Los adolescentesse han convertido en el desafío para los gobiernos de nuestras ciudades.
Las esquinas turbias y prometedoras enfrentan con ventaja al incierto laberinto de escalas que lleva de la casa al colegio y del colegio a la casa. Muchas veces aburrirse estudiando no significa sólo una anotación en las libretas de calificaciones sino una marca en los expedientes de los jueces de menores.
Mantener a los alumnos en el colegio es ahora un desafío que implica aceptar el desgano para evitar la deserción. Los profesores se quejan de un sistema laxo, casi una guardería de hombrones mal encarados y mujeronas acicaladas, donde quienes no quieren estudiar impiden el avance de quienes sí. El látigo de las calificaciones ha perdido autoridad y los manuales de convivencia son inaplicables.
En Medellín, durante el primer mes del año, más de 200 menores pasaron por el sistema penal para adolescentes. Eso significa ir donde los jueces, recibir amonestaciones, un listado de reglas de conducta, libertad vigilada o, en el peor de los casos, terminar en centros de reclusión donde aprenden algunas habilidades para el negocio. Según datos de la Gobernación de Antioquia, el 60% de los menores recluidos en La Pola, el centro de detención más grande de la ciudad, volvieron por sus fueros y sus fierros luego de cumplir el proceso de resocialización. Sólo en Medellín cerca de 2.500 menores pasan cada año por los filtros y los rodillos del derecho penal. Y se van moldeando para ser capos. Muchos no tienen tanta suerte y terminan en la morgue. Entre 2002 y 2011 el 45% de los homicidios en el Valle de Aburrá dejó como víctima a un menor.
Nadie duda de los esfuerzos que se han hecho en Medellín para poner a la educación en el centro de las políticas públicas y las prioridades ciudadanas. Los colegios de la ciudad han tenido avances modestos pero constantes en las pruebas Saber y sus edificios se han convertido en orgullo de muchas comunidades. Es preocupante que luego de nueve años de una política continua ningún colegio público de la ciudad esté entre los cien mejores del país, mientras Bogotá tiene diecisiete, Bucaramanga siete y municipios cercanos, como La Estrella, Envigado, Copacabana e Itagüí, tienen al menos uno. Pero quizá lo más grave es que los alumnos de los últimos grados sientan que sus esfuerzos para terminar el bachillerato no valen la pena, y que pierden el tiempo dedicados a la química mientras algunos vecinos ya tienen un plante de películas piratas.
Habría que pensar en algo parecido a lo que hace el estado de Minas Gerais en Brasil, donde las reformas educativas han sido innovadoras —bendita palabreja— y exitosas desde 1994. Lo más reciente que han hecho ha sido llevar las carreras técnicas a los últimos años del bachillerato, de modo que soportar al profesor de filosofía tenga como recompensa una clase de mecánica para motos. Además, han decidido hacer depósitos semestrales en cuentas de ahorros abiertas a nombre de cada alumno, según sus logros y compromisos, para ser entregados una vez terminen su ciclo de estudios. El Estado les entrega cerca de tres millones de pesos a los graduandos como premio y estímulo. Una carnada que puede ser suficiente para escapar de la jaula que tienden los pillos. Hay que insistir en dar la pelea con más profesores que policías.
Los adolescentesse han convertido en el desafío para los gobiernos de nuestras ciudades.
Las esquinas turbias y prometedoras enfrentan con ventaja al incierto laberinto de escalas que lleva de la casa al colegio y del colegio a la casa. Muchas veces aburrirse estudiando no significa sólo una anotación en las libretas de calificaciones sino una marca en los expedientes de los jueces de menores.
Mantener a los alumnos en el colegio es ahora un desafío que implica aceptar el desgano para evitar la deserción. Los profesores se quejan de un sistema laxo, casi una guardería de hombrones mal encarados y mujeronas acicaladas, donde quienes no quieren estudiar impiden el avance de quienes sí. El látigo de las calificaciones ha perdido autoridad y los manuales de convivencia son inaplicables.
En Medellín, durante el primer mes del año, más de 200 menores pasaron por el sistema penal para adolescentes. Eso significa ir donde los jueces, recibir amonestaciones, un listado de reglas de conducta, libertad vigilada o, en el peor de los casos, terminar en centros de reclusión donde aprenden algunas habilidades para el negocio. Según datos de la Gobernación de Antioquia, el 60% de los menores recluidos en La Pola, el centro de detención más grande de la ciudad, volvieron por sus fueros y sus fierros luego de cumplir el proceso de resocialización. Sólo en Medellín cerca de 2.500 menores pasan cada año por los filtros y los rodillos del derecho penal. Y se van moldeando para ser capos. Muchos no tienen tanta suerte y terminan en la morgue. Entre 2002 y 2011 el 45% de los homicidios en el Valle de Aburrá dejó como víctima a un menor.
Nadie duda de los esfuerzos que se han hecho en Medellín para poner a la educación en el centro de las políticas públicas y las prioridades ciudadanas. Los colegios de la ciudad han tenido avances modestos pero constantes en las pruebas Saber y sus edificios se han convertido en orgullo de muchas comunidades. Es preocupante que luego de nueve años de una política continua ningún colegio público de la ciudad esté entre los cien mejores del país, mientras Bogotá tiene diecisiete, Bucaramanga siete y municipios cercanos, como La Estrella, Envigado, Copacabana e Itagüí, tienen al menos uno. Pero quizá lo más grave es que los alumnos de los últimos grados sientan que sus esfuerzos para terminar el bachillerato no valen la pena, y que pierden el tiempo dedicados a la química mientras algunos vecinos ya tienen un plante de películas piratas.
Habría que pensar en algo parecido a lo que hace el estado de Minas Gerais en Brasil, donde las reformas educativas han sido innovadoras —bendita palabreja— y exitosas desde 1994. Lo más reciente que han hecho ha sido llevar las carreras técnicas a los últimos años del bachillerato, de modo que soportar al profesor de filosofía tenga como recompensa una clase de mecánica para motos. Además, han decidido hacer depósitos semestrales en cuentas de ahorros abiertas a nombre de cada alumno, según sus logros y compromisos, para ser entregados una vez terminen su ciclo de estudios. El Estado les entrega cerca de tres millones de pesos a los graduandos como premio y estímulo. Una carnada que puede ser suficiente para escapar de la jaula que tienden los pillos. Hay que insistir en dar la pelea con más profesores que policías.