En el pasado, cuando Uribe no gobernaba a placer, criticaba férreamente la modificación a la ley de garantías electorales. Uribe consideraba que esa era una manera sucia de ganar las elecciones, pues ponía a la contratación estatal al servicio del gobierno de turno. ¡Qué paradoja! Es hoy el Centro Democrático quien propuso, lideró y aprobó la modificación a esa ley de garantías en pleno proceso electoral. La Casa de Nariño y el Congreso, una vez más, al servicio de la trampa.
Uribe, en uno de los tantos airados discursos que contra Santos ha dedicado en su decadente carrera política, afirmó que cualquier cambio a la ley de garantías era una “trampa de los malos perdedores para poder asegurar victorias fraudulentas”. Ese era Uribe en épocas de rabiosa oposición contra todo aquel y aquello que no hiciera parte de su séquito político.
Al mismo tiempo, su rémora política en el Congreso y hoy presidente de Colombia dijo lo mismo, incluso, de forma aún más clara. Cuando fue senador, Duque decidió abogar por mantener intacta la ley de garantías, diciendo que su derogatoria buscaba “que el partido de gobierno perpetúe sus instancias de poder con los candidatos de sus afectos”, debido a que cualquier eliminación de las prohibiciones contenidas en esa ley permitía “que la contratación estatal” se adecuara “en función de los intereses del partido de gobierno” lacerando la democracia colombiana. Todas esas afirmaciones de quienes ayer estaban en la oposición fueron convenientemente olvidadas para concretar la misma trampa cuya tentativa denunciaron en el pasado.
En la Ley del Presupuesto General de la Nación 2022, el Congreso aprobó la celebración de convenios interadministrativos durante el periodo de elecciones presidenciales, lo que estaba prohibido precisamente en la ley de garantías. Lo anterior es una verdadera jugadita para aceitar las maquinarias, utilizar los dineros públicos con fines electorales y tratar de mantenerse en el poder, a sabiendas de que la ciudadanía está literalmente cansada de la forma inconexa y errada en que se ha gobernado el país en el último cuatrienio, del que a hoy tan solo restan no más de 260 días, aunque con sus noches.
A raíz de una reciente sentencia de tutela, quedó sin efectos temporalmente ese adefesio de modificación a la ley de garantías hasta tanto la Corte Constitucional asuma el caso y se pronuncie de fondo. Con independencia de si la orden del juez consistía en que Duque no podía sancionar la Ley del Presupuesto, como lo afirmaron algunos, lo cierto es que todos los caminos conducen a Roma: no se puede aplicar, por disposición judicial, la terrible modificación aprobada a la ley de garantías, de manera que no es posible celebrar convenios entre entidades públicas durante la carrera presidencial como pretendían Duque y sus aliados políticos, se reitera, hasta que la Corte Constitucional de la última palabra.
Esa decisión judicial es de obligatorio cumplimiento, por lo que, sin importar si Duque está o no de acuerdo con ella, y decidió apelarla, debe acatarla. Duque no puede convertir a la ley de garantías en otra jugadita, por demás desesperada para mantener a su partido en el poder. La reacción de Duque ante la tutela demuestra su verdadero talante antidemocrático, pues sin importarle que las sentencias de tutela se cumplen así sean impugnadas, salió contra viento y marea a vociferar que un juez no podía decirle qué hacer o qué no hacer, lo que a su vez comprueba que estos años de mal gobierno no solo lo han convertido en un fracasado sino en un dictadorzuelo, amén de que parece haberse ganado su título de abogado en una piñata.
La realidad es que Uribe y Duque son unos tramposos confesos porque, como lo anunciaron a grito herido en el pasado, la única razón para cambiar la ley de garantías es inmiscuirse en la contienda electoral y mantenerse en el poder a través de la contratación estatal, lo que precisamente están buscando hoy quienes están en el poder.
Por esa razón, cuando el caso llegue a la Corte Constitucional, ese alto tribunal debería, al admitir la demanda contra ese articulito, suspender temporalmente ese cambiazo mientras se pronuncia en forma definitiva, pues es evidente que el fallo no llegará antes de la primera vuelta presidencial, lo que sería inadmisible para la democracia concretándose una nueva jugadita de estos confesos tramposos.
En el pasado, cuando Uribe no gobernaba a placer, criticaba férreamente la modificación a la ley de garantías electorales. Uribe consideraba que esa era una manera sucia de ganar las elecciones, pues ponía a la contratación estatal al servicio del gobierno de turno. ¡Qué paradoja! Es hoy el Centro Democrático quien propuso, lideró y aprobó la modificación a esa ley de garantías en pleno proceso electoral. La Casa de Nariño y el Congreso, una vez más, al servicio de la trampa.
Uribe, en uno de los tantos airados discursos que contra Santos ha dedicado en su decadente carrera política, afirmó que cualquier cambio a la ley de garantías era una “trampa de los malos perdedores para poder asegurar victorias fraudulentas”. Ese era Uribe en épocas de rabiosa oposición contra todo aquel y aquello que no hiciera parte de su séquito político.
Al mismo tiempo, su rémora política en el Congreso y hoy presidente de Colombia dijo lo mismo, incluso, de forma aún más clara. Cuando fue senador, Duque decidió abogar por mantener intacta la ley de garantías, diciendo que su derogatoria buscaba “que el partido de gobierno perpetúe sus instancias de poder con los candidatos de sus afectos”, debido a que cualquier eliminación de las prohibiciones contenidas en esa ley permitía “que la contratación estatal” se adecuara “en función de los intereses del partido de gobierno” lacerando la democracia colombiana. Todas esas afirmaciones de quienes ayer estaban en la oposición fueron convenientemente olvidadas para concretar la misma trampa cuya tentativa denunciaron en el pasado.
En la Ley del Presupuesto General de la Nación 2022, el Congreso aprobó la celebración de convenios interadministrativos durante el periodo de elecciones presidenciales, lo que estaba prohibido precisamente en la ley de garantías. Lo anterior es una verdadera jugadita para aceitar las maquinarias, utilizar los dineros públicos con fines electorales y tratar de mantenerse en el poder, a sabiendas de que la ciudadanía está literalmente cansada de la forma inconexa y errada en que se ha gobernado el país en el último cuatrienio, del que a hoy tan solo restan no más de 260 días, aunque con sus noches.
A raíz de una reciente sentencia de tutela, quedó sin efectos temporalmente ese adefesio de modificación a la ley de garantías hasta tanto la Corte Constitucional asuma el caso y se pronuncie de fondo. Con independencia de si la orden del juez consistía en que Duque no podía sancionar la Ley del Presupuesto, como lo afirmaron algunos, lo cierto es que todos los caminos conducen a Roma: no se puede aplicar, por disposición judicial, la terrible modificación aprobada a la ley de garantías, de manera que no es posible celebrar convenios entre entidades públicas durante la carrera presidencial como pretendían Duque y sus aliados políticos, se reitera, hasta que la Corte Constitucional de la última palabra.
Esa decisión judicial es de obligatorio cumplimiento, por lo que, sin importar si Duque está o no de acuerdo con ella, y decidió apelarla, debe acatarla. Duque no puede convertir a la ley de garantías en otra jugadita, por demás desesperada para mantener a su partido en el poder. La reacción de Duque ante la tutela demuestra su verdadero talante antidemocrático, pues sin importarle que las sentencias de tutela se cumplen así sean impugnadas, salió contra viento y marea a vociferar que un juez no podía decirle qué hacer o qué no hacer, lo que a su vez comprueba que estos años de mal gobierno no solo lo han convertido en un fracasado sino en un dictadorzuelo, amén de que parece haberse ganado su título de abogado en una piñata.
La realidad es que Uribe y Duque son unos tramposos confesos porque, como lo anunciaron a grito herido en el pasado, la única razón para cambiar la ley de garantías es inmiscuirse en la contienda electoral y mantenerse en el poder a través de la contratación estatal, lo que precisamente están buscando hoy quienes están en el poder.
Por esa razón, cuando el caso llegue a la Corte Constitucional, ese alto tribunal debería, al admitir la demanda contra ese articulito, suspender temporalmente ese cambiazo mientras se pronuncia en forma definitiva, pues es evidente que el fallo no llegará antes de la primera vuelta presidencial, lo que sería inadmisible para la democracia concretándose una nueva jugadita de estos confesos tramposos.