en organismos diferentes como la maltrecha Defensoría del Pueblo, hoy en manos de un verdadero inútil como Carlos Camargo, quien, como el país lo vio, se embolata hasta dando una razón. Como diría este pintoresco funcionario, esto “salió mal”.
Lamentable, por decir lo menos, que en la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 este Gobierno se dedique a aumentar el gasto público en burocracias inútiles, en vez de afrontar las reformas que en realidad sí se hacen necesarias y poner los escasos recursos económicos en generar eficiencia con ayuda de las tecnologías de la información y la inteligencia de datos, que es donde está la verdadera revolución de la justicia.
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, otro que se embolata dando una razón, defiende que el proyecto de reforma es un avance porque implementa la digitalización de la administración de justicia, haciendo que el servicio sea prestado de manera más eficiente. Pero habrá que recordarle al ministro que ya de antaño la misma Ley Estatutaria de Administración de Justicia de 1996 y el Código General del Proceso de 2012 establecían los lineamientos para la creación del expediente electrónico y la litigación en línea dentro del denominado Plan de Justicia Digital. En otras palabras, lo poco rescatable de esta reforma es una repetición de lo que ya existía. Un verdadero refrito legislativo. La modernización, en estos momentos, no requiere más leyes que no se cumplen, sino recursos para la Rama Judicial y su oportuna ejecución presupuestal.
Esto demuestra el talante de este Gobierno totalmente desconectado de la realidad, que no fue capaz de llegar a consensos y soluciones con quienes se manifestaron legítimamente para mejorar las condiciones y calidad de vida de tantos colombianos olvidados, pero sí sacó la aplanadora maquinaria para aprobar un inane intento de reforma a la justicia que solo aumenta el gasto público y no soluciona los graves problemas de la rama, que tienen que ver con la corrupción, la morosidad y la impunidad. Eso es lo que quiere la gente que se solucione en la justicia, pues hoy está tan deteriorada su imagen que las encuestas la ubican en un rango de desfavorabilidad idéntico o similar al del Congreso. De no creer.
Cada día más se demuestra que Colombia requiere un verdadero estadista, un verdadero presidente y políticos comprometidos, no una manada de politiqueros con intereses particulares a los que solo les interesa engordar con burocracia y para ello están dispuestos a votar reformas que solo producen titulares de prensa, pero que en realidad lo que hacen es crear burocracia sin solución verdadera y estructural para los graves problemas nacionales.
