Con el anuncio del actual trámite de la reforma pensional, recibí un correo de Colpensiones donde me informan que dan por cerrado el proceso de cobro que me ha ocupado desde la pandemia, clasificado en la categoría de “casos masivos”, según me acabo de enterar. El caso está relacionado con la reclamación de Colpensiones por una deuda presunta o faltantes en las prestaciones de personas afiliadas a esa entidad, quienes me colaboraron en los últimos 30 años. La demora del proceso se debió en parte a mi insistencia en tratar de demostrarle a Colpensiones que yo había hecho casi todos los pagos; tengo los comprobantes desde el Seguro Social. Por confiar en Colpensiones no atendí las recomendaciones de pagar una suma que no era considerable, para no someterme al “proceso”.
Los sistemas de comunicación y las oficinas de Colpensiones que visité no están diseñados para personas mayores o discapacitadas, posiblemente solo para grandes empresas. Durante el infinito intercambio de comunicaciones en papel, telefónicas, electrónicas, por internet, por ventanillas y una personal, constaté que muchas reclamaciones se debían a errores de lectura, digitación, impresión, trámite, identidad o comunicación entre miplanilla y Colpensiones. Argumenté, sin respuesta de la entidad, que nos costaba más a las partes el “proceso” que la totalidad del reclamo. Resolví pagar algunas sumas para demostrar mi voluntad de colaborar, borraron del sistema unas partidas; después he recibido varias resoluciones cerrando el caso. Tarea: vigilar el portal del aportante.
Sobre la reforma pensional escuché a Mauricio Olivera, Angélica Lozano, Martha Alfonso, a la ministra Gloría Inés Ramírez y a Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, y leí muchos comentarios. A través de diferentes páginas web —solo fotos de personajes— logré una versión reciente del proyecto de reforma. Mi conclusión es que el texto expresa buenas intenciones, pero es demasiado extenso y complicado. No está debidamente articulado con las reformas laboral y de salud, etcétera. No tiene en cuenta las implicaciones sistémicas, procedimentales e institucionales de cada determinación. La reforma da referentes como el salario mínimo, el IPC, la regla fiscal y los marcos de mediano y largo plazo, que son dinámicos y pueden intervenirse, incumplirse, pero no explicita la manera de controlar sus múltiples efectos en las pensiones. No facilita aportes por trabajo horario o informal; otorga demasiadas atribuciones reglamentarias al Gobierno nacional y funciones a las entidades de supervisión. Crea organismos de coordinación interministeriales y plurales difícilmente operativos. Determina la tecnología de un sistema de información, seguimiento y control en el Ministerio del Trabajo y le otorga demasiadas facultades; no es clara la articulación con Colpensiones. Contempla proyecciones a largo plazo, pero no una forma de acoplar el sistema pensional a las dinámicas poblacional y de los sistemas económicos y sociales, a la revolución tecnológica, al territorio y al cambio climático y global y sus efectos.
La reforma debe ajustarse para ser sostenible, contribuir a superar las injusticias sociales y lograr una vida digna para los mayores; esto exige un acuerdo nacional y el esfuerzo de toda la sociedad.
