Diatriba pública

Gustavo Petro tiene una fe inquebrantable en el Estado, en las posibilidades y virtudes de las instituciones, en el papel salvador de las decisiones en las oficinas públicas. En su reciente discurso en Naciones Unidas recalcó la necesidad de fortalecer los roles y los presupuestos oficiales: “La gran batalla de nuestra generación: defender la vida para nuestros hijos y nietos solo se puede financiar a cabalidad desde lo público, desde lo de todos y todas. Liberar lo público para salvar la Vida”. A pesar de los fríos palacios presidenciales y del “enemigo interno” de la burocracia paralizante y de los ministros en matrícula condicional por baja ejecución, el presidente está convencido de que, desde las oficinas públicas, desde “la potencia del Estado”, se puede salvar a Colombia, a la humanidad e incluso expandir el “virus de la vida por las estrellas del universo”.

Al parecer, esa confianza en los poderes públicos tiene una correlación con la sospecha frente al sector privado, un mundo de codicia, de ambiciones individuales, de explotación, de poderes mafiosos. La lógica de rentabilidad de las empresas privadas logra exasperar al presidente, el balance positivo lo irrita, la palabra negocio lo alerta. Los males del mercado son amplios: “Que los negocios nos llevarían al mayor bienestar individual, bienestar comunitario y nacional. A eso se le llama neoliberalismo. Pero no, eso le trajo al mundo la guerra, el hambre, el Covid…” El capitalismo expande otros virus.

Durante cerca de año y medio, Petro ha señalado a casi todos los gremios, los ha convertido en sus adversarios y en los enemigos de la gente, la ecuación es sencilla: “un grupo muy pequeño de productores” en los “grandes cocteles” contra la posibilidad de las transformaciones para el pueblo. El presidente ha tronado contra los bancos, por supuesto, culpables del gota a gota y de las presiones en el Congreso para que no pasen las reformas. Contra la minería, sin duda, “sí a la vida, no a la mina”. Contra las universidades privadas, claro, que han terminado socavando la educación pública. Contra las empresas generadoras y distribuidoras de energía, por qué no, que constituyen un oligopolio antidemocrático y tienen del cuello a los usuarios, y además se quedan con la plata de los subsidios, según el ministro de minas. Y a las EPS, cómo no, que son un simple intermediario para quebrar hospitales públicos y poner a los usuarios a hacer fila en pro de su negocio. A las empresas prestadoras de servicios públicos, también, que no llevan el agua a lugares remotos para no disminuir sus márgenes de ganancias. A las empresas de tecnología, a la fija, por sus criterios de rentabilidad para priorizar la conectividad.

Casi todos esos sectores tienen en Colombia actores públicos y privados, tienen competencia abierta y amplias regulaciones públicas. Tal vez los dos sectores con mayor colaboración entre empresas privadas y Estado, con reglas claras construidas y respetadas durante distintos gobiernos, con mayores inversiones en las últimas décadas, con resultados avalados internacionalmente, sean el sector eléctrico y el sistema de salud. Y también son, al parecer, las dos mayores obsesiones del Presidente, el centro de sus recelos más recurrentes, las claves para lograr el cambio contra la lógica perversa de la ganancia. El presidente no quiere regulación y competencia, su mirada parece ir hacia otra parte, lo dijo claro en su discurso en la Andi cuatro días después de posesionarse: “Tiene que aparecer el Estado dentro de lo económico”. Y según se ve, la aparición de uno debe implicar la desaparición de otros.