Ruedas sueltas contra la corrupción

El principal problema de Colombia es la corrupción. Así lo entendemos todos. Lo entienden quienes están convencidos de que el robo de recursos públicos es lo que hace que no podamos avanzar en conseguir lo necesario para vivir en un mejor país. Lo entienden también quienes, con buen criterio, simplifican la idea para concluir que si lo público es sagrado, por pertenecer a todos, nadie puede apropiárselo para sí. Más sencillo todavía: lo gritan todas las encuestas ciudadanas. Y más comprometedor aún: lo expresaron recientemente casi 12 millones de colombianos en las urnas.

Cada acto de corrupción nos deja menos de algo: menos justicia, menos educación, menos infraestructura, menos bienestar, etc. En el país no tenemos lo que necesitamos por cuenta de los corruptos, por ello son los enemigos públicos a vencer. Y en esto nos hemos equivocado. Lo sabemos, pero nos hacemos los locos o los indiferentes, que es peor.

Gran parte de la clase dirigente política, empresarial y social sigue siendo tolerante o indiferente hacia la corrupción. Los corruptos se pasean por todas partes, incluso por las portadas de los periódicos y revistas, reciben premios, reconocimientos y hasta admiración social. Se venera y se respeta al que nos castra la posibilidad de parecernos al primer mundo y, por ende, nos condena al subdesarrollo.

Increíble pero cierto. Se admira al “caballero de industria” con nexos con el narcotráfico que se convierte en benefactor de todo usando la misma plata que se roba de las licitaciones, se admira a quien se hizo poderoso lavando dinero para los carteles de la droga y se admira al que tiene fortuna sin importar cómo, cuándo y dónde la consiguió.

Los poderosos involucrados en casos de corrupción son tratados diferente. Sus investigaciones se dejan prescribir o caducar para congraciarse con ellos; son castigados de manera benevolente; las noticias sobre sus casos son deliberadamente manejadas de forma silenciosa por algunos medios, que temen represalias publicitarias o no quieren cerrar puertas; sus sanciones son comunicadas de manera diferente a como se anuncian cuando las autoridades quieren hacer show para “mostrar algo de gestión”; los condenan el Jueves Santo o el puente de Reyes, o los absuelven el día antes de dejar el puesto.

Por esa razón, en buena medida, la culpa es también institucional. Se elige o designa para combatir la corrupción al mejor amigo del presidente, o a quien en el pasado ha trabajado en el Gobierno o con las personas que después debe investigar, y lo hace sin declararse impedido, a pesar de haber recibido multimillonarios sueldos. Algunos dirán que esto no tiene ningún problema, pero yo creo lo contrario; así no es, así no se combate a los corruptos. Así se hace política con la corrupción, pero no política pública contra la corrupción.

El país tiene que entender que la corrupción se combate de forma eficaz nombrando en los cargos que deben liderar esa batalla a gladiadores dispuestos a inmolarse, dispuestos a combatir a los inescrupulosos que creen que lo público es privado, dispuestos a sancionar a los poderosos de forma más enérgica que benevolente —pues esa condición de poder no es un privilegio sino una carga— y dispuestos a rendirle cuentas a la ciudadanía, pero sobre todo a su propia almohada.

Más triste que un corrupto es un funcionario temeroso, cómplice, timorato o arrodillado, al que le quedó grande el cargo que decidió ejercer, pues en ese caso —parafraseando a Churchill— no lo asumió para ser útil sino importante. Es entonces cuando el funcionario encargado de investigar al corrupto se le parece.

Todo el mundo quiere que el fiscal, el contralor, el procurador y los superintendentes no sean unas ruedas sueltas. Y ese es el problema. Yo creo que sí deben ser unas ruedas sueltas contra la corrupción, pero pocos se atreven, pues le temen al propio sistema.