Puede ser más fácil reducir la violencia que superar el complejo de un país que se convenció de su carácter asesino.
Colombia ha bajado sus muertes violentas a una tercera parte respecto al pico terrible de comienzos de los 90. Pero el chiste según el cual la planta nacional debería ser el balazo (Monstera lenea) sigue causando risas desconsoladas, y los caricaturistas insisten en las sangrías y el cóndor en lo alto del escudo se subraya cada tanto como símbolo perfecto para ocuparse nuestros regueros.
Sin embargo, tal vez lo más paradójico sea que la ciudadanía percibe mayor seguridad y sosiego justo cuando los asesinatos crecen o se mantienen, y siente la amenaza de la muerte que viene cuando tenemos la más baja tasa de homicidios en las últimas cuatro décadas. Muchos ciudadanos extrañan los tiempos de la llamada Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe. Pero cuando uno mira los estudios de Medicina Legal de los últimos años se da cuenta que el segundo periodo del expresidente presentó aumentos y estancamiento en la rebaja de las muertes violentas. Entre 2006 y 2010 la tasa de homicidios nunca bajó de 34 por cada 100.000 habitantes. El segundo mandato de Uribe, que supuestamente iba consolidar sus triunfos en seguridad, tuvo siempre más de 15.000 homicidios cada año, y terminó con 17.459 homicidios, la cifra más alta en la última década. Ha pasado relativamente desapercibido el informe Forensis 2015 que publicó hace unos días Medicina Legal. En uno de sus primeros cuadros es fácil notar que entre el último año del gobierno Uribe y el año pasado hubo una reducción de 5.874 homicidios. La disminución se ha sostenido en cerca de 1.000 homicidios años a año. Ahora nuestra tasa de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes y no estamos entre los primeros seis de la lista de más violentos en América Latina.
Es posible que las principales capitales de departamento hayan llegado a un piso cada vez más difícil de bajar. Sabemos que Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla ponen una tercera parte de los asesinatos del país, y las cifras del primer semestre del año anuncian que son posibles unos pequeños aumentos. En las zonas rurales suceden apenas el 19% de los asesinatos y el año pasado se contaron 408 municipios colombianos (36% del total) donde no se presentó un solo homicidio. Esos municipios apacibles están sobre todo en Boyacá, Cundinamarca, Santander, Nariño y Sucre. Ahí se agrupan más de la mitad de los territorios donde un asesinato es una extraña barbaridad. En Boyacá, el departamento de mostrar, el 75% de los municipios terminaron sin sufrir un levantamiento de cadáver. Nariño, por su parte, concentra casi la mitad de sus homicidios en Tumaco. Así como Córdoba suma el 48% en Montería, y Valle y Tolima cuentan el 53% en Cali e Ibagué.
Colombia habla mucho de las víctimas, pero concentra su atención en el futuro de los victimarios. Se reducen las muertes de los campesinos, pero añoramos que truene la guerra en sus tierras para hacerles justicia. Se invocan las banderas negras y las cintas de luto por la rebaja de los muertos y de las penas. Se grita en contra de la impunidad por un acuerdo de paz cuando apenas el 10% de los asesinos terminan frente a un juez. El clamor de los justicieros merece siempre un poco de desconfianza, una dosis de pragmatismo y algo de olvido.
Puede ser más fácil reducir la violencia que superar el complejo de un país que se convenció de su carácter asesino.
Colombia ha bajado sus muertes violentas a una tercera parte respecto al pico terrible de comienzos de los 90. Pero el chiste según el cual la planta nacional debería ser el balazo (Monstera lenea) sigue causando risas desconsoladas, y los caricaturistas insisten en las sangrías y el cóndor en lo alto del escudo se subraya cada tanto como símbolo perfecto para ocuparse nuestros regueros.
Sin embargo, tal vez lo más paradójico sea que la ciudadanía percibe mayor seguridad y sosiego justo cuando los asesinatos crecen o se mantienen, y siente la amenaza de la muerte que viene cuando tenemos la más baja tasa de homicidios en las últimas cuatro décadas. Muchos ciudadanos extrañan los tiempos de la llamada Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe. Pero cuando uno mira los estudios de Medicina Legal de los últimos años se da cuenta que el segundo periodo del expresidente presentó aumentos y estancamiento en la rebaja de las muertes violentas. Entre 2006 y 2010 la tasa de homicidios nunca bajó de 34 por cada 100.000 habitantes. El segundo mandato de Uribe, que supuestamente iba consolidar sus triunfos en seguridad, tuvo siempre más de 15.000 homicidios cada año, y terminó con 17.459 homicidios, la cifra más alta en la última década. Ha pasado relativamente desapercibido el informe Forensis 2015 que publicó hace unos días Medicina Legal. En uno de sus primeros cuadros es fácil notar que entre el último año del gobierno Uribe y el año pasado hubo una reducción de 5.874 homicidios. La disminución se ha sostenido en cerca de 1.000 homicidios años a año. Ahora nuestra tasa de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes y no estamos entre los primeros seis de la lista de más violentos en América Latina.
Es posible que las principales capitales de departamento hayan llegado a un piso cada vez más difícil de bajar. Sabemos que Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla ponen una tercera parte de los asesinatos del país, y las cifras del primer semestre del año anuncian que son posibles unos pequeños aumentos. En las zonas rurales suceden apenas el 19% de los asesinatos y el año pasado se contaron 408 municipios colombianos (36% del total) donde no se presentó un solo homicidio. Esos municipios apacibles están sobre todo en Boyacá, Cundinamarca, Santander, Nariño y Sucre. Ahí se agrupan más de la mitad de los territorios donde un asesinato es una extraña barbaridad. En Boyacá, el departamento de mostrar, el 75% de los municipios terminaron sin sufrir un levantamiento de cadáver. Nariño, por su parte, concentra casi la mitad de sus homicidios en Tumaco. Así como Córdoba suma el 48% en Montería, y Valle y Tolima cuentan el 53% en Cali e Ibagué.
Colombia habla mucho de las víctimas, pero concentra su atención en el futuro de los victimarios. Se reducen las muertes de los campesinos, pero añoramos que truene la guerra en sus tierras para hacerles justicia. Se invocan las banderas negras y las cintas de luto por la rebaja de los muertos y de las penas. Se grita en contra de la impunidad por un acuerdo de paz cuando apenas el 10% de los asesinos terminan frente a un juez. El clamor de los justicieros merece siempre un poco de desconfianza, una dosis de pragmatismo y algo de olvido.