Después de un primer tiempo lamentable de la política minero-energética del país, llega al Ministerio de Minas y Energía Diego Mesa Puyo, ministro que en entrevistas y escritos (El Tiempo, 24/07/2020) afirma que lo hecho en esa cartera no tiene comparación y promete reforzar la política con tres ejes: acelerar la transición energética, diversificar la canasta minera “…con metales fundamentales para la transición energética” y capitalizar la reactivación del sector de hidrocarburos. La consigna para el segundo tiempo es “impulsar la reactivación sostenible de la economía”.
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Entretanto, sigue el debate en el país sobre los proyectos pilotos de investigación integral de fracking (PPII). Estos no pueden cumplir las condiciones propuestas por los expertos: la institucionalidad no está preparada, la transparencia de la información no está garantizada y deben interpretarla instituciones y comunidades locales que difícilmente tienen la capacidad para hacerlo. Dada la suficiente información científica que existe sobre los impactos y efectos ambientales del fracking, los PPII son inútiles. Con un piloto, sin declarar cuántos pozos se proyectan, no se puede evaluar integralmente el impacto acumulado de muchos pozos en una región y el geoecosistema, y se desconoce el principio de precaución.
Quebradona es el comienzo de un distrito minero de proporciones enormes, una especie de “piloto” para medir la capacidad de aguante de una región y del país. A pesar de estudios que han sido cuestionados como mediocres e incompletos por expertos y amplios sectores de la comunidad, se busca imponer esta iniciativa minera que destruirá las montañas de Jericó, Palermo y Támesis. Una región extraordinaria que a mediados del siglo XX tuvo un auge en producción agropecuaria diversa, abundante, y grandes plantaciones de café con sombrío. Después decayó en medio del conflicto hasta situaciones como las narradas por Héctor Abad en su novela La oculta. Y ahora, que trata de recuperarse, se impulsa su destrucción irreversible.
Santurbán es otro “piloto” minero para sacarles el oro a las montañas de Santander, transformarlas, afectar la hidrología de la región, impactar el ecosistema y el páramo, cuya delimitación parece más adecuada para facilitar la explotación minera, que para cuidar el geoecosistema y la población.
El fracking, Quebradona y Santurbán son tres ejemplos de una política de desarrollo minero-energético tradicional, no de una transición minero-energética. Sus evaluaciones de impacto-efecto son puntuales, inciertas y de corto plazo; solamente sirven para obtener licencias ambientales. La licencia social se consigue convenciendo a las comunidades, igual que en la Conquista, con regalos, promesas y amenazas. La licencia política se logra con lobby y campañas mediáticas. La macropolítica económica, social y ecológica se convirtió en una cuestión de trámites.
El país se juega su futuro con políticas basadas en visiones inmediatistas, ilusorias rentas de corto plazo y enormes impactos ambientales que no apuntan a una transición económica, social y ecológica sostenible.
Adenda. Según Global Witness (Le Monde, 29/07/2020), en 2019 en el mundo fueron asesinados 212 defensores del ambiente, y Colombia ocupa el primer lugar con 64 muertos.
