Una política huérfana

La lucha contra la corrupción es para Colombia una prioridad dentro del conjunto de políticas públicas. Tal vez, la más importante de todas porque de la buena inversión que se haga de los recursos públicos depende la efectividad de otras políticas públicas.

Si la plata de los colombianos es robada por la corrupción, sencillamente, una serie de cosas se tornan irrealizables porque, precisamente, su sostenibilidad se basa en tener recursos disponibles para concretarlas, y no solo en buenas ideas. Sin recursos, esas otras políticas públicas que apuntan al desarrollo del país o a la superación de la pobreza son tan solo discursos o metas por alcanzar. En otras palabras, las políticas públicas se parecen al famoso refrán que dice “sin plata no hay función, dijo el payaso, corrió y se despintó”.

No obstante, el compromiso real, cierto y claro —pero sobre todo creíble— del establecimiento sobre el futuro de una férrea política anticorrupción que contra viento y marea se implante como una política pública para preservar los dineros de todos y combatir hasta las últimas consecuencias a los corruptos, sin importar quiénes sean o a que “clan del mal” pertenezcan, parece ser una bandera que ninguno de los candidatos presidenciales quisiera recoger en este momento, lo cual no solo es un grave error de tacto político, sino una razón más de desesperanza.

Hoy las campañas políticas están más preocupadas por la simulación competitiva de unas consultas populares internas, como la de Gustavo Petro en el Pacto Histórico, en el que todos los precandidatos trabajan para Petro, o más preocupadas por ganarse la apretada candidatura, como ocurre en la Coalición de la Esperanza y en el Equipo Colombia, pero lo cierto es que ninguno de los candidatos ha soltado una verdadera estrategia anticorrupción. Todo lo contrario, incluso algunos de ellos parecen más bien cohonestar con ella, pues no ven ni siquiera lo que es inaudito y aceptan cualquier loca excusa para no desbaratar su consulta contra la contundencia de las pruebas de todo tipo, que han brotado como agua de manantial. Tampoco Rodolfo Hernández ha dicho nada razonable de cómo derrotar la corrupción, al paso que poco importa lo que digan Óscar Iván Zuluaga o Íngrid Betancourt, dos ceros a la izquierda en esta contienda y en las encuestas serias.

A este país se lo comió la corrupción hace muchos años, décadas diría yo. Y con ello, la corrupción frustró la velocidad del progreso del país, la educación, la salud, el empleo, la infraestructura, la inversión, la seguridad y la justicia, por solo citar algunos aspectos en donde la corrupción hace estragos.

A Colombia se lo están robando a punta de contratos estatales, tanto los políticos como muchos empresarios. Es casi imposible, aunque hay las excepciones, claro está, encontrar un solo ente estatal en donde los escándalos de corrupción no sean el pan de cada día. Y, sin embargo, miren ustedes que, a la fecha, ningún candidato presidencial le ha dicho con claridad al país cuál es la estrategia legal y operativa para salvaguardar a la contratación estatal de la corrupción. Ninguno ha dicho ni prometido la radicación de un proyecto de ley en el Congreso, en caso de ser presidente, por medio del cual se pretenda cambiar sustancialmente el sistema de contratación estatal, que si algo ha demostrado es el de ser el mejor aliado de la corrupción.

Así las cosas, duele, y mucho, presenciar un debate político en el que la lucha contra la corrupción no solo no sea el tema prioritario de la agenda política, sino que ella está totalmente huérfana porque ninguno quiere comprometerse con ella, salvo lanzando una que otra frase de cajón.

Ojalá esto cambie para después de realizadas las simuladas o reales consultas internas y que empiece un debate de fondo teniendo entre sus principales ejes temáticos la política pública de la lucha frontal contra esta maldita corrupción que agobia los recursos públicos e indigna a la sociedad en general.

Están en mora, señores candidatos.