Alcaldada por omisión

La semana pasada el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se negó a asistir a un foro para tratar temas relacionados con del acuerdo de La Habana convocado, entre otros, por la Fundación Paz y Reconciliación. Gutiérrez alegó que no le habían avisado que habría miembros de las Farc y remató con una frase para el aplauso en su ciudad: “No me voy a sentar en una mesa con Pastor Alape y otros cuando no le han cumplido al país. Las Farc tienen que entregar todas las armas y todo el dinero que recibieron producto del narcotráfico, de las rentas ilegales y de todo lo que han hecho”. Afuera del hotel que servía de sede al evento unos 30 energúmenos, con sus carros parqueados a buen resguardo, gritaban consignas contra los carros de Naciones Unidas.

Sorprende la actitud del alcalde de Medellín que días antes del plebiscito le dijo al periódico El Tiempo que apoyaba el proceso de negociación y que votaría SÍ porque guardaba la esperanza de que se evitarían más muertos y víctimas. En ese momento el alcalde dijo que hablaba como ciudadano y que desde su administración no se impulsaría ninguna alternativa electoral. Pero sí hablaba como alcalde cuando firmó la carta que envió al presidente para que Medellín hiciera parte del Comité Nacional de Reintegración: “Nuestra ciudad tiene una magnifica experiencia en materia de reinserción y reintegración de excombatientes, así como en el desarrollo de estrategias para la construcción de paz que aún hoy se mantienen vigentes”.

Valdría la pena que alguien le aclarara algunas cosas al alcalde. Las Farc llevan más de cinco años en un proceso en el que están a escasos diez días de entregar sus armas a Naciones Unidas. Esa entrega y sus plazos han sido convenidos por las partes y serán verificados. Respecto a la plata, hay que decir que es una exigencia del acuerdo y que solo en la medida que avance la JEP, y surta efecto el ímpetu y conocimiento de la Fiscalía, sabremos qué tanto han cumplido las Farc. Siempre sin mayores certezas por ser un tema de incertidumbres en guacas, cuentas y caletas.

Pero tal vez lo más importante sea plantear varias paradojas en la posición de Gutiérrez. La primera es querer hacer parte de una comisión de reintegración, pero negarse siquiera a plantear diferencias sobre el proceso en un mismo escenario con miembros de las Farc. Debería aprenderle a su secretario de Seguridad que trató con los desmovilizados de las Auc durante unos años. La segunda es que este proceso ha sido sin duda mucho más ordenado y pacífico que aquel que nos entregó una “maravillosa experiencia”. Según fuentes oficiales, el 20 % de los guerrilleros concentrados está en Antioquia. De ellos, apenas 33 han salido de las zonas veredales: 14 se entregaron al Ejército para programas de desmovilización individual, cinco fueron capturados y 14 se consideran desertores. En la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, solo 497 de los 860 combatientes entregaron un arma. Cuatro años después, 120 de ellos habían sido asesinados en el Área Metropolitana y 230 habían sido capturados. La verificación de la OEA solo llegó un año después de la desmovilización. En el 2007 en Medellín vivían 3.270 desmovilizados de las Auc y el 23 % ya estaba por fuera de todo programa y contacto estatal. Más los que seguían picando aquí y allá. Dos investigadores definieron muy bien el momento de Medellín hace diez años: “La ciudad está experimentando una transición desde un modelo paramilitar que hacía usos de la criminalidad hacia una criminalidad que hará usos del aprendizaje paramilitar”.

En ese momento nadie chiflaba los carros de la OEA y es seguro que Gutiérrez, como concejal, tuvo reuniones con jefes paras, mandos medios o reinsertados de base. No se entiende entonces por qué el recato de hoy. No todo puede ser misas campales y diálogos de acera con los tenderos.