Delitos mayoristas

LUEGO DE SUPERAR EL MITO SANgriento de los grandes capos, cuando la figura del narco capaz de retar al Estado es un recuerdo y los hijos de Pablo Escobar y Luis Carlos Galán se sientan juntos a comentar sus desgracias, Colombia sufre una extraña paradoja: los nuevos líderes de la violencia, quienes supuestamente se disputan el menudeo de los negocios ilegales en las ciudades, se han empequeñecido tanto, han bajado tanto su perfil, que el filtro de la justicia no logra atraparlos.

Antes los mafiosos míticos rompían con su tamaño y su terror las redes insuficientes del derecho penal; ahora los pequeños capos pasan desapercibidos entre los agujeros que dejan los fiscales y los códigos. El caso de El Cebollero en Medellín es bien diciente. En el momento de su captura se presentó como uno de los causantes de la criminalidad en el área metropolitana, socio de la ubicua oficina de Envigado y “contratista” de otras bandas como Calatrava y La Unión. Se llegaron a ofrecer 250 millones de pesos por su captura. Supuestamente es un pez gordo.

Pero en su proceso no se logró más que una sentencia anticipada por un sencillo concierto para delinquir. El Cebollero dice que aceptó el delito para obtener la rebaja de penas luego de convencerse de que no tendría un juicio justo. Y repite que no entiende por qué lo tratan con un alias apestoso, sabiendo que sus socios en la Central Mayorista siempre lo trataron como don Alirio. Las acusaciones de homicidios, desaparición forzada y extorsión nunca prosperaron. Dos años después de su captura don Alirio estuvo cerca de salir bajo libertad condicional. Sólo revolcando los archivos de la Fiscalía fue posible desempolvar un proceso por lavado de activos.

El país se ha acostumbrado a asimilar la captura con la condena. El Ejecutivo lee prontuarios espeluznantes en las ruedas de prensa y la reseña judicial mientras los expedientes languidecen. En ocasiones la duda recae sobre la actuación de los fiscales. Desde 2005 se tenía noticia de las vueltas no muy transparentes de don Alirio como gran distribuidor de aguardiente de la Fábrica de Licores de Antioquia. Ni las denuncias del alcalde Salazar ni los oficios de la directora nacional de Fiscalías lograron mover la investigación comandada por Guillermo León Valencia, en su momento director de la Fiscalía en Medellín. En ocasiones es el código de procedimiento el que no deja proceder. El Gobierno clama contra las decisiones de los jueces mientras olvida que las reglas de los procesos penales fueron presentadas por el Ejecutivo en un proyecto de ley en el año 2004.

Los jueces aseguran que no hacen más que cumplir la ley y que el gran problema está en las deficiencias de los procesos de investigación. El presidente de Asonal Judicial en Antioquia pide recursos para desarrollar una verdadera policía judicial. Según él ni siquiera hay gasolina para las camionetas del CTI y se trabaja con seis policías judiciales en fiscalías donde se llevan 800 casos de delitos contra la vida. Se repiten los alias que causan escalofríos en los periódicos: Kener, Pantera, Riñón… Mientras tanto los abogados defensores se ríen maliciosos tomando tinto en las afueras de los juzgados.

Antes los capos parecían demasiado malos para que la Policía pudiera capturarlos. Hoy parecen en extremo inofensivos para que los jueces logren condenarlos.