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Hace cuarenta días se produjo una importantísima noticia que gobernó los titulares de todos los medios y conmocionó a la opinión pública. Se trataba, nada más ni nada menos, del hecho noticioso del año: se revelaba por parte del Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores la existencia de un Acuerdo de Procesamiento Diferido entre Estados Unidos y la corrupta Corficolombiana (Grupo Aval) de Luis Carlos Sarmiento, a cambio del pago de una multa de USD $80 millones.
En dicho acuerdo, la corrupta Corficolombiana confesó y aceptó su responsabilidad, fundamentalmente, en tres asuntos claramente identificables relacionados con Ruta del Sol 2: el primero, un soborno de USD $6,5 millones en el año 2009–2010 al viceministro de Transporte Gabriel García Morales; el segundo, el desvío de más de USD $23 millones en pagos irregulares entre 2013-2015; y el tercero, el pago de un soborno de USD $3,4 millones en 2014-2015 al “Colombian Official 3″, un alto funcionario de la rama ejecutiva de la época.
El soborno al viceministro, en realidad, era un refrito, pues el país y sus autoridades ya sabían del mismo y habían ya sancionado a Corficolombiana, siendo novedad, eso sí, que por primera vez este corrupto grupo empresarial confesaba y reconocía su responsabilidad en estos putrefactos hechos. En igual sentido, los pagos irregulares también eran otro refrito, y la novedad es la misma: confesión y reconocimiento de responsabilidad. El tercero sí constituye, por donde se mire, una novedad pues, salvo la corrupta Corficolombiana, tanto las autoridades como la ciudadanía desconocían la existencia de ese soborno al “Colombian Official 3″.
Por la vulgaridad del delito, la importancia de estos hechos para la justicia, la relevancia que ello tiene dentro de la política y por su alto impacto social y empresarial, a todo el mundo pareció importarle el nuevo y corrupto acontecimiento -uno más a cargo del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento-, salvo a la Fiscalía, a quien le importó un pepino.
¿Cómo es posible que después de cuarenta días la Fiscalía no se haya ni siquiera referido al hecho de estar investigando este horripilante soborno al “Colombian Official 3″? ¿Cómo es posible que los Sarmiento no estén siendo investigados criminalmente por estos hechos? ¿Cómo es posible que los Sarmiento ni siquiera hayan sido llamados a declarar sobre los detalles de este millonario soborno? ¿Cómo es posible que los Sarmiento y otros altos directivos del Grupo Aval como José Elías Melo, Alberto Mariño, Mauricio Millán y otros tantos no hayan sido citado a declarar para que revelen la identidad de ese criminal que desde las trincheras del gobierno recibió una asquerosa coima de USD $3,4 millones? ¿Cómo es posible que la Fiscalía se abstenga de investigar el soborno más sonado de los últimos años? ¿Esa es la cobardía que hoy gobierna al fiscal? ¿Está cooptado el fiscal por los Sarmiento? ¿Tendremos entonces que esperar a que venga la nueva fiscal general para que los Sarmiento dejen de ser considerados intocables?
No hay derecho. Por hechos mil veces menos relevantes, la Fiscalía ha desplegado todo su aparato investigativo, su fuerza y su poder de forma implacable. Al parecer, la Fiscalía no se ha dado cuenta de que lo confesado por Corficolombiana es un grave delito y que por cuenta de ello está en la indeclinable obligación de investigarlo y procesar a las personas de carne y hueso responsables tanto de dar el dinero como de recibirlo.
¿Puede una compañía ladrar a grito herido que ha sobornado a funcionarios sin que nadie le pregunte cómo, cuándo y dónde? Ojalá en los planes de la próxima fiscal esté el de procesar a los Sarmiento y que por ahora el ente acusador solo le esté dando unas vacaciones a quienes deberían estar tras las rejas, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Ya van mucho años viviendo en la impunidad.
