POCO A POCO SE HA IDO INVALIDANDO la pequeña ronda de conversación con los jefes de las bandas en las cárceles de Medellín.
El Gobierno Nacional convirtió el aval en una escueta desautorización, la Alcaldía declaró haber sido informada más no invitada, la Policía descalificó la posibilidad argumentando que los narcos usarán la mesa para disparar desde más alto y la mayoría de los comentaristas hablan de claudicación, intereses electorales y maquillaje institucional.
No es fácil dar una opinión sobre el supuesto pacto entre las huestes de Valenciano y Sebastián. De un lado, todo está cubierto por un manto de secreto que alienta los malos pensamientos. De otro, es difícil reconocer que el Estado deba entregar legitimidad como contraparte a un ejército de mafiosos y extorsionistas apertrechados.
Sin embargo, el escenario no es extraño a la ciudad de Medellín. Con resignación se debe reconocer que la delincuencia organizada ha mantenido desde hace mucho tiempo un poder de regulación sobre las cifras de criminalidad. Muchas veces medidas contra los capos en las cárceles han marcado los picos de disminución o aumento de homicidios y otros delitos. Pasó con Pablo Escobar, con Don Berna, con Don Mario. Tampoco se puede olvidar que desde principios de los años 90, cuando las comunas eran todavía un descubrimiento ajeno a las novelas y las telenovelas, se conformó la mesa de trabajo por la vida, coordinada por la Iglesia católica, con funciones para incentivar “el diálogo entre grupos juveniles armados y en el impulso a las negociaciones entre las milicias populares y el Gobierno”.
No se podrá decir que ese modelo ya fue superado. La reciente desmovilización paramilitar incluyó a muchas de las bandas armadas de la ciudad a manera de experimento. Estaba claro que se trataba de una especie de tregua y que la lucha era por no dejar que esos ejércitos sin mando claro se dispersaran después de la foto. Y más recientemente, en octubre del año pasado, la Alcaldía avaló pactos de no agresión impulsados por las juntas de acción comunal en algunos barrios. Fueron pactos de alcance zonal para permitir el tránsito de los estudiantes, para comprometer el respeto de ciertos espacios imprescindibles.
El problema con los actuales actores de la negociación es que ellos no tienen ni quieren poder político y no parece fácil ofrecerles algún privilegio judicial diferente al Principio de oportunidad; entonces lo único creíble es que se les promete un apaciguamiento de la Policía a cambio de su tregua, que el “bando” del Estado entra también en un pacto de palabra, una licencia temporal en el acoso a los pillos.
Eso suena muy mal. Pero resulta muy difícil criticar un descenso en la tasa de homicidios. (Sin datos oficiales de febrero todo el mundo coincide en que las cifras del presente mes han mejorado sustancialmente). Si esos índices bajan y no aumentan las imposiciones ilegales en los barrios, las críticas tendrían que centrarse en que no se resuelve el problema de fondo. Tal vez nunca se resuelva, tal vez nuestras ciudades deben ocuparse de un triste y sórdido malabarismo.
Alguien decía que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y tal vez el Estado tenga cómo utilizar a su favor el aparente ablandamiento. Si las bandas son ventajosas y manipuladoras el Estado también puede serlo, y podrá aprovechar esa tregua en la cadena de odios y venganzas para meter una mano inteligente que debilite los poderes de los combos, que convenza, que divida. Satanizar la posibilidad de pactos hará que cada vez sean más oscuros.
POCO A POCO SE HA IDO INVALIDANDO la pequeña ronda de conversación con los jefes de las bandas en las cárceles de Medellín.
El Gobierno Nacional convirtió el aval en una escueta desautorización, la Alcaldía declaró haber sido informada más no invitada, la Policía descalificó la posibilidad argumentando que los narcos usarán la mesa para disparar desde más alto y la mayoría de los comentaristas hablan de claudicación, intereses electorales y maquillaje institucional.
No es fácil dar una opinión sobre el supuesto pacto entre las huestes de Valenciano y Sebastián. De un lado, todo está cubierto por un manto de secreto que alienta los malos pensamientos. De otro, es difícil reconocer que el Estado deba entregar legitimidad como contraparte a un ejército de mafiosos y extorsionistas apertrechados.
Sin embargo, el escenario no es extraño a la ciudad de Medellín. Con resignación se debe reconocer que la delincuencia organizada ha mantenido desde hace mucho tiempo un poder de regulación sobre las cifras de criminalidad. Muchas veces medidas contra los capos en las cárceles han marcado los picos de disminución o aumento de homicidios y otros delitos. Pasó con Pablo Escobar, con Don Berna, con Don Mario. Tampoco se puede olvidar que desde principios de los años 90, cuando las comunas eran todavía un descubrimiento ajeno a las novelas y las telenovelas, se conformó la mesa de trabajo por la vida, coordinada por la Iglesia católica, con funciones para incentivar “el diálogo entre grupos juveniles armados y en el impulso a las negociaciones entre las milicias populares y el Gobierno”.
No se podrá decir que ese modelo ya fue superado. La reciente desmovilización paramilitar incluyó a muchas de las bandas armadas de la ciudad a manera de experimento. Estaba claro que se trataba de una especie de tregua y que la lucha era por no dejar que esos ejércitos sin mando claro se dispersaran después de la foto. Y más recientemente, en octubre del año pasado, la Alcaldía avaló pactos de no agresión impulsados por las juntas de acción comunal en algunos barrios. Fueron pactos de alcance zonal para permitir el tránsito de los estudiantes, para comprometer el respeto de ciertos espacios imprescindibles.
El problema con los actuales actores de la negociación es que ellos no tienen ni quieren poder político y no parece fácil ofrecerles algún privilegio judicial diferente al Principio de oportunidad; entonces lo único creíble es que se les promete un apaciguamiento de la Policía a cambio de su tregua, que el “bando” del Estado entra también en un pacto de palabra, una licencia temporal en el acoso a los pillos.
Eso suena muy mal. Pero resulta muy difícil criticar un descenso en la tasa de homicidios. (Sin datos oficiales de febrero todo el mundo coincide en que las cifras del presente mes han mejorado sustancialmente). Si esos índices bajan y no aumentan las imposiciones ilegales en los barrios, las críticas tendrían que centrarse en que no se resuelve el problema de fondo. Tal vez nunca se resuelva, tal vez nuestras ciudades deben ocuparse de un triste y sórdido malabarismo.
Alguien decía que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y tal vez el Estado tenga cómo utilizar a su favor el aparente ablandamiento. Si las bandas son ventajosas y manipuladoras el Estado también puede serlo, y podrá aprovechar esa tregua en la cadena de odios y venganzas para meter una mano inteligente que debilite los poderes de los combos, que convenza, que divida. Satanizar la posibilidad de pactos hará que cada vez sean más oscuros.