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El presidente Gustavo Petro trina a favor del metro subterráneo, la alcaldesa Claudia López grita, muchos gritan, zambra en el Concejo de Bogotá, debate en el Congreso, los medios amplifican, la opinión se alarma. De repente todo el mundo —especialmente los políticos— es experto en infraestructura, transporte, vías, trenes, metros elevados o subterráneos; en geología, hidrogeología, geotecnia, tuneladoras, vibraciones, riesgo sísmico, estructuras sismorresistentes, contaminación visual y sonora; en urbanismo, planeación territorial, población, educación, salud, alimentos, agroecología, reforma agraria, catastro multipropósito, cambio climático, cuencas, aguas, suelos, biodiversidad, transición energética y ecológica; en economía, empleo, evaluaciones financieras, de impactos y efectos ambientales puntuales, sectoriales, regionales; en contratación, finanzas públicas, vigencias futuras, CONPES, TLC; en normas constitucionales, leyes y decretos; en demandas, acuerdos, cumplimiento e incumplimiento de contratos…
En el avión presidencial se llegó al “Pacto de la Orinoquia, por el metro de Bogotá. Se reinstalan las mesas técnicas y jurídicas”, trinó el presidente. La alcaldesa advirtió que “si uno les pide a expertos jurídicos que le den unas recomendaciones, pues es para acatarlas”.
¿Acatar la recomendación de los expertos jurídicos? El metro no puede evaluarse de forma aislada del proyecto de ciudad, de sus habitantes. El trazado de vías y los medios de transporte determinan espacialmente el uso y la urbanización del territorio.
La alcaldesa dijo: “La primera línea del metro la contrató Enrique Peñalosa, yo hubiera preferido que fuera subterránea. Pero así es la democracia”, “el diseño subterráneo podría haber optimizado mejor el urbanismo”. ¿No existe acaso una responsabilidad de quienes contrataron el metro y también de la alcaldesa que, contrario a sus compromisos, prefirió “la ciudad soñada” de Peñalosa, en la que todo “potrero” debe urbanizarse? La alcaldesa invita a ver Lagos de Torca como la ciudad del futuro —que necesita el metro elevado para alimentar a Transmilenio, la autopista Norte, muchas vías, Regiotram del Norte y la “séptima verde”— pero en cemento, con vegetación como mobiliario urbano y un Transmilenio que no cabe, “coconstruida” sin los ciudadanos afectados.
En respuesta a la explosión social, la pandemia y los desplazamientos de la población en busca de refugio, salud y naturaleza, y a la crisis mundial de alimentos e insumos, la alcaldesa retomó con fuerza los proyectos heredados para reactivar la economía y el empleo, lo cual evidencia la incapacidad de imaginar el futuro. Muchos de los 40 municipios que rodean a Bogotá —con sus POT y el volteo de tierras, canteras, minas y destrucción de cuencas— se sumaron a la capital. El conjunto arrasa con lo que resta de la sabana, sin que la CAR Cundinamarca lo note.
La Bogotá actual no es viable, es invivible, muestra el fracaso político del modelo de gobierno distrital. No más renders y espejismos mientras la realidad atropella… Una convención ciudadana debe evaluar y hacer recomendaciones sobre el metro, el sistema de transporte y todos los POT y planes de desarrollo de la cuenca del río Bogotá. La metrópolis capitalina necesita decrecer, reducir el consumo de recursos y cuidar el territorio.
