Una discusión sobre jefaturas armó el más reciente estruendo sobre la efectiva división de poderes en el país. El presidente Petro se proclamó jefe de jefes ante el fiscal general con una imaginativa interpretación de la Constitución. La declaración dada antes de abordar un avión, la escalerilla es un atril tan poderoso como el balcón, surgió de la exigencia que ha hecho el presidente para que el fiscal dé cuentas sobre las denuncias de una investigación del periodista Gonzalo Guillén. Según las fuentes de Guillén, la fiscalía habría omitido tomar medidas contra catorce miembros del Clan del Golfo por acciones entre los años 2008 y 2010, que derivaron en una serie de asesinatos en el departamento del Magdalena.
Más allá de la veracidad de esas acusaciones y el pulso entre Petro y Barbosa, es claro que desde hace muchos años la fiscalía ha tenido comportamientos que buscan más la impunidad que la condena, actuando como un ente ocultador antes que acusador. Un libro publicado hace unos años por la Corporación Jurídica Libertad, Memoria de la impunidad en Antioquia, contiene casos emblemáticos donde la Fiscalía utilizó la dilación, los traslados de expedientes, la construcción de argumentos deliberadamente débiles, la selección de testigos “amistosos” y otras prácticas para proteger a grandes narcos, altos mandos y comandantes paras.
Hay algunos casos dignos de recuerdo en las páginas del libro, casos que dan a entender una práctica institucional en ese momento. El primero tiene que ver con Daniel Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, un duro de la Oficina de Envigado, a quien la Fiscalía, dirigida por Luis Camilo Osorio, siempre encontró muy inofensivo. ‘Danielito’ también jefe del Bloque Héroes de Granada y estuvo en la desmovilización paramilitar en el municipio de La Ceja. Su reclusión duró muy poco y hasta Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado de Paz en ese entonces, se dolía de la actuación de la Fiscalía: “estuvo dos meses y medio en La Ceja y no fue posible que le apareciera una medida de aseguramiento a pesar de que todo el mundo dice que era el jefe de una estructura ‘para’. Finalmente, alegó, con razón, que no podíamos tenerlo retenido y salió libre”. Los crímenes recientes de ‘Danielito’, en 2003-2004, eran setenta homicidios en medio de su guerra con la banda La Terraza. La asfixia mecánica y el uso de estacas eran el modus operandi. La rotación de expedientes lo dejó todo limpio.
Tampoco Francisco Santos, vicepresidente de la época, parecía muy a gusto con el trabajo de la Fiscalía. En este caso la pereza de los investigadores oficiales tuvo que ver con Luis Eduardo Zuluaga, alias ‘MacGuiver’, hombre de Ramón Isaza a cargo de un frente paramilitar en el Oriente antioqueño y desmovilizado en 2006. Luis Eduardo Zuluaga estaba acusado de homicidios y torturas cometidas en el municipio de Argelia en Antioquia. El caso marchaba en la oficina del fiscal cuatro especializado, pero de pronto dio el salto al fiscal 23, que le concedió una especie de amnistía por su desmovilización. ‘MacGuiver’ salió del centro de reclusión de La Ceja sin recurrir a la inventiva del dueño de su alias. El vicepresidente se preguntó públicamente en su momento: “¿Cómo es posible que el tal ‘MacGuiver’ no tenga absolutamente nada? ¿Qué le pasó a la Fiscalía?”.
El libro de la Corporación Jurídica Libertad tiene decenas de caso como los anteriores. Tal vez el más emblemático sea la “engavetada” de todo lo encontrado en El Parqueadero Padilla en Medellín, una especie de archivo paramilitar que se empolvó en manos de la fiscalía de Alfonso Gómez Méndez, quien asignó la investigación a la seccional Bogotá donde pasó a mejor vida. No es nueva la larga historia de quietudes de la Fiscalía, ni los reproches gubernamentales por su desidia.
