Las infraestructuras físicas para comunicar y hacer más competitivo al país se mencionan como prioritarias, pero se deja de lado el papel estratégico de la información y el conocimiento para lograr la competitividad y la sostenibilidad. A pesar del trabajo de muchos, no se sabe quiénes son los dueños del 65 % de la tierra o el estado de los suelos, ni cuántos ganados hay, ni la realidad del catastro “multipropósito”, ni dónde están los bienes incautados, ni quiénes deben pagar impuestos o beneficiarse del Sisbén; tampoco es segura la información sobre la salud, las pensiones, la transformación del territorio, el uso del agua, la deforestación, la urbanización, los títulos mineros, la contaminación, etcétera.
La información vital se descuidó; esto significa una crisis profunda, consecuencia de una extraordinaria miopía política. Mucha información que existe está en riesgo material y posiblemente informático. La sociedad no participa debidamente informada en las decisiones, el conocimiento está excesivamente concentrado. Afortunadamente el Gobierno está empeñado en empezar a corregir esto con la ratificación del Acuerdo de Escazú, la educación y la participación real de las comunidades.
Hoy se cuenta con numerosas instituciones y personas capaces de convertir el país en una potencia del conocimiento, pero el trabajo, los ajustes y costos que se requieren son considerables; la reingeniería y la articulación institucional, delicadas. El DANE, el IGAC, el Servicio Geológico Colombiano y el IDEAM son cuatro entidades públicas que aportan información y pueden contribuir a la reconstrucción del tejido institucional, reforzar el conocimiento del territorio y poner el Estado al servicio colectivo. Todas se deben modernizar y fortalecer, especialmente el IDEAM, pues el embate neoliberal convirtió su estructura en una amalgama incoherente; se le considera básicamente un servicio meteorológico de pronósticos. A pesar del trabajo de algunos directivos y muchos funcionarios, se desconocen sus informes, su aporte al conocimiento del clima, la hidrología, las coberturas terrestres y de bosques, las emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera; conocimientos fundamentales para ordenar el territorio, usar y conservar el agua, enfrentar el cambio global y climático y sus consecuencias, cumplir compromisos internacionales y responder a prioridades nacionales.
El director del DNP, profesor Jorge Iván González, parece tener clara la situación al plantear que el Plan Nacional de Desarrollo debe tener 200 páginas máximo, que la visión sectorial debe ser superada, que el desorden en el territorio es mayúsculo y que el agua y el ordenamiento territorial son una prioridad.
Para lograrlo, el Plan Nacional de Desarrollo no debe incluir ruidos ni ser impositivo, sino flexible y dinámico, basarse en la ciencia, facilitar la participación informada, considerar el muy largo plazo y el cambio global y climático, integrar el ámbito latinoamericano y planetario, proponer una transición ecológica, económica, energética y social. Debe fortalecer la Comisión de Ordenamiento Territorial, el Sistema Nacional Ambiental y las instituciones científicas. Y priorizar la información y el conocimiento, para propiciar la paz con la naturaleza en el territorio.
