El presidente Gustavo Petro se siente incómodo. El marco constitucional le queda pequeño, advierte que el traje está muy ajustado para sus grandes propósitos, para la audacia de sus movimientos. Desde que era candidato en 2022 anunciaba que lo primero que haría al llegar al poder sería declarar un estado de emergencia para combatir el hambre: “Al ganar las elecciones presidenciales hay que decretar la emergencia económica (…) Qué más emergencia que la población tenga hambre”. El intento se hizo de manera tardía, parcial y fallida. En junio del año pasado decretó la emergencia económica para La Guajira. La medida se tomó basada en “análisis climatológicos” por la inminencia del fenómeno de El Niño. Unos meses antes había insinuado decretar la emergencia por la ola invernal. El gobierno está urgido de poderes excepcionales bien sea porque llueva o porque escampe. Las cosas no salieron bien y los decretos se cayeron en la Corte Constitucional. El presidente criticó la decisión con su elocuencia panfletaria: “…impidiendo medidas rápidas para que el agua pudiera llegar al niño pobre, contrario a lo que la misma Corte había dicho antes, que era un estado inconstitucional de cosas”.
Uno de los cambios constitucionales más significativos del 91 fue quitarles a los presidentes el gusto de gobernar vía decretos en lo que se llamaba “estado de sitio”. Durante la Constitución de 1886, los presidentes gobernaron el 80 % de sus periodos en vigencia de estados excepcionales. Eso se tradujo en abuso de poder y presidencialismo extremo. Petro, quien se ufana de que los “peladitos” del M-19 derogaron la constitución del 86, añora uno de sus grandes vicios.
En el 2018, cuando el Consejo de Estado levantó la inhabilidad que le había impuesto el procurador Ordóñez, las ambiciones eran aún mayores. Petro era un candidato con ánimos renovados y cantó las intenciones que hoy se repiten: “Se necesitan reformas: Educación, la salud, pensiones, justicia para la ciudadanía, la economía, salir del petróleo, industria y justicia económica. ¿Esas reformas, vitales, que nos permitirían entrar a una era de paz, las puede hacer el Congreso de la República que tenemos? No nos digamos mentiras, no son capaces (…) Por tanto si yo soy presidente de Colombia, el primer acto del primer día es convocar a un referendo ciudadano con una sola pregunta, ¿quiere usted sí o no convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia?”.
Un poco más de seis años después, luego de dos años en el poder, el presidente retoma la idea con algunos cambios. Sabe que un referendo no tendría éxito, ni por tiempos ni por apoyo ciudadano, y anuncia una vía popular que no es clara. Los formalismos lo frustran, lo aburren tanto como el Palacio, quiere vías expeditas, revoluciones por fuera de la oficina. Son los riesgos de tener un presidente que desprecia la democracia de su país. Hace dos años, en plena campaña, dijo insistentemente que en Colombia no había democracia.
Petro sabe que no podrá cambiar la Constitución. Como no logró liderar grandes cambios se ocupará de los anuncios grandilocuentes y la campaña de 2026. Ese llamado etéreo al constituyente es solo un ejercicio electoral. Un trino reciente de Iván Cepeda explica de la mejor manera el fin de la intención de gobernar de Petro y su declaración de dedicarse al proselitismo: “Por el bien de Colombia espero que ocurra algo que puede sonar hoy utópico: que en 2026 se logre constituir un gobierno multipartidista y de concertación nacional que saque adelante los cambios y soluciones que requieren los problemas estructurales de la sociedad colombiana”. Se resignó el presidente, regresó el candidato.
El presidente Gustavo Petro se siente incómodo. El marco constitucional le queda pequeño, advierte que el traje está muy ajustado para sus grandes propósitos, para la audacia de sus movimientos. Desde que era candidato en 2022 anunciaba que lo primero que haría al llegar al poder sería declarar un estado de emergencia para combatir el hambre: “Al ganar las elecciones presidenciales hay que decretar la emergencia económica (…) Qué más emergencia que la población tenga hambre”. El intento se hizo de manera tardía, parcial y fallida. En junio del año pasado decretó la emergencia económica para La Guajira. La medida se tomó basada en “análisis climatológicos” por la inminencia del fenómeno de El Niño. Unos meses antes había insinuado decretar la emergencia por la ola invernal. El gobierno está urgido de poderes excepcionales bien sea porque llueva o porque escampe. Las cosas no salieron bien y los decretos se cayeron en la Corte Constitucional. El presidente criticó la decisión con su elocuencia panfletaria: “…impidiendo medidas rápidas para que el agua pudiera llegar al niño pobre, contrario a lo que la misma Corte había dicho antes, que era un estado inconstitucional de cosas”.
Uno de los cambios constitucionales más significativos del 91 fue quitarles a los presidentes el gusto de gobernar vía decretos en lo que se llamaba “estado de sitio”. Durante la Constitución de 1886, los presidentes gobernaron el 80 % de sus periodos en vigencia de estados excepcionales. Eso se tradujo en abuso de poder y presidencialismo extremo. Petro, quien se ufana de que los “peladitos” del M-19 derogaron la constitución del 86, añora uno de sus grandes vicios.
En el 2018, cuando el Consejo de Estado levantó la inhabilidad que le había impuesto el procurador Ordóñez, las ambiciones eran aún mayores. Petro era un candidato con ánimos renovados y cantó las intenciones que hoy se repiten: “Se necesitan reformas: Educación, la salud, pensiones, justicia para la ciudadanía, la economía, salir del petróleo, industria y justicia económica. ¿Esas reformas, vitales, que nos permitirían entrar a una era de paz, las puede hacer el Congreso de la República que tenemos? No nos digamos mentiras, no son capaces (…) Por tanto si yo soy presidente de Colombia, el primer acto del primer día es convocar a un referendo ciudadano con una sola pregunta, ¿quiere usted sí o no convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia?”.
Un poco más de seis años después, luego de dos años en el poder, el presidente retoma la idea con algunos cambios. Sabe que un referendo no tendría éxito, ni por tiempos ni por apoyo ciudadano, y anuncia una vía popular que no es clara. Los formalismos lo frustran, lo aburren tanto como el Palacio, quiere vías expeditas, revoluciones por fuera de la oficina. Son los riesgos de tener un presidente que desprecia la democracia de su país. Hace dos años, en plena campaña, dijo insistentemente que en Colombia no había democracia.
Petro sabe que no podrá cambiar la Constitución. Como no logró liderar grandes cambios se ocupará de los anuncios grandilocuentes y la campaña de 2026. Ese llamado etéreo al constituyente es solo un ejercicio electoral. Un trino reciente de Iván Cepeda explica de la mejor manera el fin de la intención de gobernar de Petro y su declaración de dedicarse al proselitismo: “Por el bien de Colombia espero que ocurra algo que puede sonar hoy utópico: que en 2026 se logre constituir un gobierno multipartidista y de concertación nacional que saque adelante los cambios y soluciones que requieren los problemas estructurales de la sociedad colombiana”. Se resignó el presidente, regresó el candidato.