Un decreto de 1959, firmado por el presidente Alberto Lleras y el ministro de Obras Públicas Virgilio Barco, destina un millón de pesos para el acueducto y alcantarillado de Buenaventura. El Instituto Nacional de Fomento Municipal es el encargado de los estudios y construcción de las obras. Uno de los primeros en un desfile de empresas públicas, privadas, regionales y nacionales que no han logrado hacer que el agua llegue, con relativo orden y constancia, desde los ríos hasta los lavamanos y las cisternas. Algunos habitantes recuerdan un paro cívico tres años después para exigir un acueducto digno. Desde esa época se han repetido los planes, las inversiones y las decepciones.
La verdad es que plata no ha faltado. Los acueducto y alcantarillados son obras que se hacen de manera progresiva, al ritmo del crecimiento de las ciudades. Buenaventura es el gran receptor de desplazados y migrantes del Pacífico y siempre se ha visto desbordada, con instituciones públicas débiles, corruptas muchas veces, que representan un único botín y una única esperanza frente a demandas crecientes. Entre 1973 y 1982 el puerto duplicó su población. El acueducto seguía siendo un reclamo permanente. Durante el gobierno de Belisario Betancur se diseñó el Plan de Desarrollo para la Costa Pacífica (PLADEICOP), Buenaventura fue el municipio que más inversiones recibió y el acueducto y alcantarillado las obras prioritarias. En tiempos de César Gaviria apareció el Plan Pacífico que aseguraba inversiones por más de $40.000 millones en la región, de los cuales el acueducto de Buenaventura recibió más de $10.000 millones. En ese momento, 1992, la cobertura solo llegaba al 35 %. Hoy está en el 70 %, aunque apenas pasa de nueve horas diarias de servicio.
Con Andrés Pastrana siguieron fluyendo recursos. A finales del 2001, en una visita al puerto, hablaba de los $13.000 millones que ya se habían desembolsado para el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Y su discurso dejaba caer la promesa de próximas inversiones: “…un Plan que avanza con celeridad y que significará, dentro los próximos 20 años, una inversión total de $135.500 millones, óigase bien: ¡$135.500 millones!, de los cuales la Nación pondrá $35.000 millones”. Un reciente artículo de El País de Cali parece confirmar esa vieja promesa al asegurar que en los últimos 15 años se han invertido $200.000 millones en acueducto y alcantarillado. Llegaron desde el Gobierno nacional, el Plan Pacífico, el Fondo Nórdico de Cooperación, las regalías y el Plan Carrasquilla. Solo este último durante el gobierno Uribe entregó 60.000 millones de pesos.
Un acueducto es también una obra que necesita construcción de comunidad. Es necesario un compromiso colectivo que ayude a cuidar las obras y a pensar que quizá el pago garantiza un servicio más duradero que la conexión ilegal. La Superservicios tiene un tope de 30% para pérdidas del agua tratada bien sea por fugas en red, problemas en la planta de tratamiento, conexiones fraudulentas o mediciones de consumo imprecisas. Buenaventura llega al 87,2 %, lo que significa que solo se logra cobrar por un 12,5 % del agua tratada. En 2001, las deudas de los pocos que pagaban eran de $8.000 millones. En los últimos 15 años todo fue un pulso entre la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura, encargada de las obras, manejada por el municipio y ahora quebrada, frente a HidroPacífico, privada, encargada de la operación y con un contrato a 20 años recién liquidado. Mientras tanto, los últimos cuatro alcaldes terminaron con investigaciones por posible corrupción relacionada con el tema del agua y dos alcaldes encargados fueron asesinados.
Está bien que suene la cacerola, pero falta más que protestas y rogativas.
Un decreto de 1959, firmado por el presidente Alberto Lleras y el ministro de Obras Públicas Virgilio Barco, destina un millón de pesos para el acueducto y alcantarillado de Buenaventura. El Instituto Nacional de Fomento Municipal es el encargado de los estudios y construcción de las obras. Uno de los primeros en un desfile de empresas públicas, privadas, regionales y nacionales que no han logrado hacer que el agua llegue, con relativo orden y constancia, desde los ríos hasta los lavamanos y las cisternas. Algunos habitantes recuerdan un paro cívico tres años después para exigir un acueducto digno. Desde esa época se han repetido los planes, las inversiones y las decepciones.
La verdad es que plata no ha faltado. Los acueducto y alcantarillados son obras que se hacen de manera progresiva, al ritmo del crecimiento de las ciudades. Buenaventura es el gran receptor de desplazados y migrantes del Pacífico y siempre se ha visto desbordada, con instituciones públicas débiles, corruptas muchas veces, que representan un único botín y una única esperanza frente a demandas crecientes. Entre 1973 y 1982 el puerto duplicó su población. El acueducto seguía siendo un reclamo permanente. Durante el gobierno de Belisario Betancur se diseñó el Plan de Desarrollo para la Costa Pacífica (PLADEICOP), Buenaventura fue el municipio que más inversiones recibió y el acueducto y alcantarillado las obras prioritarias. En tiempos de César Gaviria apareció el Plan Pacífico que aseguraba inversiones por más de $40.000 millones en la región, de los cuales el acueducto de Buenaventura recibió más de $10.000 millones. En ese momento, 1992, la cobertura solo llegaba al 35 %. Hoy está en el 70 %, aunque apenas pasa de nueve horas diarias de servicio.
Con Andrés Pastrana siguieron fluyendo recursos. A finales del 2001, en una visita al puerto, hablaba de los $13.000 millones que ya se habían desembolsado para el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Y su discurso dejaba caer la promesa de próximas inversiones: “…un Plan que avanza con celeridad y que significará, dentro los próximos 20 años, una inversión total de $135.500 millones, óigase bien: ¡$135.500 millones!, de los cuales la Nación pondrá $35.000 millones”. Un reciente artículo de El País de Cali parece confirmar esa vieja promesa al asegurar que en los últimos 15 años se han invertido $200.000 millones en acueducto y alcantarillado. Llegaron desde el Gobierno nacional, el Plan Pacífico, el Fondo Nórdico de Cooperación, las regalías y el Plan Carrasquilla. Solo este último durante el gobierno Uribe entregó 60.000 millones de pesos.
Un acueducto es también una obra que necesita construcción de comunidad. Es necesario un compromiso colectivo que ayude a cuidar las obras y a pensar que quizá el pago garantiza un servicio más duradero que la conexión ilegal. La Superservicios tiene un tope de 30% para pérdidas del agua tratada bien sea por fugas en red, problemas en la planta de tratamiento, conexiones fraudulentas o mediciones de consumo imprecisas. Buenaventura llega al 87,2 %, lo que significa que solo se logra cobrar por un 12,5 % del agua tratada. En 2001, las deudas de los pocos que pagaban eran de $8.000 millones. En los últimos 15 años todo fue un pulso entre la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura, encargada de las obras, manejada por el municipio y ahora quebrada, frente a HidroPacífico, privada, encargada de la operación y con un contrato a 20 años recién liquidado. Mientras tanto, los últimos cuatro alcaldes terminaron con investigaciones por posible corrupción relacionada con el tema del agua y dos alcaldes encargados fueron asesinados.
Está bien que suene la cacerola, pero falta más que protestas y rogativas.