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10 Aug 2022 - 5:30 a. m.

De tres puntos

Rabo de ají

Estados Unidos ha hecho de su política antidrogas un fundamentalismo intocable. Impulsar estrategias globales basadas en las taras morales y los prejuicios de sus funcionarios es un privilegio que puede resultar peligroso. Es seguro que en la Casa Blanca deben haber descubierto alguna vez, con algo de terror, que sus posturas coinciden con las de los talibanes o el régimen iraní. La policía talibana patrulla en la noche las calles de Kabul con fusiles y linternas para capturar a los consumidores y llevarlos al buen camino. Cuando usan métodos persuasivos deciden apalearlos y cuando quieren una solución definitiva les disparan. La cárcel y la desintoxicación obligatoria son las medidas más extrañas. Todo se hace bajo la supervisión del Ministerio de la Promoción de la Virtud. En Irán, por su parte, el 70 % de los presos están acusados o condenados por delitos relacionados con drogas y para algunos la condena puede ser la pena de muerte.

A los gringos les gusta medir su debacle punitiva con tiempos exactos. Hace poco un informe de Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU) dejó claro el récord de capturas: “Cada 25 segundos, alguien es arrojado al sistema de justicia penal, acusado exclusivamente de tenencia de drogas para uso personal”. Eso significa cerca de un 1’300.000 detenidos cada año. La cacería de consumidores tiene, por supuesto, filtros racistas: los negros tienen 2,5 más posibilidades que los blancos de ser detenidos por delitos que penalizan posesión o consumo de drogas. Hay que reconocerles, eso sí, que no solo han exportado su delirio antidrogas sino que lo aplican con juicio a sus ciudadanos. Y, por supuesto, con algo más de rigor a inmigrantes y visitantes.

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