Frente a las dificultades de gobernabilidad del sistema parlamentario, en 1958 Francia optó por la V República y un régimen mixto de gobierno, presidencial y parlamentario. La Constitución Política, en su artículo 49.3, permite al Ejecutivo asumir la responsabilidad de aprobar un proyecto de ley que considere indispensable en materia de finanzas o seguridad social si el Parlamento no llega a un acuerdo. Esta decisión puede objetarse por una moción de censura parlamentaria o por el Consejo constitucional. Este artículo se ha utilizado 88 veces por distintos gobiernos, con creciente rechazo popular; el uso del 49.3 se considera ilegítimo, se asocia con decisiones monárquicas autoritarias.
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El presidente Emmanuel Macron ha interpretado con habilidad las coyunturas políticas, logró ser elegido en 2017 y reelegido en 2022. Sus propuestas de impulsar el neoliberalismo y la idea de que se debe trabajar más han chocado con los límites del modelo. Medidas convencionales para responder a los compromisos climáticos desataron la crisis de los “chalecos amarillos”, que produjo grandes pérdidas, lo obligó a reversar y a gastar enormes recursos. El covid-19 evidenció la vulnerabilidad del ordenamiento territorial, de los sistemas productivo y de salud. Francia no pudo fabricar una vacuna contra el covid; había dedicado importantes esfuerzos científicos a asesorar el montaje del laboratorio de virología P4 de Wuhan, ciudad en donde se inició el brote del virus. Para superar la pandemia, Macron declaró una “guerra” que afrontaría “cueste lo que cueste”, y así fue. Finalmente, la guerra en Ucrania demostró la imposibilidad de la Unión Europea para evitarla y su dependencia vital de las potencias mayores. Esta guerra impulsó la industria militar y afecta la economía y la vida de los franceses.
Macron aprovechó la tensión bélica, pero ganó con dificultad la reelección; manifestó haber entendido el mensaje del pueblo y estar dispuesto a una nueva manera de gobernar, consultar, buscar consensos, que ahora parece haber olvidado; insiste en imponer su agenda neoliberal a la fuerza. Ante la desconexión política de la izquierda con las nuevas realidades sociales francesas, Macron le abrió espacio a la extrema derecha, que logró ser una fuerza importante en la Asamblea Nacional. El gobierno, aliado con la derecha, quedó con mayorías parlamentarias precarias.
La factura del “cueste lo que cueste” llegó y la deben pagar los ciudadanos, no los grandes excedentes del capital. La reforma de las pensiones no es simplemente pasar la edad de jubilación de 62 a 64 años; tiene complejas implicaciones para la vida de los franceses. El malestar general no es solamente porque el gobierno empleó el artículo 49.3 para aprobar la reforma pensional. Es reflejo de una multicrisis sistémica, por eso Macron le solicitó a la primera ministra, Élisabeth Borne, salvada de la moción de censura por nueve votos, ajustar el gobierno y presentar un programa para atender todos los frentes ¿Podrá?
La estructura de la institucionalidad francesa debe reformularse, ampliarse, democratizarse y desarrollarse con el fin de que el país sea gobernable y sostenible. Francia puede hacerlo, sabe hacerlo, lo ha hecho.
