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Ha pasado un año desde que el Grupo Aval y Corficolombiana confesaran, ante el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Valores (SEC) de los Estados Unidos, el refrito de haber sobornado junto con Odebrecht al viceministro de Transporte y entonces director del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) del gobierno Uribe con una coima de USD $6,5 millones. Dicho soborno tuvo como propósito que se torciera la licitación de Ruta del Sol II en 2009 a favor del consorcio delincuencial integrado por estas empresas del grupo de Luis Carlos Sarmiento y Marcelo Odebrecht. Lo anterior no representó ninguna novedad, pues valga la pena recordar que lo confesado ya lo teníamos por cierto quienes habíamos investigado y sancionado esos terribles hechos de la más burda corrupción, así como millones de colombianos que estuvieron al tanto de dichas pesquisas y sus resultados.
Sin embargo, allí no estaba la verdadera noticia de lo confesado hace un año. Lo confesado por la corrupta Corficolombiana del Grupo Sarmiento iría mucho más allá y tenía relación con un hecho totalmente desconocido. Esto es, Corficolombiana sí confesó algo verdaderamente nuevo, algo que ni siquiera Odebrecht lo había confesado en su Acuerdo de Culpabilidad ante el DOJ en diciembre de 2016, ni posteriormente.
Se trata, ni más ni menos, de una millonaria coima -otra coima- de USD $3,4 millones entregada años después en el gobierno de Santos, por allá en mayo de 2014, a quien es descrito en los documentos oficiales del DOJ y la SEC que recogen las confesiones de Corficolombiana como un alto oficial de la rama ejecutiva que estuvo en el gobierno entre el 2010 y 2018, identificado allí como el Colombian Official 3. El soborno había sido entregado con el fin de que se adicionara el ya espurio contrato de Ruta del Sol II a favor del delincuencial consorcio conformado por Sarmiento y Odebrecht para la construcción de la carretera Ocaña – Gamarra por un valor adicional cercano a los $700 mil millones.
En otras palabras y sin ambigüedades, un año después de conocerse ese terrible hecho confesado por las corruptos empresas Grupo Aval y Corficolombiana ante las más importantes autoridades americanas, siguen desfilando por las calles de la impunidad y arropados por la tranquilidad que les produce la inactividad de la fiscalía colombiana, tanto los delincuentes de cuello blanco que ordenaron y pagaron el millonario soborno de USD $3,4 millones de dólares desde el Grupo Aval y Corficolombiana de los Sarmiento (padre e hijo) como el enigmático Colombian Official 3, también bandido de cuello blanco que desde su pedestal en lo público se dejó sobornar.
La Fiscalía colombiana no ha hecho nada. Nada de nada. Ni la fiscalía del exfiscal Barbosa cercano a Duque, de quien se dice se dejó seducir por la “amistad” del poderoso Sarmiento junior, como la de la actual fiscal Camargo ternada por Petro, de quien en realidad se esperaba algo, al menos, en este específico caso.
Es de preguntarse. ¿Por qué la Fiscalía no ha citado a declarar a Sarmiento Ángulo ni a su hijo Sarmiento Gutiérrez? ¿Por qué nadie del grupo Aval o de Corficolombiana, o de Odebrecht, ha sido indagado por esos ya confesos hechos? ¿Será que los colombianos no tenemos derecho a saber quiénes fueron los bandidos del Grupo Aval y Corficolombiana que ordenaron y pagaron el soborno? ¿Será que los colombianos no tenemos derecho a saber quién es ese bandido que parapetado en un alto cargo en la rama ejecutiva durante el gobierno de Santos, traicionó al gobierno Santos, a los colombianos y al juramento que hizo de ser honesto e incorruptible que se traduce en jurar cumplir la Constitución y las leyes?
De esto solo queda un mal sabor. Un sistema judicial cooptado por los poderosos, que no es capaz de investigar ni siquiera hechos confesos. Es decir, una Fiscalía que no le coge ni la huella a un tractor en la playa. La verdad, de esto no hemos sabido ni pío y los bandidos tranquilos. ¡Qué horror!
