Dadas las características de la sabana de Bogotá, la Ley 99 de 1993, que creó el Sistema Nacional Ambiental, en su artículo 61, la declaró de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agrícola y forestal. Una decisión visionaria que ha tenido fuerte rechazo y ha sido desconocida por muchas administraciones, debido a la presión de quienes impulsan el crecimiento urbano, orientado básicamente por la ganancia inmediata.
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Por falta de reglamentación del artículo 61, y de tomar decisiones claras sobre los límites naturales para la ocupación de la sabana, se ha alterado este valioso geoecosistema, con la consecuente insostenibilidad de Bogotá y los 39 municipios que la rodean. Esto, a pesar del esfuerzo de amplios sectores sociales e institucionales que han defendido la región y de las normas y políticas ambientales, de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (Pomcas), de la Reserva Van der Hammen, de reservas en cerros, páramos y humedales y de la sentencia para proteger el río Bogotá. Medidas estas constantemente amenazadas por la sustracción de áreas, el volteo de tierras y el manejo político-clientelista de las instituciones.
Todo conocido por la CAR Cundinamarca, que con su laissez faire y respaldo implícito a la urbanización y la minería se convirtió en una corporación de desarrollo insostenible. La CAR interviene el territorio: con su maquinaria amarilla realiza obras de alto impacto, “adecua” los cauces de los ríos y ahora quiere “adecuar” el embalse del Neusa; necesita agua para las nuevas urbanizaciones. En el consejo directivo de la CAR están los gobiernos nacional y distrital, el Minambiente y la Gobernación de Cundinamarca, entidades que deben lograr un acuerdo para que la Corporación defienda la sabana frente a su transformación, acelerada ahora por el anuncio de una nueva legislación.
La iniciativa del Ministerio de Ambiente, de expedir una resolución con el objeto de establecer unos determinantes ambientales para la sabana de Bogotá, en cumplimiento del artículo 61 de la Ley 99/93, es de importancia estratégica para cuidar el agua, conservar los suelos, producir alimentos, mantener y restaurar la biodiversidad, proteger el territorio y que sea acogedor para las personas que lo habitan y menos vulnerables frente al cambio global. Sin embargo, la resolución propuesta debe ser más corta, clara, precisa, dinámica, sistémica, articulable, sincrónica, visionaria, ejecutable y verificable en la práctica; basarse en el mejor conocimiento científico, en la historia y la tradición de la región.
Es necesario un amplio conocimiento y participación en la resolución por parte de la Gobernación, los municipios, los empresarios y toda la población. Y fundamental el trabajo técnico-político entre el Minambiente y el Distrito Capital para lograr un consenso sobre el texto de la norma en el menor tiempo posible, dada la responsabilidad mayor de ambas partes sobre la sabana de Bogotá y el futuro en paz con la naturaleza de sus más de 10 millones de habitantes.
