Mucho se ha hablado del regreso a los tiempos del plebiscito de 2016 en nuestra política electoral, del mismo dibujo del mapa nacional y del margen cerrado entre dos bandos obcecados y rabiosos. Casi han pasado 10 años desde la firma del acuerdo de paz del Teatro Colón. La elección de 2022 tuvo como uno de sus ejes principales una supuesta traición a la voluntad popular del NO en el plebiscito. Se había logrado un acuerdo con las FARC, una guerrilla poderosa y sanguinaria, pero no se logró un acuerdo social mínimo sobre el fin de esa guerra.
El presidente Iván Duque intentó recién llegado, para complacer a su mentor y sus votantes, unas objeciones a la Justicia Especial para la Paz. Parecía un tema del pasado, un capricho, un pequeño desagravio. El intento salió mal. El Congreso se negó a tocar ese endeble ejercicio de justicia y Duque debió bajar la cabeza y buscar nuevos horizontes que no logró encontrar hasta que apareció el Covid.
Entonces parecía que el conflicto colombiano, con la “insurgencia crónica” de la que ha hablado Eduardo Pizarro, había pasado a un segundo plano de las preocupaciones nacionales. El desempleo, la corrupción, el costo de vida y la pobreza comenzaron a liderar las grandes preocupaciones ciudadanas durante el gobierno de Duque. El estallido social lo demostró de una forma contundente, por decir lo menos. Con la silla vacía del Caguán con Pastrana, la Seguridad Democrática de Uribe, el Acuerdo de La Habana de Santos pasaron casi 20 años en que el conflicto, e incluso –si se quiere ser más preciso–, las FARC, marcaron la preocupación ciudadana y, por lógica, la política electoral.
Para las elecciones recientes parece que “el conflicto” volvió a ser un tema de interés y definición. Cada vez tenemos grupos armados más dispersos y con menos conciencia ideológica. Es claro que su existencia no compromete en modo alguno el sistema democrático y que se han convertido en estructuras criminales tras las rentas de la coca y el oro, principalmente. Pero para la batalla electoral fue clave volver a esa lógica. Convertir al contradictor en enemigo a muerte es una de las estrategias de la peor política que cunde en las redes y que muy eficazmente copa la discusión democrática.
La Paz total y su fracaso, las constantes reivindicaciones al M-19 por parte del presidente Petro, el ascenso de las disidencias, la masacre y desplazamiento en el Catatumbo que dejó más de 100 homicidios y 100.000 desplazados, los atentados en Cali y las asonadas contra el ejército, entre otras, entregaron buena gasolina de a “el conflicto” como protagonista de la campaña.
Iván Cepeda fue descalificado como guerrillero y De la Espriella como cercano a los paramilitares. De modo que no solo volvimos a los problemas del Acuerdo de La Habana, Abelardo prometió acabar la JEP al estilo Duque, sino que viajamos hasta los tiempos de Justicia y Paz en el 2005 con el presidente electo como abogado de jefes paras, a quienes pretendió convertir en líderes políticos. Además, la gran polémica postelecciones ha sido el llamado “voto fusil”.
Tenemos la historia guerrillera más larga del continente. Antes de la llegada de Fidel Castro al poder en 1959, Colombia ya tenía el germen de autodefensas campesinas que fueron la semilla de las FARC. Tenemos, además, una guerrilla sexagenaria como el ELN: su máximo comandante cumplió 70 años en enero de este año. Las siglas se han multiplicado en medio de disidencias de las disidencias. El gobierno intentó una negociación con nueve grupos distintos: guerrillas, clanes, combos, bandas criminales… distintos narcos con brazalete. La política no logró aislarse de esa contaminación y volvimos a la lógica del viejo conflicto. Parece que políticos y ciudadanos extrañaban esa útil y envejecida simplificación.
