Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La semana pasada el país tuvo una desalentadora noticia en el campo económico por el anuncio del Gobierno Petro de congelar la expedición de nuevos Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), necesarios para que las entidades públicas que dependen del Presupuesto General de la Nación puedan adelantar las contrataciones faltantes con miras a ejecutar sus proyectos.
La noticia, obviamente, cayó como un baldado de agua fría no solo en todas las entidades públicas que tuvieron que poner freno de mano a la contratación de proyectos de todo tipo, sino también en el sector privado que, en buena medida, depende de esa contratación pública que representa billones de pesos en la economía.
El Gobierno ha indicado que existe un desequilibrio entre los ingresos derivados del recaudo tributario y los gastos aprobados en el presupuesto. Eso significa un importante desfase de las finanzas públicas, no quedando otro camino que recortar ciertos gastos, definitivamente cancelar otros y no afectar el Marco Fiscal de Mediano Plazo que, entre otras, el Gobierno nacional debe presentar ante el Congreso en los próximos días.
El Gobierno ha indicado que la cifra es cercana a los $20 billones, aunque algunos analistas hablan de un desequilibrio presupuestal mayor. Muchos dudan de la cifra oficial porque, por un lado, el Gobierno Petro es perverso para analizar y suministrar cálculos y en muchas ocasiones han resultado desacertados, y, por otro lado, tiene como vicio recurrente dar estas malas noticias a cuentagotas.
Pero, sea cual sea la cifra, el Gobierno debe anunciar un plan de recorte presupuestal a la mayor prontitud, aterrizar esa gaseosa noticia y concretar eso tan etéreo de congelar la expedición de nuevos CDP para la ejecución de programas y proyectos ya presupuestados. Ciertamente, hay cosas que podrían recortarse y otras que no, unas que podrían resultar prioritarias y otras que no, y no sería la primera vez que un gobierno se ve obligado a ejecutar un plan de recorte presupuestal. Con total seguridad, el Gobierno dará más luces en los próximos días y aterrizará el recorte entidad por entidad y proyecto por proyecto.
Lo que queda claro es que hay un desequilibrio entre los ingresos y los gastos proyectados, y que el Gobierno debe coger el toro por los cachos, dar una solución más allá de lo que resulte taquillero o no, deshacerse de sus preferencias ideológicas y corregir las finanzas para poder superar estos problemas presupuestales y minimizar riesgos sobre la economía en general.
No es el momento de andar prometiendo subsidios, así como tampoco regalar dinero público a diestra y siniestra. Es el momento de convocar al país, a la clase empresarial, a quienes trabajan y producen riqueza para hacer un frente común que permita reactivar la economía colombiana, antes de que sea demasiado tarde.
Ya Petro malgastó dos años amenazando e insultando a empresarios, destruyendo valor y desincentivando muchos sectores empresariales. Ahora, lo que corresponde al Gobierno y al propio Petro es generar actividad empresarial, aumentar el producto interno bruto (PIB), mejorar el recaudo tributario, hacer los recortes de rigor y, sobre todo, procurar que la gente que tiene empresa se entusiasme con el futuro económico de este país y no con la desgracia que desde el propio Gobierno les plantean sin cesar a los empresarios.
Es hora de que el Gobierno Petro entienda que la política va de la mano de la economía y que una crisis económica no le conviene a nadie, menos a ellos mismos. Por más fanáticos que tengan, lo cierto es que “sin plata, ni pío”.
