Los gobernantes tienen dificultades para enfrentar el COVID-19. Acostumbrados a tomar decisiones económicas con repercusiones sociales, consultadas con gremios, políticos y equipos económico-jurídicos, han tenido que ceder ante médicos y científicos. Una “economía para la vida” evidencia la falta de preparación de algunos políticos y de la institucionalidad en el manejo de la complejidad; también, la debilidad del sistema económico y productivo, y la fragilidad de la sociedad y la naturaleza. Es necesario gobernar con políticas económicas, sociales y ecológicas equilibradas y sostenibles, que se puedan adaptar en los territorios, empresas o sectores económicos y sociales.
La pandemia reveló tensiones entre Bogotá y el Gobierno Nacional, y diferencias de valores al tomar decisiones vitales. La prioridad de Claudia López fue la vida y proteger a los ciudadanos; mientras el Gobierno Nacional, en cabildeo con los gremios, no tuvo suficiente control sobre la mayor coladera del virus: El Dorado.
Los gremios buscan ahora una “normalización controlada”. Aseguran que las empresas están preparadas para arrancar con protocolos de máxima seguridad. ¿Y cascos? ¿Para salvar la economía de ayer? ¿Priorizar, como siempre, el sector de la construcción, por su motricidad y empleo? ¿Sin considerar los impactos reales y efectos sociales y ambientales ni las condiciones locales?
Los urbanizadores, constructores y mineros están listos para edificar en todos los “potreros” y llenar de vías y canteras la sabana; el POT-Bogotá en revisión está orientado para lograrlo. Unos 40 municipios conforman el nodo Bogotá-sabana-región, que tiene más de 40.000 hectáreas urbanizadas y en 40 años ha perdido, entre bosques y páramos, unas 300.000: ¡demasiado! Bogotá-sabana-región tiene que ser rediseñado para ser sostenible. Se deben unificar los planes distritales, PDD y POT, en un plan de desarrollo territorial sostenible a diez años y formular un plan de gobierno a cuatro años, hacer un acuerdo regional con Cundinamarca y olvidarse de reformas constitucionales innecesarias. Es momento de grandes decisiones democráticas, participativas e informadas.
El plan a diez años debe establecer una verdadera estructura ecológica regional, cancelar las intervenciones en la represa San Rafael y en los cerros, que deben ser el hábitat de fauna y flora silvestres. Lograr cero pérdida de suelo, parar la urbanización anacrónica, en especial Lagos de Torca y demás proyectos para la zona norte de Bogotá, en donde quedan unas 3.700 hectáreas, que es preciso salvar. Definir también áreas agroecológicas y un programa de seguridad alimentaria, pues ¡hay hambre! Crear parques que circunden y atraviesen la ciudad; reconstruir los barrios marginales; construir un metro completo y todos los trenes regionales necesarios con las mejores especificaciones; privilegiar el transporte eléctrico, colectivo y la bicicleta, reducir a cero las emisiones netas de CO2 para el 2030; invertir masivamente en hospitales e infraestructura de servicios, así como en educación, ciencia y cultura; fortalecer las entidades y empresas públicas de servicios, y apoyar las pymes y grandes empresas limpias y sostenibles que generen empleo. El sector productivo debe repensarse para responder a las necesidades de salud, alimentación, vivienda digna, justicia social y protección de la vida.
Los gobernantes tienen dificultades para enfrentar el COVID-19. Acostumbrados a tomar decisiones económicas con repercusiones sociales, consultadas con gremios, políticos y equipos económico-jurídicos, han tenido que ceder ante médicos y científicos. Una “economía para la vida” evidencia la falta de preparación de algunos políticos y de la institucionalidad en el manejo de la complejidad; también, la debilidad del sistema económico y productivo, y la fragilidad de la sociedad y la naturaleza. Es necesario gobernar con políticas económicas, sociales y ecológicas equilibradas y sostenibles, que se puedan adaptar en los territorios, empresas o sectores económicos y sociales.
La pandemia reveló tensiones entre Bogotá y el Gobierno Nacional, y diferencias de valores al tomar decisiones vitales. La prioridad de Claudia López fue la vida y proteger a los ciudadanos; mientras el Gobierno Nacional, en cabildeo con los gremios, no tuvo suficiente control sobre la mayor coladera del virus: El Dorado.
Los gremios buscan ahora una “normalización controlada”. Aseguran que las empresas están preparadas para arrancar con protocolos de máxima seguridad. ¿Y cascos? ¿Para salvar la economía de ayer? ¿Priorizar, como siempre, el sector de la construcción, por su motricidad y empleo? ¿Sin considerar los impactos reales y efectos sociales y ambientales ni las condiciones locales?
Los urbanizadores, constructores y mineros están listos para edificar en todos los “potreros” y llenar de vías y canteras la sabana; el POT-Bogotá en revisión está orientado para lograrlo. Unos 40 municipios conforman el nodo Bogotá-sabana-región, que tiene más de 40.000 hectáreas urbanizadas y en 40 años ha perdido, entre bosques y páramos, unas 300.000: ¡demasiado! Bogotá-sabana-región tiene que ser rediseñado para ser sostenible. Se deben unificar los planes distritales, PDD y POT, en un plan de desarrollo territorial sostenible a diez años y formular un plan de gobierno a cuatro años, hacer un acuerdo regional con Cundinamarca y olvidarse de reformas constitucionales innecesarias. Es momento de grandes decisiones democráticas, participativas e informadas.
El plan a diez años debe establecer una verdadera estructura ecológica regional, cancelar las intervenciones en la represa San Rafael y en los cerros, que deben ser el hábitat de fauna y flora silvestres. Lograr cero pérdida de suelo, parar la urbanización anacrónica, en especial Lagos de Torca y demás proyectos para la zona norte de Bogotá, en donde quedan unas 3.700 hectáreas, que es preciso salvar. Definir también áreas agroecológicas y un programa de seguridad alimentaria, pues ¡hay hambre! Crear parques que circunden y atraviesen la ciudad; reconstruir los barrios marginales; construir un metro completo y todos los trenes regionales necesarios con las mejores especificaciones; privilegiar el transporte eléctrico, colectivo y la bicicleta, reducir a cero las emisiones netas de CO2 para el 2030; invertir masivamente en hospitales e infraestructura de servicios, así como en educación, ciencia y cultura; fortalecer las entidades y empresas públicas de servicios, y apoyar las pymes y grandes empresas limpias y sostenibles que generen empleo. El sector productivo debe repensarse para responder a las necesidades de salud, alimentación, vivienda digna, justicia social y protección de la vida.